“Hay una evidente represión orquestada por autoridades de la gobernación de Formosa”, criticó el director de la División de las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco. Fue en relación a los violentos incidentes en la provincia gobernada por Gildo Insfrán, de parte de la policía contra los manifestantes en la capital provincial en rechazo a la vuelta a la fase 1 de la cuarentena. Además el dirigente tildó de “lamentable” que de la Secretaría de Derechos Humanos nacional sobre la violencia en la provincia que culpó a los "medios hegemónicos".
El dirigente explicó que como organización ya se habían manifestado contra las condiciones inhumanas en los centros de aislamiento y cuestionó las políticas ordenadas por Insfrán en medio de la pandemia de coronavirus. Vivanco planteó que se trata de medidas “denunciadas como draconianas” y que en la provincia “se imponen reglas de carácter punitivo, no inspiradas en cuestiones de salud pública”.
En cuanto a la represión criticó que se haya aplicado “el uso excesivo de la fuerza, el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos y las golpizas durante la protesta”. Los irritantes químicos que se usaron en la manifestación vencieron en 1995, el mismo año en que asumió Insfrán. Según especialistas emanan cianuro y son “extremadamente más tóxicos y peligrosos”.
Vivanco además calificó de “lamentable” el comunicado de la organización encabezada por Horacio Pietragalla sobre la violencia en la provincia. Sostuvo que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “parece ser un órgano más bien interesado en producir un manifiesto político, un pronunciamiento de carácter ideológico, atribuyéndoles a los medios la responsabilidad” de que lo ocurre en Formosa.
Cuestionó que el Gobierno a través de esa secretaría haya responsabilizado a los medios por una “supuesta campaña de desinformación para exagerar lo que pasa”. Consideró que eso es “impropio de una entidad” como la que lidera Pietragalla y que aunque en el documento se condena la violencia policial “emiten conceptos propios de un gobierno autoritario”. Planteó que en el texto también “se intentan mezclar cuestiones ideológicas y políticas con otras propias de materia de Derechos Humanos”.
Hizo un llamado a que la Argentina en estas cuestiones “en lugar de seguir usando esa figura de la Secretaría de DD. HH., que parece ser un agente del Gobierno, impulse el nombramiento de un
Defensor del Pueblo”, cargo vacante desde 2009. Afirmó que este puesto tiene “atribuciones y puede abordar circunstancias graves como las que pasan en Formosa”.
Sostuvo que como organización tienen la responsabilidad de evaluar “lo que ocurre de manera constante en todo el mundo” en materia de Derechos Humanos y que trabajan “desde una perspectiva desideologizada e independiente, obligando a todos los gobiernos a respetar los parámetros de DD. HH.”.
