La tensión política y social en la Argentina alcanza un nuevo punto de ebullición ante el inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. En las últimas horas, el Gobierno nacional, a través de altas fuentes de la Casa Rosada, ha ratificado una decisión administrativa de fuerte impacto: se les descontará el día a todos los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones gremiales.
"Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran", sentenció un alto funcionario libertario. Esta medida, que ya ha sido implementada en huelgas anteriores, adquiere esta vez una dimensión logística compleja, dado que el paro del próximo jueves contará con un bloqueo total de los medios de transporte, lo que obligará al oficialismo a "organizar a todos los empleados" para asegurar que asistan a sus puestos de trabajo "sí o sí, como sea".
El cronograma legislativo como detonante
El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Baja tiene un objetivo claro: conseguir el dictamen de comisión este miércoles para llevar el proyecto al recinto el jueves. De cumplirse este esquema, la central obrera activará de forma automática la huelga general. La estrategia parlamentaria prevé que la reforma sea aprobada con modificaciones en Diputados para luego regresar al Senado, donde el Gobierno aspira a obtener la sanción definitiva el viernes de la semana próxima.
La respuesta de los gremios que representan a los trabajadores del sector público no es uniforme, lo que evidencia matices tácticos dentro del arco sindical:
ATE (Asociación Trabajadores del Estado): Bajo la conducción de Rodolfo Aguiar, el gremio no solo se adhiere al paro, sino que ha convocado a una movilización masiva frente al Congreso. Aguiar sostiene que es vital evitar que el Palacio Legislativo se quede "sin la presión de la calle", criticando el proceso en el Senado donde, según ironizó, "hubo más valijas que en la estación de Retiro en vacaciones".
UPCN (Unión Personal Civil de la Nación): El gremio liderado por Andrés Rodríguez confirmó su adhesión a la medida de fuerza, pero no movilizará a sus bases, optando por un cese de tareas sin presencia en la vía pública.
Transporte total
A diferencia de la última movilización de abril de 2025, esta jornada contará con una parálisis absoluta de la conectividad. Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó que "todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas", incluyendo colectivos, trenes, subtes y taxis. La CGT notificará formalmente estos detalles en una conferencia de prensa este miércoles a las 11 de la mañana.
Los puntos de conflicto
El disparador inicial de la protesta fue la polémica por el artículo que reducía las licencias médicas, punto que el oficialismo se vio forzado a modificar tras la presión mediática. Sin embargo, para los dirigentes sindicales, el problema persiste en otros apartados. Andrés Rodríguez (UPCN) señaló que el proyecto "quita derechos y no va a crear ni un solo empleo", haciendo foco en:
La ultraactividad de los convenios colectivos.
La prevalencia del convenio de empresa sobre el de actividad.
La obligatoriedad de pedir permiso para realizar asambleas en los lugares de trabajo.
Cruces internos y críticas a la "tibieza"
La dinámica del paro también ha generado fricciones internas. Rubén Urbano, secretario general de la UOM de Córdoba, tildó de "bastante tibios" a los referentes de la CGT por no convocar a una movilización general. En declaraciones radiales, Urbano sentenció: "No nos sirve un paro dominguero o matero en estos momentos cruciales", subrayando que lo que está en juego es la estructura misma de las leyes laborales del país.
