En un contexto de extrema sensibilidad política y ambiental, la Mesa Política del Gobierno nacional mantuvo este jueves una reunión decisiva de una hora y media en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El encuentro tuvo como eje central definir los próximos pasos frente a los incendios que ya consumieron 45 mil hectáreas en el sur del país. La principal resolución alcanzada fue la decisión de declarar la Emergencia Ígnea a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), descartando la vía parlamentaria para priorizar la inmediatez.
La reunión contó con la presencia de figuras centrales del esquema oficialista: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Asimismo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participó vía Zoom, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, asistió para coordinar los cambios presupuestarios requeridos.
La urgencia como argumento: del Congreso al DNU
La decisión de utilizar un DNU responde a que el clima actual complica el combate del fuego y la velocidad del desastre amerita una respuesta que la vía legislativa no podría garantizar. Según fuentes de la Mesa Política, enviar el proyecto al Congreso no resultaría eficiente, ya que precisaría de al menos dos sesiones cuando la urgencia es actual. Esta declaración busca actualizar el marco legal tras el vencimiento del Decreto 2/2023 firmado por la gestión anterior, que tuvo vigencia hasta el 13 de enero de 2024.
Aunque los gobernadores patagónicos esperaban que la medida se hiciera efectiva de inmediato, en la Casa Rosada aún se define qué fondos se están dispuestos a ceder. Desde el oficialismo reconocieron que, si bien el pedido de los mandatarios provinciales no fue el único disparador, la medida busca contrarrestar las críticas sobre la política oficial ante los incendios en la región, admitiendo que en este tema las cuestionamientos públicos han impactado en la imagen del Gobierno.
En paralelo a la discusión del decreto, el Gobierno ha comenzado a materializar asistencia económica. La provincia de Chubut, la segunda más afectada, recibió esta jornada $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Además, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigida por Alejandra Monteoliva, que establece un fuerte incremento para el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.
Mediante esta resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, percibirán un total de $100.810.319.998,50, distribuidos entre 1.062 asociaciones (unos $94,9 millones para cada una). Por su parte, las entidades de segundo grado provinciales que agrupan a las federaciones percibirán $7.754.639.995,93.
La presión política para esta declaración provino de un pedido formal realizado el pasado martes por cinco mandatarios de diverso signo político: Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Los gobernadores solicitaron al Congreso la declaración de zona de desastre para habilitar herramientas excepcionales de gestión del riesgo, protección civil y asistencia a las comunidades damnificadas. La respuesta final del Ejecutivo vía DNU busca ahora mitigar el impacto ambiental y social mientras el clima continúa dificultando las tareas de contención en el terreno.