La Libertad Avanza avanzará este miércoles en el Senado con el objetivo de obtener dictamen sobre el proyecto de ley que autoriza al Gobierno nacional a pagar 171 millones de dólares a fondos buitres que cuentan con sentencia firme en Estados Unidos contra la Argentina. La iniciativa responde a un pedido directo del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de un principio de acuerdo ya alcanzado con estos grupos de bonistas.
El tratamiento legislativo está previsto para las 15 horas en un plenario conjunto de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda, en una instancia que será clave para habilitar el debate posterior en el recinto. Según lo establecido, la Comisión de Economía Nacional e Inversiones se constituirá al inicio de la reunión y estará conducida por el senador libertario Bartolomé Abdala, para luego dar paso al plenario junto a la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el también libertario Agustín Monteverde.
El objetivo: llegar antes del plazo límite
El oficialismo enfrenta un calendario ajustado. Si bien el plazo para contar con la aprobación de la ley se extiende hasta el 30 de abril, la estrategia del Gobierno es acelerar los tiempos y enviar una señal clara de cumplimiento a los acreedores. En ese sentido, la intención es firmar el dictamen este mismo miércoles para habilitar su tratamiento en una sesión que se celebraría durante la primera semana de mayo.
La urgencia no es menor. Desde el Poder Ejecutivo advirtieron que los acuerdos alcanzados establecen una fecha límite de cierre —denominada "Outside Date"— fijada precisamente para el 30 de abril de 2026. En caso de no contar con la aprobación parlamentaria antes de ese plazo, las transacciones quedarían automáticamente sin efecto, obligando a la Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras considerablemente más desfavorables.
Los acreedores y el origen del conflicto
El proyecto contempla la autorización para cancelar los Acuerdos de Conciliación alcanzados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Se trata de bonistas que iniciaron sus demandas en el año 2001 y que no ingresaron en el acuerdo general firmado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la Argentina resolvió la mayor parte de los litigios con fondos buitres.
Estos acreedores mantuvieron sus reclamos en la justicia estadounidense, logrando sentencias favorables que hoy colocan al Estado argentino frente a la necesidad de cerrar definitivamente esos conflictos.
El Gobierno remarca que los acuerdos actuales permiten resolver de manera integral múltiples causas judiciales, entre ellas el expediente Attestor No. 14 Civ. 5849 y diversas acciones iniciadas por TRINITY INVESTMENT DAC, poniendo fin a un frente litigioso que se extendió durante más de dos décadas.
Impacto legal y financiero del acuerdo
Uno de los puntos centrales que destaca el Poder Ejecutivo es que la concreción de estos acuerdos permitirá terminar con las demandas de embargo sobre activos argentinos, una situación que ha representado un riesgo constante para el país en el ámbito internacional.
Desde el punto de vista financiero, el Gobierno subraya una serie de ventajas concretas:
- Quita superior al 30% sobre las sumas remanentes reclamadas.
- Cancelación de pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una eventual ejecución judicial.
- Evitar el devengamiento de intereses punitorios bajo la ley de Nueva York, considerados especialmente onerosos.
El esquema de pago también está definido en términos precisos. El acuerdo implica:
- US$ 67 millones destinados a Bainbridge Ltd.
- US$ 104 millones para el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
Ambos pagos se realizarán de forma simultánea a la acreditación de los bonos, los cuales deberán estar libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.