Daniel Garbellini, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentó un informe ante la Justicia en el que negó la totalidad de los delitos que se le imputan y afirmó que Diego Spagnuolo era quien concentraba todas las decisiones dentro del organismo. El caso, que involucra programas de alcance federal, es seguido con atención en provincias como Catamarca, donde estas políticas impactan de manera directa en personas con discapacidad.
El abogado fue removido de su cargo tras el escándalo por presuntos sobornos en la adquisición de medicamentos. En su escrito defensivo, detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024 y sostuvo que sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar asistencia médica a personas con discapacidad que no cuentan con cobertura social.
Garbellini afirmó que no tenía poder de decisión sobre las bajas de las pensiones de los beneficiarios y señaló que esa facultad correspondía a Spagnuolo, al igual que las decisiones vinculadas a la adquisición de medicamentos administrados por la ANDIS.
"Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios y empleados éramos usuarios del sistema, quedando sólo en manos de la Dirección Ejecutiva la administración del sistema con acceso pleno e irrestricto a toda la información, para dar publicidad y conocimiento público tanto de los procesos de las compulsas como de los pagos de las contrataciones de la ANDIS", expresó Garbellini en su presentación judicial, a la que tuvo acceso TN.
En ese marco, reiteró que no estaba dentro de sus atribuciones habilitar el acceso a la información de esos procesos. "Si por algún motivo el Director Ejecutivo decidió no abrir las contrataciones de la ANDIS al control y acceso público, pudiendo hacerlo, ello escapaba de mi responsabilidad y actuación", sostuvo.
En otro tramo del escrito, aseguró que nunca tuvo capacidad para realizar cambios estructurales dentro del organismo. "Nunca tuve el poder de realizar transformaciones de fondo, a pesar de habérselas sugerido al Director Ejecutivo en diferentes oportunidades, su respuesta siempre era la misma: 'esto se hace así desde siempre, todo acá es por urgencia'", afirmó.
El escándalo se desató a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque el fiscal Franco Picardi no las consideró como evidencia. En esos registros, se vinculaba a Garbellini con Eduardo Menem, colaborador cercano de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Hasta el momento, el único imputado que prestó declaración indagatoria fue Roger Grant, otro empleado del organismo, quien aseguró haber recibido instrucciones directas de Garbellini. Grant estaba a cargo de las adquisiciones a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS) y se convirtió en una pieza clave del expediente.
Durante su declaración, admitió "gran parte de los procedimientos irregulares" vinculados a las contrataciones de medicamentos del programa PACBI. Según fuentes judiciales, sostuvo que "todo lo hacía por orden de Garbellini" y que consultaba con él desde qué droguerías podían cotizar hasta los tiempos administrativos.
Grant también afirmó que ejecutaba instrucciones precisas sobre altas y bajas dentro del sistema y que conocía quiénes lograban presentar ofertas. De acuerdo con su testimonio, el direccionamiento de la operatoria estaba centralizado en Garbellini, mientras que sus propias decisiones eran de carácter instrumental.
En relación con las presuntas coimas, evitó hacer referencias concretas. "No dijo nada", indicaron fuentes que siguieron la audiencia.
El expediente incluye además otro elemento que compromete al excoordinador: su nombre figura en cuadernos secuestrados durante un allanamiento en la vivienda de Miguel Ángel Calvete. Para los investigadores, esas anotaciones forman parte del esquema interno de la operatoria que la Justicia busca reconstruir.