A pocos días de que el Congreso inicie la discusión formal del Presupuesto 2026, el oficialismo dio un paso previo al abrir una mesa de negociación política en la Cámara de Diputados, encabezada por el presidente del cuerpo, Martín Menem. La convocatoria buscó acercar posiciones con los distintos bloques, aunque la estrategia generó críticas y tensiones, principalmente desde Unión por la Patria, que rechazó participar de lo que consideró una "mesa paralela" a la Comisión de Presupuesto.
El encuentro se llevó a cabo en el despacho de Menem, donde participaron Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo, dos de los funcionarios con mayor interlocución con el Parlamento. También asistió el diputado Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, junto a representantes de casi todos los bloques, con excepción del kirchnerismo.
Entre los presentes estuvieron Silvana Giudici y Daiana Fernández Molero (PRO); Pamela Verasay, Karina Banfi, Lisandro Nieri y Martín Tetaz (UCR); Miguel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal); Pablo Juliano y Manuel Aguirre (Democracia para Siempre); Eduardo Falcone (MID); Pablo Cervi y Martín Arjol (Liga del Interior), además de José Luis Garrido (Por Santa Cruz).
En representación de La Libertad Avanza, el diputado Gabriel Bornoroni explicó que serán los funcionarios del Ejecutivo quienes conduzcan la negociación con los distintos sectores legislativos.
Por su parte, Unión por la Patria rechazó la convocatoria. Su jefe de bloque, Germán Martínez, sostuvo que "el ámbito legítimo para debatir el Presupuesto 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela. El Presupuesto se discute a la luz del día".
Desde la izquierda, el diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda) denunció que ni siquiera recibieron invitación: "Saben que no seremos parte de la coalición que impulsan Trump y sus enviados para sostener este plan de entrega nacional. No somos gatitos mimosos del poder económico", escribió en redes sociales.
Reclamos y pedidos de la oposición
Durante el encuentro, los legisladores de la oposición expresaron varios reclamos. Exigieron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Parlamento para defender el proyecto, además de solicitar que el Ejecutivo garantice partidas específicas para tres leyes aprobadas recientemente: la Emergencia en Discapacidad, el financiamiento del Hospital Garrahan y los fondos para las universidades nacionales.
Sin embargo, desde el oficialismo no hubo compromisos concretos: "Eso lo decide el Poder Ejecutivo", respondieron los representantes libertarios.
También se debatió la posibilidad de que las provincias accedan a créditos externos, un punto clave para los gobernadores que buscan oxígeno financiero. Los legisladores pidieron, además, que el texto final contemple un criterio federal y realista en la asignación de recursos.
El diputado cordobés Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas) advirtió: "Dialogar no es aceptar imposiciones. Pedimos que se respeten las leyes aprobadas y que se construya un presupuesto federal. Si el Gobierno insiste en desconocer esos reclamos, demuestra su desconexión con la realidad".
Desde Democracia para Siempre, Pablo Juliano destacó la necesidad de mantener el diálogo: "Vamos a agotar todas las instancias para conseguir una ley de Presupuesto. Es nuestra obligación como legisladores".
Lo que viene en el debate
El cronograma parlamentario prevé que este martes a las 13 el proyecto sea defendido por Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública. En tanto, la exposición del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue postergada para la próxima semana.
El miércoles, también a las 13, el libertario Bertie Benegas Lynch convocó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y a María Gabriela Real, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El Presupuesto 2026 prevé 4,8 billones de pesos destinados a universidades nacionales. Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es el artículo 30, que busca derogar la obligación del Estado de invertir el 6% del PBI en educación, tal como lo establece la Ley 26.206. Esa norma, sancionada en 2006, fue suspendida el año pasado por un solo ejercicio y ahora podría eliminarse definitivamente.
A contrarreloj y con un clima político tenso, el oficialismo intenta avanzar hacia la firma de los dictámenes antes del 4 de noviembre, aunque todo dependerá de las negociaciones que logre sellar con la oposición en los próximos días.
