La estrategia judicial de la Confederación General del Trabajo (CGT) para frenar la reforma laboral sumó este martes un nuevo revés. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la demanda impulsada por la central obrera contra el Estado Nacional deberá tramitar en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo.
La decisión, que surge del fallo, redefine el escenario judicial de uno de los capítulos más sensibles del programa de reformas del Gobierno de Javier Milei, al concentrar la discusión en un ámbito distinto al inicialmente elegido por el sindicalismo.
El tribunal dispuso que la causa continúe en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n.º 12, que había aceptado la inhibitoria promovida por el Estado Nacional, ordenando así que allí se desarrolle el debate de fondo sobre la constitucionalidad de la norma aprobada por el Congreso.
Los jueces y el alcance de la resolución
El fallo fue firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, y representa otro pronunciamiento favorable para el Gobierno en la disputa judicial por la reforma laboral.
En su resolución, la Cámara respaldó la postura oficial al considerar que el conflicto no se limita a cuestiones laborales comunes, sino que involucra aspectos de carácter federal. Entre ellos, se destacan:
- La potestad del Congreso para asignar competencias judiciales.
- La organización de los tribunales.
- Distintos aspectos vinculados al funcionamiento del Estado.
Este enfoque fue determinante para desplazar la competencia desde el fuero laboral hacia el contencioso administrativo federal.
El origen del conflicto
La controversia se inició cuando el Estado Nacional promovió una inhibitoria para que el expediente dejara de tramitar en el Juzgado Nacional del Trabajo y pasara al fuero federal contencioso administrativo.
La representación oficial estuvo a cargo de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Este planteo fue inicialmente aceptado por la jueza federal interviniente, aunque luego fue rechazado por el magistrado laboral, lo que derivó en el conflicto de competencia.
Finalmente, la Cámara resolvió a favor de la postura del Gobierno, ordenando que la causa continúe en el fuero contencioso administrativo.
Cuestionamientos
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es el cuestionamiento directo al procedimiento seguido por el juez laboral que intervenía en la causa. En uno de los pasajes más duros del pronunciamiento, los camaristas señalaron que el magistrado no podía apartarse del procedimiento legal previsto.
En ese sentido, indicaron que no correspondía que remitiera por su cuenta las actuaciones a la Cámara Nacional del Trabajo, calificando ese accionar como un "procedimiento deformado".
Según el tribunal, esta conducta:
- Generó un conflicto innecesario.
- Atentó contra la celeridad del expediente.
- Se apartó del marco legal establecido para estos casos.
Estos argumentos reforzaron la decisión de encauzar la causa en el fuero contencioso administrativo federal.
El debate sobre la aplicación de la ley
La resolución también abordó uno de los puntos centrales del planteo sindical: la aplicación de los cambios introducidos por la ley 27.802 en materia de competencia judicial.
La CGT sostenía que estas modificaciones no podían aplicarse automáticamente sobre causas en trámite. Sin embargo, la Cámara rechazó esa interpretación y ratificó que las normas que regulan jurisdicción y competencia son de orden público y se aplican de inmediato. En este sentido, el tribunal subrayó que:
- No existe un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento.
- Los cambios pueden aplicarse incluso a expedientes en curso, siempre que no afecten actos procesales ya cumplidos.
Este punto resultó determinante para validar el traslado de la causa a otro fuero.
Materias federales en juego
La Cámara también destacó que dentro de la ley impugnada existen contenidos que exceden el ámbito estrictamente laboral y que justifican la intervención del fuero contencioso administrativo federal. Entre ellos, mencionó:
- Disposiciones vinculadas con el Fondo de Asistencia Laboral.
- La participación del Estado Nacional en distintos aspectos de la norma.
- La determinación del fuero competente cuando el Estado es parte.
Asimismo, se advirtió que una eventual sentencia podría impactar sobre personal de organismos públicos nacionales alcanzados por regímenes laborales específicos.
Un escenario favorable para el Gobierno
Para el Ejecutivo, la decisión conocida este martes implica una reducción en las posibilidades de que el litigio avance en un ámbito considerado más receptivo para los sindicatos. Al concentrarse en la Justicia Contencioso Administrativa Federal, el proceso se encuadra en un fuero donde habitualmente se tramitan causas contra el Estado.
Este fallo se suma al pronunciamiento favorable que la Casa Rosada había obtenido la semana anterior en la disputa por la vigencia de la reforma laboral, en un expediente en el que tuvo intervención el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques.
