En un giro estratégico de último momento, el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido dar marcha atrás con uno de los puntos más controvertidos de su proyecto de reforma laboral. La presión ejercida por los bloques de la oposición dialoguista, sumada al firme rechazo de diversos gobernadores, obligó a la administración central a retirar el artículo 44 del texto legislativo. Esta concesión se produce en un clima de alta tensión parlamentaria, donde el oficialismo busca asegurar los votos necesarios para avanzar con la iniciativa antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.
La decisión, confirmada por fuentes parlamentarias, se formalizó tras constatar que la limitación de las licencias médicas, tal como había sido aprobada originalmente en la Cámara de Senadores, no contaba con el respaldo suficiente en la Cámara de Diputados. Con este movimiento, el Gobierno nacional busca destrabar la negociación y garantizar que la reunión plenaria de comisión, programada para emitir dictamen este miércoles, cuente con el apoyo de sus aliados estratégicos: el PRO, la UCR y los bloques provinciales.
El eje del conflicto: el intento de reformar el Artículo 208
El núcleo del conflicto residía en el contenido técnico del artículo 44, el cual pretendía sustituir el histórico artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. La propuesta oficialista introducía una distinción inédita en el derecho laboral argentino respecto a la naturaleza de las enfermedades o accidentes "inculpables", es decir, aquellos que no derivan de la prestación de tareas. La redacción original establecía que si la imposibilidad de trabajar era producto de una actividad "voluntaria y consciente" del trabajador que implicara riesgo, este solo percibiría el cincuenta por ciento (50%) de su remuneración.
Para el resto de los casos donde no existiera esa voluntad consciente sobre el riesgo, la remuneración se fijaba en un setenta y cinco por ciento (75%). Estos beneficios se mantendrían por tres meses para trabajadores sin personas a cargo y seis meses para quienes sí las tuvieran. Además, se establecía que la reaparición de enfermedades crónicas no se consideraría una afección distinta a menos que transcurrieran dos años. Este esquema generó un rechazo unánime, ya que los bloques aliados consideraron que la norma vulneraba derechos fundamentales y generaba una zona de discrecionalidad peligrosa al tener que juzgar subjetivamente la "voluntad" del trabajador en su tiempo libre.
Con la eliminación de este capítulo, la Casa Rosada activa una hoja de ruta crítica para lograr la sanción definitiva de la ley en un calendario extremadamente ajustado. La estrategia consiste en firmar el dictamen de mayoría este miércoles en el plenario de comisiones de Diputados ya con el texto modificado. Posteriormente, el objetivo es llevar el proyecto al recinto de la Cámara baja el próximo jueves para su aprobación.
Dado que el texto sufrirá este cambio sustancial por la supresión del artículo, la iniciativa deberá regresar en segunda revisión a la Cámara de Senadores. El Gobierno nacional aspira a que el Senado trate y convierta en ley la reforma el viernes de la semana próxima. Esta velocidad legislativa es vital para el oficialismo, que busca cerrar el ciclo de sesiones extraordinarias con una victoria política de peso, demostrando capacidad de maniobra y flexibilidad ante sus socios parlamentarios.
El retiro del artículo no fue un hecho aislado, sino la respuesta a una presión política coordinada. Los gobernadores, preocupados por la posible judicialización de la norma y el impacto social en sus distritos, fueron piezas fundamentales en el bloqueo. A ellos se sumaron los equipos técnicos de la oposición dialoguista, quienes señalaron que la reforma del sistema de licencias médicas representaba un costo social innecesario que ponía en riesgo el éxito global de la reforma. Finalmente, el oficialismo priorizó la viabilidad de la ley general por sobre la insistencia en un recorte salarial que carecía de sustento político.
