La compra del departamento ubicado en San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo prisión domiciliaria por el caso Vialidad, quedó bajo cuestionamiento por una serie de irregularidades detectadas en las operaciones bancarias que precedieron a la adquisición del inmueble.
El peritaje, elaborado en octubre de 2020 y conservado en los tribunales federales de Comodoro Py, examinó el movimiento de dinero realizado el 6 de mayo de 2015, cuando se extrajeron 4 millones de pesos de una caja de ahorro de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y se depositaron en una cuenta de Los Sauces SA, la empresa de la familia.
La suma equivalía entonces a unos 450.000 dólares, según el tipo de cambio vigente en aquel momento. La reconstrucción de la operación, realizada en una investigación periodística de Hugo Alconada Mon e Ignacio Grimaldi para LA NACION, expuso deficiencias documentales y administrativas que generaron cuestionamientos tanto en el ámbito judicial como dentro del Banco Nación.
Entre las principales observaciones figuraron la ausencia de la firma del depositante, la falta de intervención del cajero de la entidad y la ausencia de las autorizaciones superiores correspondientes. Tampoco se habría incorporado documentación respaldatoria suficiente ni detallado el origen de los fondos.
El sumario interno iniciado en el Banco Nación después de la salida del kirchnerismo de la Casa Rosada y la llegada de Juntos por el Cambio al poder también señaló que las operaciones se realizaron sin la presencia de los titulares de la cuenta ni de un apoderado, y sin un pedido escrito de esas personas.
El análisis se concentró en el procedimiento utilizado para concretar la compra de la unidad funcional 5, ubicada en el segundo piso del edificio de San José 1111. Las conclusiones quedaron incorporadas al llamado "Informe Final del Instructor", elaborado dentro de la entidad bancaria.
Los movimientos del 6 de mayo de 2015 y las firmas ausentes
La reconstrucción cronológica de las operaciones constituye uno de los aspectos centrales del peritaje. Según los registros examinados, la autorización de la extracción quedó asentada a las 14:02:52 del miércoles 6 de mayo de 2015.
El ticket del depósito en la cuenta de Los Sauces SA registra la hora 14:04:33, mientras que el comprobante de extracción lleva la marca horaria de las 14:04:37, apenas cuatro segundos después. El comprobante de depósito identificó a Cristina Fernández de Kirchner como depositante, como si la entonces presidenta hubiera concurrido personalmente a la sucursal bancaria de Río Gallegos. Sin embargo, el documento no contenía su firma manuscrita. El comprobante correspondiente a la extracción tampoco tenía esa rúbrica.
La ausencia de firmas se sumó a otras deficiencias documentales. Los instructores del sumario señalaron que el depósito carecía de la intervención del entonces cajero, Lisandro Gauna, y que los comprobantes de caja no estaban firmados por los titulares ni por quien debía autorizar las operaciones.
Además, no se había incorporado información suficiente para establecer el origen de los fondos utilizados.
La reconstrucción también planteó una inconsistencia respecto de la presencia física de la entonces presidenta en Río Gallegos. Documentos oficiales indicaban que ese día se encontraba en la Casa Rosada, en Buenos Aires.
Según el Registro de Audiencias, a las 19 horas recibió a Zhao Leji, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, junto con el embajador de ese país y otros integrantes de la comitiva. El encuentro contó con fotografías y testigos, entre ellos Axel Kicillof y Eduardo "Wado" De Pedro.
Esta información fue incorporada al análisis de la secuencia de los movimientos bancarios, dado que los comprobantes consignaban a Fernández de Kirchner como depositante pese a la falta de su firma y a los registros oficiales de sus actividades en la capital.
El débito de casi $4 millones y el cheque que no apareció
Las observaciones del sumario no terminaron con la extracción y el depósito de los 4 millones de pesos. Ese mismo 6 de mayo se debitó de la cuenta de Los Sauces SA la suma de 3.959.000 pesos, bajo el concepto "cheque de servicio". Los instructores detectaron otra irregularidad: el cheque mencionado no habría existido físicamente y la sucursal Río Gallegos no conservaba un comprobante de la operación.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los sumariantes, el débito se concretó a última hora a partir de un correo electrónico enviado a las 16:23 por una persona de la gerencia de la sucursal Plaza de Mayo. El mensaje solicitaba depositar los 3.959.000 pesos en la cuenta corriente de una empresa identificada como Pilisar SA.
La firma registró el crédito por ese importe durante la misma jornada. Según el sumario interno, el destino del dinero estaba relacionado con la compra de Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN), denominados en la información como "Certificados de Derivación de Ingresos".
Estos instrumentos habían sido emitidos por el kirchnerismo entre 2009 y 2011. Durante los años de restricciones cambiarias, permitían a empresas y personas liquidar divisas en el exterior a cambio de un bono en pesos, como mecanismo de acceso al dólar paralelo o "dólar papel".
La operación bancaria quedó así vinculada con un movimiento de fondos cuyo respaldo documental fue cuestionado y con una transacción destinada a obtener certificados utilizados posteriormente en la adquisición del departamento.
Pilisar SA y la conexión con el Grupo Newsan
Pilisar SA aparece como una pieza relevante en la reconstrucción de la operación. Se trata de una sociedad anónima argentina del sector de electrodomésticos, constituida en 2005 y vinculada al Grupo Newsan, controlado por el empresario Rubén Cherñajovsky.
La empresa opera principalmente en la fabricación y comercialización de heladeras, lavarropas y otros productos de línea blanca, bajo marcas como Siam, Atma, Philco y Coventry.
La relación entre Pilisar SA y Los Sauces SA adquirió relevancia porque los fondos debitados de la cuenta de la empresa familiar de los Kirchner se vincularon con la adquisición de los certificados utilizados en la operación inmobiliaria.
La pregunta central que surgió de la investigación fue de dónde provinieron los CEDIN por 370.000 dólares empleados en la compra del departamento. Según la reconstrucción, esos certificados fueron cedidos a Los Sauces SA por Emilio Mazzola, quien en ese momento era socio y director de Pilisar SA.
La relación entre Mazzola y Cherñajovsky atravesaría posteriormente una etapa de fuertes conflictos que terminó en acusaciones cruzadas ante la Justicia federal. En 2020, Mazzola acusó a Cherñajovsky de haberlo obligado a vender sus acciones de Pilisar SA y denunció el vaciamiento de la compañía por al menos 35 millones de dólares entre 2012 y 2015, durante los últimos tres años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Cherñajovsky, por su parte, acusó a Mazzola de haberse robado 1.000 heladeras.
Esas disputas ocurrieron después de la operación inmobiliaria de 2015. En aquel momento, Mazzola colaboró con la adquisición de San José 1111 mediante los certificados que fueron transferidos a Los Sauces SA.
Los CEDIN y la escritura del departamento
Los Sauces SA utilizó los certificados para pagar el departamento a Jorge Edmundo Coscia, según consta en la escritura número 168, fechada el 11 de junio de 2015. A efectos fiscales, el instrumento público fijó el precio del inmueble en 3.344.800 pesos, calculados a una cotización de 9,04 pesos por dólar.
La operación había sido preparada mediante documentación societaria y contable destinada a formalizar el ingreso de los fondos. El acta de directorio número 24 de Los Sauces SA, del 5 de mayo de 2015, la certificación del contador Víctor Manzanares y una declaración jurada presentada ante la Unidad de Información Financiera (UIF) describieron el ingreso de los 4 millones de pesos como un aporte irrevocable de la Sucesión de Néstor Kirchner, integrado mediante acreditación bancaria.
La declaración jurada fue firmada por Romina Mercado, presidenta de Los Sauces SA, quien por entonces era fiscal santacruceña e hija de Alicia Kirchner.
Sin embargo, los sumariantes detectaron una diferencia entre la descripción documental del ingreso y los movimientos que reflejaban los extractos bancarios. Mientras la documentación societaria mencionaba una acreditación bancaria, los registros mostraban una extracción mediante tarjeta y un depósito en efectivo.
Las inconsistencias también alcanzaron los estados contables de la empresa correspondientes al 31 de diciembre de 2015. Esos documentos no consignaron el supuesto aporte irrevocable en el patrimonio neto, que permaneció en 2.234.400 pesos. En cambio, figuró un incremento de 6.427.106,97 pesos en el rubro "cuentas particulares de socios". Ese monto coincidía con los créditos que los accionistas —Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos— habían declarado en el impuesto sobre los Bienes Personales.
Las diferencias entre los peritos de la defensa y los fiscales
El análisis contable y bancario produjo conclusiones diferentes entre los especialistas que intervinieron en la causa. Los peritos de la defensa sostuvieron que la operación había sido legal. Entre sus argumentos, destacaron que el 6 de mayo de 2015 existían fondos suficientes en la cuenta corriente de Los Sauces SA.
También se apoyaron en el informe del instructor del Banco Nación y en el crédito registrado en la cuenta de Pilisar SA, aunque admitieron que las operaciones no podían identificarse contablemente.
Los peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF) mantuvieron una posición más crítica. Señalaron que la ausencia del Libro Diario posterior al 31 de diciembre de 2014 les impidió reconstruir contablemente el origen de los fondos.
Asimismo, plantearon que algunas operaciones podrían haberse realizado en efectivo. A partir de su análisis, infirieron que el dinero provenía de aportes de los socios, aunque aclararon que su evaluación se limitaba a la procedencia inmediata de los fondos. El peritaje se desarrolló en octubre de 2020, durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19 impuesta por el entonces presidente Alberto Fernández, quien había llegado al poder con Cristina Fernández de Kirchner como compañera de fórmula.
El Nación reconoció apartamientos de los procedimientos internos
Las irregularidades detectadas también tuvieron derivaciones dentro del Banco Nación y en la unidad antilavado. La UIF emitió un reporte relacionado con la operación, mientras que en los tribunales federales de Comodoro Py el entonces juez Claudio Bonadío llegó a indagar y procesar a cuatro empleados de la entidad bancaria.
Ante una consulta de LA NACION, desde el Banco Nación confirmaron que se habían iniciado actuaciones sumariales a partir de observaciones realizadas por la Auditoría de la institución sobre determinadas operaciones registradas en la sucursal Río Gallegos.
La entidad explicó que las actuaciones estuvieron centradas en "la modalidad bajo la cual determinadas operaciones fueron instrumentadas y documentadas". También reconoció que los auditores verificaron apartamientos respecto de los procedimientos internos vigentes en materia de instrumentación, documentación y control de operaciones bancarias.
Como consecuencia, el Banco asentó "apercibimientos" y "llamados de atención" en los legajos de algunos empleados. El entonces gerente de la sucursal, Rolando D'Avena, ya había sido desvinculado por otra causa. Según indicaron desde la entidad, de haber continuado trabajando allí, "habría resultado pasible de la aplicación de una severa medida disciplinaria".
Los cinco empleados bancarios mencionados entre los acusados por la operación son:
Rolando D'Avena, entonces gerente de la sucursal.
Marcelo Mazú.
Raúl Avarese.
Lisandro Gauna, identificado como el cajero cuya intervención faltaba en los comprobantes.
Mónica Liliana Romero.