Un giro estructural en el sistema judicial de Catamarca
En una jornada marcada por la relevancia de los proyectos abordados, la Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su tercera sesión extraordinaria. Bajo la conducción del presidente provisorio, Ramón Figueroa Castellanos, el cuerpo legislativo dio un paso decisivo hacia la modernización del aparato judicial al otorgar sanción definitiva a dos iniciativas de alto impacto remitidas por el Poder Ejecutivo. Ambos proyectos, que ya contaban con media sanción de la Cámara de Diputados, fueron incorporados al Orden del Día para su correspondiente tratamiento parlamentario. El resultado de la sesión fue la aprobación de la Ley N° 5935, que crea el Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados, y la Ley N° 5936, que introduce una reforma parcial al Código Procesal Penal. Estas normativas se fundamentan en la necesidad de fortalecer el sistema judicial, optimizar las investigaciones penales y consolidar la seguridad jurídica, siempre bajo la premisa del respeto irrestricto a los derechos humanos.
Ciencia aplicada a la ley: El Banco de Perfiles Genéticos
La creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados (BPGD), bajo la órbita del Poder Judicial de Catamarca, representa un avance tecnológico sin precedentes para la región. Este organismo tendrá la delicada y vital tarea de obtener, almacenar, sistematizar y custodiar perfiles genéticos humanos derivados del análisis de ADN, conforme a la normativa vigente. La ley es taxativa en cuanto a la soberanía estatal sobre estos datos, disponiendo que las tareas deben ejecutarse exclusivamente en laboratorios públicos dependientes del Poder Judicial o del Ministerio Público, quedando la gestión técnica, científica y operativa a cargo del Laboratorio Satélite Forense. Asimismo, la norma prohíbe de forma expresa la tercerización integral del servicio a entidades privadas, permitiendo excepciones solo en casos muy puntuales por razones operativas.
Entre sus objetivos centrales, el BPGD apunta a contribuir sustancialmente al esclarecimiento de hechos en investigaciones penales y a facilitar la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas. Además, funcionará como un mecanismo de control de calidad para evitar la contaminación biológica de la evidencia, permitiendo la identificación de los perfiles del personal interviniente en las escenas del crimen. Durante las exposiciones, la senadora Carolina Casas, como miembro informante, destacó que se trata de un proyecto necesario, oportuno y positivo, subrayando que su implementación debe resguardar plenamente los derechos y garantías constitucionales. En la misma sintonía, la senadora Pamela López remarcó la importancia de avanzar en herramientas tecnológicas que respeten los derechos individuales de los ciudadanos.
Prisión preventiva: Hacia una justicia más previsible
El segundo gran hito de la jornada fue la aprobación de la modificación parcial del Código Procesal Penal de Catamarca, centrada específicamente en los artículos 280 y 292. Esta reforma introduce pautas objetivas para que los magistrados puedan evaluar con mayor precisión el riesgo procesal al momento de dictar medidas cautelares de prisión preventiva. Al establecer criterios orientadores para valorar el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, la ley permitirá que las decisiones judiciales sean mejor fundamentadas, más previsibles y sujetas a un control efectivo por parte de las instancias superiores.
El senador Guillermo Ferreyra fue enfático al defender la reforma, asegurando que la seguridad y la justicia deben concebirse siempre en el marco de la Constitución, y que mejorar el funcionamiento del sistema judicial impacta directamente en la calidad de vida de la ciudadanía. El legislador aclaró que la iniciativa no altera el carácter excepcional de la prisión preventiva ni vulnera garantías constitucionales, sino que busca dotar al sistema de herramientas más claras y eficaces para brindar mayor seguridad a la gente. Con esta sanción, el Senado busca un equilibrio entre la eficiencia en la persecución del delito y el resguardo de las garantías procesales, consolidando un marco legal robusto que fortalezca la confianza de la sociedad en sus instituciones y garantice una justicia más ágil.