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Vialidad Nacional: un amparo frenó el cese de un trabajador pero la jefatura local no le permitió el ingreso

El Juzgado Federal N° 2 ordenó la reincorporación inmediata de Marcelo Reynoso, vocal titular del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, luego de considerar la situación planteada mediante una acción de amparo. Sin embargo, el jefe local del organismo, Roberto Bellido, no hizo caso de la medida judicial, lo que motivó una nueva denuncia.

Dr.  Diego Quinteros Martínez
Dr. Diego Quinteros Martínez

17 Noviembre de 2026 13.11

La disputa entre la representación gremial de los trabajadores de Vialidad Nacional y las autoridades administrativas del organismo sumó un nuevo capítulo judicial en Catamarca. El Juzgado Federal N° 2 hizo lugar a una acción de amparo presentada por el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, Juan José Verón Rivera, y ordenó la reincorporación inmediata de Marcelo Reynoso, vocal titular de la organización sindical, quien había sido suspendido y posteriormente cesanteado pese a contar con tutela sindical.

La resolución fue adoptada por el juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien dispuso restituir al trabajador en su puesto dentro del 11° Distrito de Vialidad Nacional. La decisión judicial representa un pronunciamiento favorable al planteo impulsado por el sindicato frente a las medidas administrativas que habían afectado la situación laboral de uno de sus representantes.

El caso adquirió particular relevancia porque la cesantía de Reynoso se produjo pese a su condición de dirigente sindical y a la protección que, según lo expuesto en la presentación, le correspondía por contar con tutela gremial. En ese contexto, la organización sindical recurrió a la Justicia Federal para obtener una respuesta frente a las decisiones adoptadas por las autoridades del organismo.

La presentación judicial fue impulsada con el patrocinio del abogado Diego Oscar Quinteros Martínez, quien actuó en representación del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional. El planteo buscó que se restableciera la situación laboral del dirigente y que se hiciera efectiva la protección vinculada con su representación gremial.

La reincorporación ordenada 

Uno de los aspectos centrales del conflicto se produjo después de que la resolución judicial fuera notificada a las partes. Según informó el abogado patrocinante, Diego Quinteros Martínez, Marcelo Reynoso había retomado sus tareas habituales durante la semana pasada, sin que se registraran inconvenientes para su reincorporación.

Sin embargo, la situación cambió durante esta semana. De acuerdo con lo denunciado por el letrado, el jefe del 11° Distrito Catamarca, Roberto Bellido, ordenó impedir el ingreso del trabajador a las instalaciones del organismo y ratificó la baja que había motivado la intervención judicial.

De esta manera, pese a la existencia de una resolución del Juzgado Federal N° 2 que había dispuesto la restitución inmediata de Reynoso en su puesto, el dirigente volvió a encontrarse con obstáculos para desarrollar sus actividades laborales habituales.

La secuencia expuesta por la representación legal del sindicato presenta dos momentos claramente diferenciados: primero, el cumplimiento inicial de la reincorporación después de la notificación judicial; posteriormente, una nueva decisión de la jefatura local que habría impedido la continuidad de esa restitución.

El episodio volvió a colocar en el centro de la controversia el alcance de las resoluciones judiciales frente a las decisiones administrativas adoptadas dentro de organismos nacionales. Particularmente, la discusión gira alrededor de la obligación de las autoridades del 11° Distrito de respetar y hacer efectiva la medida cautelar dispuesta por el magistrado federal.

Nueva denuncia por presunta desobediencia judicial

Frente al impedimento de ingreso denunciado, el abogado Diego Quinteros Martínez informó que se formalizó una nueva presentación por presunta desobediencia judicial. La denuncia apunta a la conducta atribuida a las autoridades administrativas del organismo, luego de que se hubiera ordenado la reincorporación inmediata del dirigente sindical.

El planteo del representante legal se apoya en la consideración de que una autoridad administrativa no puede desconocer ni colocarse por encima de una decisión adoptada por un órgano judicial. En ese sentido, el letrado expresó: "Porque un órgano administrativo no puede estar por encima de una instancia judicial".

La declaración sintetiza el eje de la nueva controversia: la necesidad de determinar si las decisiones administrativas que impidieron nuevamente el ingreso de Reynoso contradicen la resolución dictada por el juez federal Guillermo Díaz Martínez.

Desde la perspectiva de la representación sindical, la situación excede una diferencia interna sobre la continuidad laboral de un trabajador. El conflicto involucra el cumplimiento de una orden judicial que dispuso restituir a un dirigente en sus funciones, luego de que fuera suspendido y cesanteado pese a contar con tutela sindical.

La nueva denuncia introduce, por lo tanto, otro frente en una disputa que ya había llegado a los tribunales federales. Ahora, además de la cuestión vinculada con la reincorporación, se plantea la conducta de los responsables administrativos frente a una resolución judicial que ya había sido notificada y que, según el abogado, inicialmente había comenzado a cumplirse.

Un conflicto en el contexto de los recortes y las cesantías

El caso de Marcelo Reynoso se inscribe en un escenario más amplio de cuestionamientos gremiales por recortes y cesantías dentro de Vialidad Nacional. Las denuncias sindicales apuntan a las medidas que afectan a trabajadores del organismo y a las consecuencias que estas decisiones tienen sobre la situación laboral y la representación de los empleados.

En ese marco, la intervención judicial en Catamarca constituye un episodio particular dentro de una disputa que enfrenta los planteos de la organización sindical con las decisiones administrativas de las autoridades de Vialidad Nacional.

La representación legal del sindicato advirtió que desconocer una orden emitida por un juez federal constituye una ilegalidad grave, especialmente cuando la resolución dispone expresamente la restitución de un trabajador que había sido apartado de sus funciones.

La controversia también pone de relieve la importancia que adquiere la tutela sindical en el caso, dado que Reynoso no solamente había sido suspendido y cesanteado, sino que además se desempeñaba como vocal titular del gremio. Precisamente, esa condición fue uno de los elementos señalados en la presentación que dio origen al amparo.