El Gobierno nacional avanzará con la reforma laboral pero sin modificar aspectos de la Ley de Empleo Público, según confirmaron fuentes oficiales. La iniciativa se centrará en cambios a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) con el objetivo de incentivar el empleo privado, una definición que genera repercusiones también en provincias del norte como Catamarca, donde el debate por el impacto laboral es seguido de cerca.
Desde Casa Rosada aclararon que la decisión no implica un trato diferencial hacia el sector estatal, sino que responde a que la reforma se enfocará en una normativa distinta. En ese marco, el régimen laboral de los empleados públicos se mantendría sin modificaciones.
La aclaración surgió luego de críticas de sectores sindicales, especialmente de ATE, que realizó un paro este miércoles en rechazo a una reforma cuyo contenido completo aún no fue difundido.
En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó la medida de fuerza. "Llaman la atención las declaraciones de un ruidoso gremialista que convocó a un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la Ley de Empleo Público", afirmó en referencia a Rodolfo Aguiar, titular de ATE.
Ese mismo día, el ministro Federico Sturzenegger reiteró en una entrevista que la reforma se apoyará en tres ejes: reducir la industria del juicio, bajar los costos de registración laboral y actualizar los convenios colectivos. Sobre este último punto, remarcó la necesidad de avanzar hacia negociaciones que contemplen las diferencias regionales: "En la Argentina se negocia por sector para todo el país, con una negociación centralizada en Buenos Aires. Pero los países tienen diversidad de condiciones".
En medio del hermetismo oficial para evitar filtraciones, el Gobierno decidió atrasar la reunión del Consejo de Mayo prevista para este mes y suspender los encuentros entre sus miembros y el equipo técnico de la administración de Javier Milei. El objetivo es cerrar internamente la "letra chica" del documento antes de iniciar la negociación con gremios, empresarios y el Congreso.
Pese a la reserva del Ejecutivo, algunos gobernadores dialoguistas —especialmente los del norte— ya manifestaron su disposición a acompañar el debate legislativo. En provincias como Catamarca, donde las discusiones laborales suelen tener un fuerte impacto en el empleo público y privado, se sigue con atención el desarrollo de las próximas semanas.
