La protección de los sectores más vulnerables de la sociedad ha ingresado en una etapa de definición jurídica crítica en el noroeste argentino. Recientemente, el Tribunal Federal de Tucumán (TFT) emitió un fallo de gran impacto al declarar improcedente la acción colectiva presentada por personas con discapacidad, una iniciativa que contaba con el respaldo activo de la Defensoría del Pueblo de Catamarca. Esta medida judicial, que frena de manera directa la restitución de las pensiones dadas de baja por el Gobierno Nacional, ha desatado una profunda polémica y cruces de declaraciones en toda la provincia, poniendo en duda la estabilidad de la seguridad social para miles de ciudadanos.
Ante este complejo escenario, los representantes legales y sociales de los damnificados han confirmado que no darán por cerrada la instancia judicial. En una reciente conferencia de prensa, de la cual participó El Esquiú Play, se anunció formalmente la apertura de un nuevo proceso que buscará revertir la decisión del tribunal tucumano. El objetivo estratégico es elevar el caso mediante un recurso extraordinario federal, llevando el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia, la instancia máxima que tendrá la responsabilidad de definir el futuro de estos beneficios.
Un frente común por los derechos conculcados
La conferencia de prensa fue el escenario donde figuras clave en la defensa de los derechos civiles expusieron la gravedad del asunto. Estuvieron presentes Dalmacio Mera, defensor del Pueblo de Catamarca; Daniel Escobar Correa, su par de Santiago del Estero; y Griselda Bazán, presidenta de Apyfadim. Juntos brindaron detalles técnicos sobre la resolución del TFT y explicaron que, si bien el juez de primera instancia había designado representantes adecuados —dejando inicialmente fuera a la Defensoría de Catamarca—, la institución decidió intervenir debido a que la causa es lo suficientemente trascendente, importante y urgente.
En este sentido, Mera explicó que la Defensoría cubrió esa posibilidad concreta patrocinando tanto a la asociación como a diversos damnificados que se acercaron con pruebas concluyentes, denunciando que no habían sido oídos en su defensa. La apelación se sustenta en que la legitimación ya había sido determinada originalmente por el juez, un punto que, según los defensores, fue obviado por la Cámara. La relevancia de este frente común reside en que representa a un colectivo de 119.000 personas a nivel nacional que han visto conculcado su derecho, centrando la atención en las asociaciones de Catamarca y La Plata como ejes de la conformación del colectivo.
El impacto real en la población catamarqueña
La magnitud de la medida nacional tiene un correlato directo y doloroso en la provincia de Catamarca, donde se registró que 4.322 personas resultaron afectadas por la quita de estos beneficios. El defensor del Pueblo subrayó que se trata de ciudadanos que poseían un derecho reconocido con un monto menor a los 350.000 pesos, y que enfrentaron la desesperante situación de acudir al banco y no poder cobrar sus haberes de un día para el otro. Para los representantes sociales, el hecho de que se haya vulnerado el sustento de miles de catamarqueños justifica la premura de las acciones legales, teniendo como fecha límite los primeros días de marzo para formalizar el recurso extraordinario ante la justicia federal.
Dalmacio Mera fue enfático al señalar que cuentan con los elementos centrales y definitivos para que la Cámara conceda el recurso, permitiendo que el expediente sea analizado con mayor profundidad en Buenos Aires. La defensa sostiene que la obligación institucional es restituir ese derecho de forma inmediata, sin dar lugar a mayores dilaciones que afecten la calidad de vida de las personas con discapacidad en la región.
Debate sobre las auditorías y el rechazo a la politización
Uno de los puntos más sensibles abordados durante el encuentro con la prensa fue la respuesta a las críticas de la oposición y la tendencia a partidizar el conflicto. El defensor de Catamarca cuestionó duramente la idea de que cada evento judicial deba dividirse en bandos políticos, lamentando que se intente politizar cuestiones tan sensibles y evidentes como es la discapacidad. Mera aclaró que no se realizarán consideraciones partidarias, pero denunció que en el caso de estas bajas masivas no se respetó el proceso administrativo correspondiente ni se acompañaron las pruebas necesarias en el expediente para justificar tal acción del Ejecutivo Nacional.
Respecto a las inspecciones estatales, tanto los defensores presentes como la presidenta de Apyfadim coincidieron en que las auditorías son una herramienta necesaria y que corresponden ser realizadas. Sin embargo, recalcaron que estas deben hacerse de manera correcta y ética: si se detecta que alguien está cobrando de forma indebida, es legítimo que se retire el beneficio, pero bajo ningún punto de vista se debe privar a los 4.300 catamarqueños de sus derechos esenciales hasta que se pruebe fehacientemente una irregularidad. El planteo central de la Defensoría es que no se puede castigar al colectivo por fallas administrativas, exigiendo la restitución inmediata mientras se sustancien los controles pertinentes.