La fiscal federal Paloma Ochoa pidió formalmente abrir una investigación penal para determinar si el Gobierno de Javier Milei utilizó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro desde Brasil hacia Estados Unidos, con tránsito por la Argentina.
La presentación fue realizada ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien ya intervenía en las actuaciones preliminares destinadas a establecer si funcionarios nacionales tuvieron algún grado de participación en la salida del excandidato presidencial brasileño.
El requerimiento representa un nuevo avance procesal dentro de un expediente que, hasta el momento, se encontraba en una etapa preliminar. La fiscal centró su planteo en la posible utilización de recursos del Estado argentino para favorecer el traslado de Bolsonaro, aunque no imputó a ningún funcionario.
La investigación procura establecer si existió una intervención estatal que facilitara la salida del dirigente brasileño y, en ese marco, determinar qué información manejaban las autoridades argentinas sobre su situación judicial.
La presentación se produjo luego de que Ochoa solicitara información a distintos organismos con el objetivo de reconstruir el recorrido de Bolsonaro y establecer si las autoridades nacionales estaban al tanto de las restricciones judiciales que pesaban sobre él.
Los primeros requerimientos a Migraciones y Cancillería
El expediente se tramita en el juzgado federal de Capuchetti y se inició a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo por presunto encubrimiento.
El 29 de octubre, la magistrada hizo lugar a una serie de medidas preliminares y ordenó requerimientos a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería. La finalidad fue determinar qué controles se realizaron durante el ingreso y la salida de Bolsonaro y si el Gobierno había recibido alguna comunicación sobre su situación judicial en Brasil.
La causa también contempla el análisis de registros de seguridad para reconstruir los movimientos del excandidato presidencial durante su permanencia en territorio argentino.
En ese sentido, el trabajo judicial apunta a reunir información sobre el tránsito del dirigente brasileño por el país, los controles migratorios efectuados y las eventuales comunicaciones oficiales relacionadas con las restricciones que tenía en Brasil.
Las distintas denuncias por la salida del dirigente brasileño
La salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos derivó en diversas presentaciones judiciales contra funcionarios del Gobierno argentino. La denuncia de Solano no fue la única que impulsó la investigación sobre las posibles responsabilidades de las autoridades nacionales.
El diputado nacional Esteban Paulón promovió otra presentación, que inicialmente fue asignada al juzgado de Daniel Rafecas, para que se investigara la eventual responsabilidad de integrantes del Ejecutivo. En paralelo, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú por las circunstancias en las que el dirigente brasileño atravesó la frontera.
En ese expediente, el fiscal federal Fabián Martínez había solicitado informes sobre distintos aspectos del traslado. Entre los requerimientos se incluyeron los controles migratorios, los registros de pasajeros y el vuelo privado que llevó a Bolsonaro y a su familia hacia Estados Unidos.
También pidió preservar las imágenes de las cámaras del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú, con el objetivo de contar con registros que permitieran reconstruir los movimientos de la familia.
Posteriormente, la causa tramitada en Misiones fue desestimada, luego de que el fiscal considerara que no se había configurado un delito durante el tránsito del dirigente brasileño. Sin embargo, esa decisión no implicó el cierre de la investigación que se desarrolla en Comodoro Py, donde continúa el análisis sobre la posible utilización de fondos públicos y la eventual participación de funcionarios nacionales.
El recorrido de Bolsonaro por la Argentina
De acuerdo con la información incorporada al caso, el 27 de octubre Bolsonaro ingresó a la Argentina a las 22.50, acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza.
La familia atravesó por tierra el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, los cuatro presentaron documentación válida y no registraban impedimentos legales para ingresar al país.
A las 23.30 abordaron un avión privado de Baires Fly, que partió durante la madrugada siguiente con destino a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar el trayecto hacia Miami, Estados Unidos.
La salida se produjo después de que el juez brasileño Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, ordenara que Bolsonaro entregara sus pasaportes y le prohibiera abandonar Brasil en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
La existencia de esas restricciones judiciales constituye uno de los puntos que busca esclarecer la investigación argentina, en particular para determinar si las autoridades nacionales conocían la situación del dirigente brasileño y si recibieron comunicaciones al respecto.
La postura del Gobierno argentino
Desde el comienzo, el Gobierno argentino negó haber colaborado de manera irregular con el traslado de Bolsonaro.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento migratorio y sostuvo que el dirigente brasileño había ingresado al país con la documentación correspondiente. Además, afirmó que no existían alertas de Interpol que obligaran a las autoridades argentinas a impedir su tránsito.
La posición oficial se contrapone con el objetivo de las presentaciones judiciales, que buscan determinar si hubo responsabilidades de funcionarios nacionales y si se utilizaron recursos públicos para facilitar la salida de Bolsonaro.
Por ahora, la investigación impulsada por Paloma Ochoa permanece en una fase preliminar. La fiscal no formuló imputaciones y el expediente continúa bajo la intervención de María Eugenia Capuchetti, con medidas orientadas a reconstruir el recorrido del dirigente brasileño, verificar los controles efectuados y establecer qué información manejaba el Gobierno argentino sobre las restricciones judiciales que pesaban sobre él.
