En una maniobra que define la urgencia de la agenda parlamentaria oficialista, el Gobierno nacional ha trazado una hoja de ruta crítica para lograr la sanción definitiva de la reforma laboral. Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas (NA), la administración central está dispuesta a aceptar las modificaciones provenientes de la Cámara de Diputados para garantizar que el texto sea aprobado este jueves 19 de febrero, permitiendo su inmediata devolución a la Cámara alta apenas un día después.
El objetivo final de este despliegue legislativo es ambicioso: lograr que el proyecto sea convertido en ley el viernes 27 de febrero. Para ello, desde el núcleo de la mesa política oficialista se ha diseñado un "cronograma libertario" que no deja margen al error ni a las dilaciones, buscando capitalizar el impulso político actual antes de que termine el mes.
El cronograma de la "semana clave" en el Congreso
La estrategia coordinada entre ambas cámaras requiere una precisión de relojería. Según detallaron fuentes del oficialismo a NA, los pasos a seguir están estrictamente estipulados de la siguiente manera:
Jueves 19 de febrero: Sesión en la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto con modificaciones.
Viernes 20 de febrero: Remisión inmediata del texto al Senado. Ese mismo día, la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, buscará conseguir el dictamen de comisión correspondiente.
Viernes 27 de febrero: Sesión especial en el Senado para la votación final y conversión en ley del proyecto.
Este esquema refleja la intención de la Casa Rosada de evitar que el debate se prolongue innecesariamente, enviando el texto de forma veloz para que la senadora Bullrich pueda articular los apoyos necesarios en las comisiones de la Cámara alta.
El artículo 208: El foco de la discordia y la negociación
A pesar del optimismo oficialista, el camino no ha estado exento de turbulencias. El punto de mayor fricción reside en la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este apartado establece cambios significativos en el régimen de licencias por enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral:
Reducción salarial: El texto estipula que, tras los primeros tres meses de licencia, el trabajador pasará a cobrar solo el 50% de su salario.
Vacíos legales: La redacción original no detalla qué sucede en casos de enfermedad grave, ni contempla la situación de aquellos que tienen personas a cargo (quienes habitualmente percibirían el 75% del haber).
Aunque el lunes por la mañana los libertarios barajaron la posibilidad de subsanar esta polémica mediante una reglamentación posterior o una ley complementaria, esta alternativa no contaría con el beneplácito de un sector de los legisladores "dialoguistas", quienes exigen mayores precisiones antes de brindar su apoyo.
La postura de Bullrich y Sturzenegger
La controversia sobre el artículo 208, que inicialmente había pasado desapercibida en el Senado, cobró relevancia pública tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. Sus intervenciones pusieron bajo la lupa el alcance real de la reforma y forzaron a los referentes parlamentarios a dar explicaciones.
Ante este escenario, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, ha salido a marcar la posición del Gobierno para destrabar la negociación. Según la senadora, la intención es mantener el 100% del pago de los salarios para casos de enfermedades graves. No obstante, esta concesión vendrá acompañada de un endurecimiento en los controles: se exigirá la presentación de un certificado "fehaciente" o, en su defecto, la validación a través de una junta médica.
Con este ajuste en el discurso y la aceptación de los cambios de Diputados, el oficialismo confía en que el viernes 20 de febrero el dictamen estará firmado, dejando el escenario listo para que el 27 de febrero la reforma laboral sea, finalmente, una realidad jurídica en la Argentina.