El Senado de la Nación comenzó a debatir en comisión el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional, que tiene como principales ejes la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027 y la incorporación de un mecanismo que habilita las listas colectoras. Sin embargo, pese a que el oficialismo consiguió poner en marcha la discusión parlamentaria, decidió postergar la firma del dictamen para continuar negociando el respaldo de los bloques aliados.
La decisión fue confirmada por el senador libertario Agustín Coto, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, quien anticipó que no existía voluntad de avanzar con el despacho durante la jornada y que la reunión pasaría a un cuarto intermedio hasta el miércoles al mediodía.
Coto explicó la situación con una definición concreta: «No hay voluntad de sacar dictamen hoy sino que se pasará a un cuarto intermedio hasta mañana al mediodía».
La postergación responde a la estrategia del bloque de La Libertad Avanza, que conduce Patricia Bullrich, de conseguir un mayor acompañamiento antes de avanzar con el dictamen favorable. Algunos senadores aliados habían solicitado precisiones sobre el nuevo texto promovido por el Poder Ejecutivo, por lo que el oficialismo optó por extender las conversaciones y evitar cerrar la discusión sin contar previamente con las adhesiones necesarias.
De esta manera, el tratamiento legislativo quedó abierto, con la posibilidad de introducir aclaraciones y consolidar acuerdos alrededor de los distintos puntos de la reforma.
El oficialismo consiguió quórum
Uno de los primeros objetivos del oficialismo fue garantizar el quórum necesario para habilitar formalmente el debate en la comisión de Asuntos Constitucionales. Esa instancia se cumplió con la presencia de senadores libertarios y legisladores pertenecientes a bloques aliados.
La reunión contó con la participación de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y de representantes de diferentes espacios políticos que forman parte de las conversaciones parlamentarias.
Entre los legisladores presentes estuvieron:
Carlos «Camau» Espínola, senador aliado.
Alejandra Vigo, legisladora cordobesa.
Rodolfo Suárez, senador radical.
Eduardo Vischi, senador radical.
Carolina Moisés, representante peronista de Convicción Federal.
Jorge Capitanich, legislador justicialista, quien ingresó después de que el oficialismo consiguió formar el quórum reglamentario.
La composición de la reunión refleja la necesidad del Gobierno de construir acuerdos más allá de su propio bloque para avanzar con una modificación del sistema electoral.
La presencia de legisladores de distintos sectores también expone que el proyecto deberá atravesar negociaciones sobre aspectos específicos de su contenido, particularmente la incorporación de las colectoras, uno de los puntos que genera cuestionamientos entre algunos aliados.
Las diez firmas necesarias y la estrategia por los 37 votos
La decisión de postergar el dictamen está relacionada con la cantidad de adhesiones que necesita reunir La Libertad Avanza para completar el trámite en comisión. El oficialismo requiere diez firmas para obtener un dictamen favorable. Sin embargo, hasta el momento del debate contaba con ocho adhesiones: seis correspondientes a senadores propios y otras dos aportadas por aliados de la Unión Cívica Radical y Provincias.
La diferencia entre las ocho firmas disponibles y las diez necesarias explica la continuidad de las negociaciones y el cuarto intermedio dispuesto hasta el miércoles.
No obstante, la demora en la firma del despacho no significaría necesariamente una dificultad para conseguir la aprobación definitiva del proyecto. Según informaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo ya tendría asegurados 37 votos para sancionar la iniciativa en la sesión del 26 de noviembre.
De confirmarse ese respaldo, el Gobierno contaría con los apoyos necesarios para avanzar con la reforma electoral, aunque todavía deba completar las adhesiones requeridas en la comisión.
En ese contexto, la estrategia parlamentaria tiene dos instancias diferenciadas: por un lado, conseguir las diez firmas que permitan emitir el dictamen favorable y, por otro, garantizar los votos para la discusión y eventual sanción del proyecto en el recinto.
La suspensión de las PASO y la incorporación de listas colectoras
El texto impulsado por el Gobierno contempla la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027 y la incorporación de un mecanismo de listas colectoras que modifica la forma en que pueden presentarse las candidaturas legislativas vinculadas con una fórmula presidencial.
Esta última disposición constituye uno de los aspectos que despierta mayores cuestionamientos entre los aliados del oficialismo. La propuesta establece, de manera excepcional, que las candidaturas a presidente y vicepresidente puedan estar acompañadas por dos columnas de candidaturas legislativas.
Además de la columna correspondiente a la agrupación de distrito de la misma denominación, se permitirá incorporar la columna de una única agrupación de distrito de distinta denominación, siempre que esta última no acompañe a otra candidatura presidencial.
Cada una de las agrupaciones participantes deberá presentar sus propias listas para las categorías legislativas. El proyecto establece, por lo tanto, una modalidad de articulación electoral que permitirá que una misma fórmula presidencial reciba el acompañamiento de listas legislativas pertenecientes a distintas agrupaciones de distrito, bajo las condiciones previstas en el texto.
Los votos obtenidos por las listas de cada una de esas agrupaciones de distrito se computarán en forma separada a todos los efectos, una precisión que también forma parte de las disposiciones incorporadas a la iniciativa.
La inclusión de este mecanismo busca establecer una alternativa de participación electoral para distintas agrupaciones, aunque su incorporación al proyecto generó observaciones entre algunos de los sectores que acompañan al oficialismo.
Ficha Limpia: el alcance de las condenas que impedirían ser candidato
Otro de los componentes centrales de la reforma electoral es la incorporación de Ficha Limpia, con una disposición que establece restricciones para las personas condenadas por delitos dolosos. El texto promovido por el Gobierno dispone que no podrán ser candidatos quienes hayan recibido condenas por este tipo de delitos. La redacción tiene un alcance más amplio que el contemplado en la propuesta de la oposición dialoguista, que limita esa prohibición a los delitos vinculados con hechos de corrupción.
La iniciativa oficial establece determinadas condiciones temporales y judiciales para que la restricción resulte aplicable.
En primer lugar, contempla los casos en los que la condena impuesta haya sido confirmada en segunda instancia y dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral.
Además, requiere que en esa instancia se haya confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque se hubiera modificado la pena impuesta. El proyecto también establece un tratamiento específico para las condenas confirmadas en segunda instancia después del 1 de enero del año en que se desarrollen las elecciones.
En esos casos, la restricción tendrá efecto a partir de la finalización del correspondiente proceso electoral.
De esta manera, el texto diferencia las consecuencias de las condenas según el momento en que sean confirmadas judicialmente, estableciendo fechas precisas para determinar cuándo se aplica la prohibición de participar como candidato.