El proyecto conocido como Súper RIGI ingresa en su etapa final en el Senado, luego de que importantes funcionarios del Gobierno defendieran la iniciativa durante la semana pasada ante un plenario de comisiones.
Este miércoles, a las 16, en el Salón Azul de la Cámara alta, se reanudará el cuarto intermedio con la última reunión informativa del plenario conjunto de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General.
Las comisiones están presididas, respectivamente, por Agustín Monteverde, Martín Goerling Lara y Nadia Márquez. Tras esta instancia, el proyecto quedará encaminado hacia la firma del dictamen y posteriormente hacia su tratamiento en el recinto.
La discusión llega así a una instancia decisiva, con un régimen que plantea beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para atraer mega inversiones hacia actividades consideradas estratégicas y vinculadas con industrias que todavía no existen en Argentina o que se encuentran en una etapa de experimentación.
Funcionarios defendieron el proyecto
Durante la reunión realizada la semana pasada ya habían expuesto el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne; y el responsable de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli.
Los funcionarios respondieron las preguntas formuladas por los distintos bloques políticos y explicaron las características del nuevo régimen, así como sus diferencias respecto del RIGI original incluido en la Ley Bases de 2024.
Según lo expuesto, el régimen anterior estaba orientado principalmente hacia infraestructura y recursos naturales, contemplaba pisos de inversión más bajos y permitía la aplicación a proyectos ya existentes. El nuevo Súper RIGI, en cambio, fue diseñado por el Ministerio de Economía con el objetivo de captar inversiones de gran magnitud en nuevas industrias de frontera tecnológica.
Entre los sectores mencionados aparecen:
- Energías renovables.
- Biotecnología.
- Inteligencia artificial.
La iniciativa contempla además abundantes exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y apunta a proyectos vinculados con actividades que todavía no existen en Argentina o que se encuentran en etapa de experimentación.
Un piso de inversión cinco veces mayor
Una de las principales diferencias entre ambos esquemas se encuentra en el monto mínimo requerido para acceder a los beneficios. Para ingresar al Súper RIGI se establece un umbral mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente los 200 millones de dólares exigidos por el RIGI original.
El nuevo régimen, además, ofrece a las industrias alcanzadas un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años.
También existen diferencias en cuanto a la duración del régimen. El RIGI tenía una duración de dos años, con una prórroga por un año adicional, opción que finalmente se hizo efectiva. El Súper RIGI, en cambio, plantea un plazo de cinco años y uno adicional de prórroga. Se trata, según la información expuesta durante el debate, de un régimen más restrictivo que el RIGI original, debido a que excluye los proyectos de recursos naturales e infraestructura, además de dejar afuera a los proyectos preexistentes ampliables.
La apuesta por industrias
González Casartelli definió al Súper RIGI como un "programa más completo para el momento de Argentina". Según explicó, el objetivo es generar condiciones para desarrollar proyectos estratégicos que "todavía no están en el mapa".
Lavigne, por su parte, explicó que el foco de la ampliación está puesto en la "industrialización de los recursos naturales" y sostuvo que la iniciativa permitiría que el país ingrese a sectores de vanguardia tecnológica en los que, según su argumento, no podría competir sin estos incentivos.
La propuesta, de esta manera, plantea una herramienta específica para atraer inversiones de gran escala hacia actividades de frontera tecnológica, con un esquema de beneficios que abarca distintos aspectos tributarios, aduaneros y cambiarios.
Las críticas de la oposición
El debate también expuso fuertes cuestionamientos de los senadores de la oposición, quienes advirtieron sobre el impacto que podría tener el paquete de beneficios para las mega empresas en la industria local y sobre la soberanía regulatoria.
El senador Jorge Capitanich, del bloque Justicialista, centró sus críticas en la falta de precisión respecto de las denominadas "nuevas actividades económicas" que quedarían alcanzadas por el régimen.
El ex gobernador de Chaco y ex jefe de Gabinete cuestionó específicamente que el beneficio pueda extenderse a proyectos de inversión multimillonarios que todavía "no han sido identificados" de manera explícita en el texto de la ley.
La discusión, de esta manera, quedó planteada no solamente alrededor del volumen de las inversiones que el Gobierno pretende atraer, sino también sobre la definición de las actividades que podrán acceder al esquema de beneficios.
El punto de conflicto por el Compre Nacional
Entre los senadores dialoguistas, pertenecientes a la UCR y a bloques provinciales, una de las mayores dudas estuvo relacionada con la flexibilización de la cláusula de "Compre nacional".
El proyecto del Súper RIGI elimina la obligatoriedad estricta de destinar un 20% de las compras a proveedores locales. El texto aprobado en Diputados incorporó modificaciones a sugerencia del bloque MID, pero estableció que solo podrá exigirse la contratación de empresas locales cuando estas puedan ofrecer condiciones de precio y calidad equivalentes a las del mercado internacional.
Este punto se convirtió en uno de los principales focos de discusión porque vincula directamente los beneficios destinados a las grandes inversiones con la participación de proveedores argentinos.
En Diputados, el proyecto obtuvo media sanción el 24 de junio, con 130 votos afirmativos, 106 rechazos y siete abstenciones.
Incentivos para investigación y desarrollo
Además de la cláusula flexible de Compre Nacional, el proyecto incorpora un mecanismo de incentivo indirecto a la Investigación y Desarrollo (I+D). Las empresas que realicen inversiones en ese sector o participen del sistema de becas locales, como las becas Manuel Belgrano, destinadas a promover la transferencia tecnológica, podrán computar esos desembolsos al doble de su valor real para alcanzar el mínimo de inversión exigido por la ley.
El mecanismo busca incorporar dentro del esquema de incentivos el desarrollo de actividades relacionadas con la investigación y la formación, al mismo tiempo que permite que determinados desembolsos tengan un peso mayor en el cálculo requerido para ingresar al régimen.
La advertencia de universidades y científicos
Los cuestionamientos al proyecto no provienen únicamente de los bloques opositores del Senado. Un grupo de docentes, investigadores y miembros de universidades nacionales y organismos científicos de todo el país envió una carta abierta a los senadores para expresar su preocupación por los alcances del Súper RIGI.
Los firmantes sostienen que la iniciativa establecería un régimen de inversiones con beneficios fiscales, estabilidad regulatoria durante varias décadas y un esquema de protección jurídica excepcional para grandes corporaciones tecnológicas internacionales.
Según la carta, el proyecto no exigiría como contraprestación la generación de empleo local, la transferencia de tecnología ni compromisos concretos con el desarrollo nacional.
La misiva sostiene que el proyecto representa "la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera".
El debate por el largo plazo
La carta abierta también plantea que el proyecto debe ser evaluado considerando sus efectos de largo plazo sobre distintos aspectos del desarrollo argentino.
Entre las cuestiones señaladas aparecen:
- El empleo.
- Los recursos naturales.
- La soberanía tecnológica.
- La capacidad del país para definir su modelo de desarrollo.
Los firmantes reconocen la necesidad de atraer inversiones y desarrollar nuevas tecnologías, pero plantean que ese objetivo no debería implicar una renuncia permanente a las herramientas regulatorias ni comprometer las posibilidades de decisión de las futuras generaciones.