Antes de ser apartado de la causa, el juez de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, resolvió rechazar el pedido de detención formulado por el fiscal Pedro Simón contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
La decisión del magistrado se produjo en un contexto de creciente tensión judicial, ya que fue adoptada antes de que la Cámara Federal de Tucumán votara su recusación. El planteo de apartamiento había sido impulsado por el propio fiscal Simón, quien cuestionó la imparcialidad del juez a partir de un vínculo familiar que consideró relevante para el caso.
En concreto, la recusación se sustentó en que Pilar Argibay, hija del magistrado, había vendido un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo Toviggino, lo que, según el fiscal, configuraba una situación que podía comprometer la objetividad del juez.
Los argumentos del rechazo
En su resolución, Argibay fundamentó el rechazo del pedido de detención en la falta de precisión y delimitación del hecho penal presentado por el Ministerio Público Fiscal. Según el documento, el requerimiento no alcanzaba el estándar de admisibilidad exigido en esta etapa del proceso.
El magistrado sostuvo que:
- El planteo fiscal no presenta un hecho penal claramente delimitado.
- Se trata de una hipótesis global construida a partir de datos e indicios.
- No se individualizan actos concretos de disposición patrimonial.
- No se describen operaciones específicas que permitan identificar el núcleo de la imputación.
Asimismo, subrayó que la imputación carece de detalle en cuanto a la participación de los acusados, señalando que no se precisan las intervenciones concretas de cada uno dentro de la supuesta maniobra.
En esa línea, remarcó que los imputados son incorporados de manera general dentro de una estructura presuntamente organizada, sin especificar el aporte funcional de cada uno. Esta ausencia de individualización, indicó, impide identificar un hecho verificable empíricamente y susceptible de encuadre jurídico.
El juez fue aún más allá al afirmar que el relato fiscal no describe un hecho histórico concreto, sino una construcción de carácter sistémico basada en relaciones económicas y societarias amplias, lo que diluye la imputación y dificulta su análisis en términos normativos.
Incompetencia y traslado de la causa
En paralelo a esta decisión, Argibay se declaró incompetente por razón del territorio y dispuso el envío del expediente al Juzgado Federal de Campana. Según argumentó, los hechos investigados estarían vinculados principalmente a una entidad con domicilio legal en la provincia de Buenos Aires, así como a investigaciones conexas en trámite ante otro órgano jurisdiccional.
Esta definición implicó un cambio de jurisdicción en la causa, reconfigurando el escenario judicial en el que se desarrollará la investigación.
El pedido del fiscal
El rechazo del magistrado se produjo en respuesta a un planteo más amplio del fiscal Pedro Simón, quien no solo había solicitado la detención de Tapia y Toviggino, sino también una serie de medidas complementarias orientadas a profundizar la investigación.
Entre las acciones requeridas por el fiscal se encontraban allanamientos. peritajes e inhibición general de bienes de los imputados. Estas medidas alcanzaban a decenas de empresas, inmuebles y vehículos, en el marco de una investigación que apunta a una presunta estructura de alcance nacional e internacional.
Según informó Clarín, el fiscal sostiene que Tapia y Toviggino integrarían una organización criminal con importantes recursos económicos, lo que podría facilitar tanto la obstrucción de la causa como una eventual salida del país.
Bienes, sociedades y sospechas de maniobras
La investigación se apoya en informes elaborados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones, los cuales, según el fiscal, evidenciarían un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no coincidirían con los ingresos declarados.
El foco está puesto en una red de sociedades y empresas vinculadas a Pablo Toviggino, oriundo de Santiago del Estero, y a su entorno cercano. Dentro de los bienes bajo análisis se incluyen:
- Estancias, casas y lotes.
- Vehículos.
- Participaciones societarias.
- Inversiones financieras, como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.
La hipótesis investigativa sostiene que estos activos habrían sido adquiridos con dinero transferido desde la AFA mediante presuntas maniobras de blanqueo.
Un entramado de imputados
Además de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, la causa involucra a un amplio grupo de personas señaladas como parte del entramado investigado. Entre los imputados figuran Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana y Manuel Hernán Del Castillo Orellana. También aparecen Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.
Este conjunto de nombres refleja la amplitud de la investigación y la complejidad del caso, que combina elementos patrimoniales, societarios y financieros en un entramado que continúa bajo análisis judicial.