El Tribunal Oral Federal N°5 reanuda la lectura de las acusaciones de la Fiscalía contra Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, en el marco del juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces. Ambos están acusados de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, en un proceso que busca examinar el presunto mecanismo mediante el cual se habrían canalizado fondos provenientes de la obra pública a través de empresas vinculadas con la familia.

La audiencia de este lunes constituye la segunda instancia del debate oral, que comenzó el viernes y está a cargo de los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Las dos causas fueron unificadas por orden de la Cámara de Casación Penal, por lo que las acusaciones relacionadas con la actividad hotelera e inmobiliaria se analizan dentro de un mismo proceso judicial.

La investigación tiene como uno de sus ejes centrales la hipótesis fiscal de que las empresas Hotesur y Los Sauces habrían sido utilizadas para blanquear retornos de la obra pública. De acuerdo con la acusación, el circuito habría involucrado operaciones vinculadas con préstamos, adquisición de propiedades, alquileres de complejos hoteleros, mejoras en establecimientos y arrendamientos de inmuebles.

Cristina y Máximo Kirchner, al igual que otros imputados, participaron de manera virtual en la primera audiencia, luego de obtener ese beneficio. Sin embargo, el presidente del tribunal aclaró que se trataba de una situación "excepcional" y señaló que los acusados deberán presentarse de manera presencial para las indagatorias.

La hipótesis fiscal sobre el origen de los fondos

Durante la lectura del resumen de la elevación a juicio, la Fiscalía expuso los principales fundamentos de la acusación y describió el presunto funcionamiento de una estructura que, según su planteo, habría operado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

El Ministerio Público sostuvo que los hechos imputados "habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional", con la participación de funcionarios y empresarios, y con la finalidad de "sustraer y apropiarse de fondos públicos".

Según la acusación, una parte de los recursos presuntamente sustraídos al Estado nacional mediante la obra pública vial habría sido canalizada a través del pago de dádivas a los expresidentes y a su núcleo familiar.

La Fiscalía describió una presunta asociación ilícita de carácter estable y permanente, que habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. De acuerdo con la hipótesis presentada, la estructura habría estado liderada por los expresidentes y sus integrantes habrían desempeñado roles definidos tanto dentro como fuera de la estructura estatal.

El planteo fiscal apunta a que el presunto esquema no se habría limitado a la adjudicación de beneficios a determinados empresarios, sino que habría avanzado hacia mecanismos destinados a transferir y disimular parte de las ganancias obtenidas.

En ese sentido, la acusación sostiene que los recursos habrían llegado a la familia Kirchner mediante diferentes operaciones económicas relacionadas con las actividades hoteleras e inmobiliarias. Entre ellas se mencionan préstamos, compra de propiedades, alquileres de establecimientos hoteleros, mejoras en los complejos y arrendamientos de inmuebles.

Hotesur y Los Sauces, en el centro de la presunta maniobra

Uno de los puntos centrales del juicio es el papel que, según la Fiscalía, habrían desempeñado las empresas Hotesur y Los Sauces en el circuito investigado. La primera está vinculada con la actividad hotelera, mientras que la segunda fue conformada como una sociedad inmobiliaria por integrantes de la familia Kirchner.

De acuerdo con la acusación, Néstor y Cristina Kirchner habrían adquirido propiedades y las habrían puesto a disposición de la maniobra investigada para recibir dinero ilícito procedente de empresas vinculadas con Lázaro Báez y con el Grupo Indalo.

La actividad hotelera e inmobiliaria habría permitido, según la hipótesis fiscal, canalizar fondos mediante operaciones comerciales y patrimoniales. La investigación sostiene que el mecanismo habría incluido tanto el alquiler de complejos hoteleros como la utilización de propiedades y las mejoras realizadas en los establecimientos.

La Fiscalía afirmó que los presuntos planes no se habrían agotado en el sistema de beneficios y prebendas a favor de empresarios considerados cercanos, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según el planteo acusatorio, posteriormente se habría desarrollado un sistema orientado a transferir y disimular parte de las ganancias mediante distintas operaciones con la familia Kirchner.

Los procedimientos mencionados en la acusación incluyen:

Préstamos vinculados con el circuito económico investigado.

Compra de propiedades y puesta de esos bienes a disposición de las operaciones cuestionadas.

Alquiler de complejos hoteleros pertenecientes a la familia Kirchner.

Mejoras en establecimientos hoteleros relacionadas con las operaciones investigadas.

Alquiler de propiedades a través de la actividad inmobiliaria.

Transferencia y disimulación de fondos, que la Fiscalía considera parte del presunto mecanismo de lavado de dinero.

Estos elementos forman parte de la hipótesis que el tribunal debe examinar durante el proceso. Las conductas descriptas corresponden a la acusación fiscal y deberán ser consideradas en el marco del juicio.

El rol atribuido a Cristina Kirchner

En la descripción de las responsabilidades individuales, la Fiscalía sostuvo que cada integrante de la presunta organización habría tenido una función específica y habría realizado un aporte al funcionamiento del esquema investigado.

En el caso de Cristina Kirchner, la acusación señaló que la expresidenta "diseñó, ejecutó y dirigió" un mecanismo de "reciclaje de fondos de origen ilícito". Esa atribución constituye uno de los ejes de la imputación por lavado de dinero que se analiza en el juicio.

La investigación también sitúa a la exmandataria en la conformación de la inmobiliaria Los Sauces S.A., creada junto con Néstor y Máximo Kirchner. A través de esa sociedad, según la información incorporada a la acusación, se adquirieron distintas propiedades.

Entre los inmuebles mencionados se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena correspondiente a la causa Vialidad.

La inclusión de ese inmueble en la descripción de los bienes adquiridos por la familia forma parte de los antecedentes patrimoniales expuestos en el marco de la investigación. La Fiscalía sostiene que las propiedades y las operaciones inmobiliarias habrían integrado el circuito mediante el cual se buscaba recibir, transferir y disimular fondos presuntamente ilícitos.

Máximo Kirchner, señalado como organizador

La acusación también atribuye un papel específico a Máximo Kirchner, diputado nacional de Unión por la Patria, a quien señala como organizador de la presunta asociación ilícita. Según los elementos expuestos en la elevación a juicio, el hijo de los expresidentes fue designado presidente del directorio de la empresa familiar. Esa función aparece vinculada con la estructura societaria que forma parte de las operaciones examinadas por la Justicia.

Además de Máximo Kirchner, la Fiscalía identificó como presuntos organizadores a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Los tres empresarios están imputados dentro de la investigación por el papel que, según la acusación, habrían desempeñado en el esquema.

La determinación de responsabilidades individuales constituye una parte central del proceso, ya que la hipótesis fiscal sostiene que los integrantes habrían realizado aportes diferenciados para el funcionamiento de la estructura investigada.