La propuesta legislativa presentada por el diputado provincial José Javier Galán sigue generando polémica y vuelve a colocar en el centro del debate público la relación entre idoneidad, control institucional y transparencia política. Ingresada bajo el expediente Nº 100/2026, la iniciativa promueve la implementación de controles obligatorios de detección de sustancias psicotrópicas para funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Catamarca.

El proyecto se apoya en una premisa central: la idoneidad para ejercer cargos públicos no se agota en las capacidades técnicas o en la formación profesional, sino que también debe contemplar condiciones psicofísicas adecuadas, en sintonía con lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Nacional. Bajo esa lógica, la propuesta pretende actualizar los mecanismos de control existentes y ampliar los estándares exigidos a quienes toman decisiones en el ámbito estatal.

Un mecanismo diferente 

En diálogo con La Unión, Galán explicó que, si bien a lo largo de los años distintos diputados presentaron proyectos de características similares, su propuesta incorpora diferencias metodológicas y operativas que considera sustanciales. Según detalló, mientras otros textos legislativos planteaban exámenes de orina o análisis de sangre, su iniciativa introduce un sistema de test rápido de saliva, al que definió como una herramienta menos invasiva, más práctica y de aplicación inmediata.

Entre los aspectos técnicos que destacó, enumeró:

• Uso de test rápido de saliva
• Aplicación sorpresiva
• Formato portátil
• Posibilidad de control inmediato
• Menor margen de adulteración
• Evita procedimientos invasivos

Galán sostuvo que este formato permite un nivel de control más ágil: "La idea de un test rápido, mientras otros diputados proponían examen de orina o examen de sangre, que aparte de ser invasivo, se presta para que por ahí la persona lo pueda adulterar, yo estoy proponiendo algo que es un test rápido de saliva, que lo llevas en el bolsillo, en donde puede ser sorpresivo".

En esa misma línea, remarcó la inmediatez del procedimiento al señalar que "simplemente" puede solicitarse a la persona que humedezca el dispositivo con saliva para conocer el resultado en el momento. Incluso, subrayó el componente público que podría tener el mecanismo al afirmar que "en un vivo para las redes" se podría informar si el funcionario "está limpio o no".

La transparencia 

Uno de los núcleos discursivos más fuertes del proyecto gira en torno a la necesidad de enviar una señal de transparencia a la ciudadanía. Para Galán, la iniciativa no solo apunta a un control médico o administrativo, sino que busca restablecer la confianza social en las decisiones públicas.

En ese marco, expresó: "Si la política realmente quiere mostrar un gesto de transparencia a la sociedad, de que está haciendo las cosas bien, y que las decisiones que se toman o lo que se propone no están adulteradas por sustancia, que empecemos a limpiar la política, limpiarla de verdad".

La frase resume el espíritu de la propuesta: construir un "manto de transparencia" sobre la actividad política, extendiendo los controles más allá de la Legislatura.

Alcance sobre los tres poderes

El texto no limita su alcance a la Cámara de Diputados o al Senado provincial. Por el contrario, el diputado dejó en claro que la intención es abarcar a todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.

Así lo enfatizó al sostener: "Se trata de saber realmente si es así o no es así, para que le demos un manto de transparencia a la política. Y no solo dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores sino para el resto de los funcionarios". Ese alcance amplio aparece como uno de los puntos centrales del expediente Nº 100/2026, ya que traslada el debate desde una cuestión estrictamente legislativa hacia una discusión integral sobre la calidad institucional de toda la administración pública provincial.

El contexto social

Otro de los argumentos esgrimidos por Galán se vincula con el avance del consumo problemático en la sociedad catamarqueña. Según expresó, la percepción social sobre los funcionarios también está atravesada por esa realidad.

"La sociedad entera tiene dudas sobre sus funcionarios porque en realidad el consumo es problemático en toda la sociedad", afirmó, al tiempo que describió escenas cotidianas que, según su mirada, reflejan la presencia del problema en la provincia: "Lo vemos en la plaza principal, frente a la catedral. Entonces, se ha instalado en todo Catamarca el consumo, la droga está entre nosotros y también tiene vínculos en la política".

Desde esa perspectiva, el proyecto intenta conectar la problemática social del consumo con la exigencia de mayores controles sobre quienes ejercen responsabilidades públicas.

Antecedentes y actualización de controles

Finalmente, la iniciativa toma como referencia experiencias similares desarrolladas en otras provincias, aspecto que Galán utiliza como antecedente para fundamentar la necesidad de avanzar con una herramienta equivalente en Catamarca.

El planteo final del proyecto apunta a actualizar los mecanismos de control, incorporando procedimientos rápidos y de aplicación directa para garantizar un servicio público eficiente y confiable.

En ese marco, la propuesta vuelve a instalar una discusión de alto impacto institucional: qué estándares deben exigirse a quienes ocupan cargos públicos y de qué manera la política busca demostrar transparencia frente a una sociedad que demanda señales concretas de control y confiabilidad.