El Senado de la Nación aprobó en general el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias, amplía el reconocimiento de las adicciones como problemas de salud mental y mantiene la prohibición de crear manicomios.
La propuesta obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, por lo que será girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo. El resultado se alcanzó a partir del respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas y Movere Santa Cruz.
En cambio, el rechazo reunió 21 votos correspondientes a los bloques Justicialista, Independencia y Convicción Federal.
El debate comenzó después de las 22.30, una vez que el cuerpo legislativo aprobó las iniciativas vinculadas con inversiones relevantes y el Mercado Voluntario de Carbono. La discusión sobre la modificación de la Ley de Salud Mental se desarrolló luego de ese primer tramo de la sesión y estuvo atravesada por las diferencias entre los bloques respecto de los alcances de la reforma, los recursos necesarios para aplicarla y las condiciones en las que podrán realizarse las internaciones.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo recibió modificaciones sustanciales durante su tratamiento. Esos cambios fueron necesarios para reunir los respaldos parlamentarios, ya que la propuesta original era rechazada por bancadas aliadas de La Libertad Avanza y por representantes de gobiernos provinciales.
Entre los principales puntos incorporados se encuentran la posibilidad de que un médico, preferentemente psiquiatra, disponga una internación involuntaria; la creación de un mecanismo de asistencia financiera entre la Nación y las provincias; la ampliación de las adicciones contempladas y el mantenimiento de la eliminación de los manicomios.
Internaciones involuntarias
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la modificación de los criterios para disponer una internación involuntaria. El nuevo esquema establece que esta medida podrá aplicarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.
El dictamen de mayoría establece expresamente: "La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo puede realizarse cuando medie una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de sí misma o de terceros, la que debe ser evaluada por el equipo interdisciplinario".
La disposición plantea que la internación no será una alternativa ordinaria, sino un recurso excepcional cuando no resulten posibles los tratamientos ambulatorios y exista una situación de riesgo grave. También introduce modificaciones en el procedimiento para autorizarla y establece mecanismos de revisión posteriores.
Entre los cambios previstos se encuentran:
Intervención médica: las internaciones involuntarias podrán ser dispuestas por un médico, preferentemente psiquiatra. En situaciones de emergencia, podrá resolverlas un solo profesional.
Revalidación interdisciplinaria: un equipo interdisciplinario tendrá un plazo de 48 horas para revisar y revalidar la decisión.
Teleconsultas: se habilita la posibilidad de realizar consultas a distancia con un psiquiatra.
Comunicación judicial: la internación deberá ser comunicada a la Justicia, en lugar de quedar su resolución inicial exclusivamente en manos de un juez.
Plan de egreso: deberá existir un plan de salida desde el momento del diagnóstico como requisito para la internación.
Notificación anticipada: se deberá informar con anticipación al representante legal, al cónyuge conviviente, a los padres o a los hijos para coordinar las condiciones del egreso.
Estos puntos conforman el nuevo procedimiento previsto para las internaciones involuntarias y buscan establecer condiciones específicas tanto para su aplicación como para el seguimiento de cada caso.
Financiamiento compartido entre la Nación y las provincias
Otro de los cambios incorporados durante la negociación parlamentaria está relacionado con los recursos necesarios para implementar la ley. La reforma establece un mecanismo de cooperación económica entre el Estado nacional y las provincias, con la previsión de que los fondos correspondientes estén incluidos en el Presupuesto Nacional.
Este aspecto fue uno de los puntos que generó cuestionamientos durante el debate. La discusión sobre las responsabilidades provinciales y la disponibilidad de recursos apareció en las intervenciones de distintos senadores, que plantearon posiciones diferentes acerca de la capacidad de las jurisdicciones para cumplir con las nuevas obligaciones.
El senador de Convicción Federal Guillermo Andrada, quien presentó un dictamen de minoría junto a Carolina Moisés y Sandra Mendoza, cuestionó que el fracaso de la legislación vigente se atribuyera a sus principios.
"La Ley de Salud Mental fracasó por sus principios? No, fracasó por lo que no hay, recursos que deben ser aplicados a esa ley. El modelo comunitario no fue acompañado por los recursos que le corresponden", sostuvo.
Su planteo apuntó a la falta de financiamiento como una de las principales dificultades para desarrollar el modelo comunitario previsto en la legislación. Desde esa perspectiva, el problema no estaría en los principios de la norma, sino en la ausencia de los recursos necesarios para llevarlos a la práctica.
En una línea de preocupación por las responsabilidades provinciales, el senador del Frente Cívico y Social de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, advirtió que con la reforma se asignan nuevas tareas a las provincias sin que estén previstos los recursos correspondientes.
"Con esta reforma se le cargan a las provincias nuevas tareas", expresó, y cuestionó que no se contemplen los fondos necesarios para afrontar esas obligaciones. En ese contexto, preguntó: "¿Vamos a discutir leyes como se financia la salud?".
Luego insistió: "Sin recursos no hay salud, no hay federalismo y no hay salud".nLa discusión sobre el financiamiento quedó así incorporada como uno de los componentes centrales de la reforma, junto con los nuevos criterios de internación y las responsabilidades de los distintos niveles del Estado.
Las adicciones y la incorporación de la ludopatía
La reforma también amplía el reconocimiento de las adicciones como problemas de salud mental. La modificación permitirá que distintas conductas adictivas sean contempladas dentro de los tratamientos previstos por la legislación, incluyendo expresamente la ludopatía.
La incorporación representa uno de los cambios señalados en el proyecto aprobado por el Senado, que busca extender el alcance de las situaciones que pueden recibir atención dentro del sistema de salud mental.
De esta manera, una persona que presente problemas vinculados con el juego compulsivo podrá ser tratada bajo el marco de la normativa reformada. La ampliación de las adicciones contempladas fue uno de los aspectos incluidos en las modificaciones que permitieron avanzar con el dictamen de mayoría.
En la sesión también se otorgó tratamiento preferencial a un proyecto destinado a combatir la ludopatía, que había sido aprobado hace dos años en la Cámara de Diputados y que perderá estado parlamentario en febrero. La iniciativa fue mencionada entre los asuntos que recibieron consideración especial durante el desarrollo de la jornada legislativa.
Atención específica para niños y adolescentes
Otro punto incorporado establece condiciones particulares para la atención de menores de edad. La reforma dispone que deberán ser asistidos por equipos con formación infantojuvenil y que, en caso de requerir internación, deberán permanecer en establecimientos separados de los adultos.
La disposición introduce una diferenciación en los criterios de atención según la edad de los pacientes y establece que los equipos profesionales que intervengan deberán contar con formación específica para abordar las problemáticas de niños y adolescentes.
La separación de los lugares de internación también queda contemplada como una condición del nuevo esquema. De este modo, la reforma incorpora previsiones específicas para la atención de menores dentro del sistema de salud mental.
Se mantiene la prohibición de crear manicomios
Pese a los cambios introducidos en los mecanismos de internación, el proyecto mantiene la prohibición de crear manicomios. Este punto formó parte de las discusiones parlamentarias y generó diferencias entre los senadores que acompañaron la iniciativa.
El senador radical Maximiliano Abad reconoció que el proyecto había mejorado considerablemente, aunque manifestó sus diferencias respecto de la permanencia indefinida de hospitales monovalentes.
"Nadie puede ser indiferente al dolor que atraviesan miles de argentinos que sufren padecimientos mentales y consumos problemáticos", expresó.
A continuación, señaló: "Esta ley se ha mejorado mucho pero tengo diferencias con la permanencia indefinida de hospitales monovalentes: los manicomios".
Por su parte, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el carácter excepcional de las internaciones involuntarias y sostuvo que el objetivo central debe estar puesto en la prevención.
"Lo estamos planteando que esta internación involuntaria es excepcionalidad ya que el objetivo es trabajar en la prevención", afirmó durante el cierre del debate.
La exministra de Seguridad de la Nación también señaló que se habían planteado distintas alternativas y defendió la existencia de hospitales especializados al afirmar que esos establecimientos "no son manicomios".
En tanto, el senador de Movimiento por Misiones Carlos Arce destacó la necesidad de que cada jurisdicción cuente con los medios necesarios para aplicar la legislación.
"Cada provincia debe contar con los medios necesarios para cumplir con esta Ley de Salud Mental y garantizar así que su población reciba la atención que necesita", sostuvo. Luego agregó: "Con esta incorporación, expresamos nuestro acompañamiento al dictamen".
La reforma pasa ahora a Diputados
Con 42 votos afirmativos y 21 negativos, el Senado aprobó en general una reforma que modifica aspectos centrales de la Ley de Salud Mental. La iniciativa habilita internaciones involuntarias bajo condiciones excepcionales, establece mecanismos de revisión médica e interdisciplinaria, incorpora la posibilidad de teleconsultas con psiquiatras y fija nuevas disposiciones para el egreso de los pacientes.
También contempla cooperación financiera entre la Nación y las provincias, amplía las adicciones comprendidas para incluir la ludopatía y establece criterios específicos para la atención de menores. Al mismo tiempo, mantiene la prohibición de crear manicomios.
El debate dejó expuestas diferencias sobre el financiamiento, las responsabilidades provinciales y la permanencia de hospitales monovalentes. Mientras algunos senadores respaldaron las modificaciones como herramientas para mejorar la capacidad de respuesta del sistema, otros advirtieron que las nuevas obligaciones deben estar acompañadas por recursos suficientes.
Tras su aprobación en la Cámara alta, el proyecto será girado a Diputados, donde continuará el recorrido legislativo de una reforma que introduce cambios en los procedimientos de internación y en la organización de la atención de la salud mental.