El Gobierno nacional ha decidido elevar la apuesta en la previa de las sesiones extraordinarias de febrero, donde el proyecto de Régimen Penal Juvenil será el eje central del debate. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sacudió el tablero político al proponer que la edad de imputabilidad se establezca en los 12 años, superando el piso de 13 años previsto originalmente. Para la funcionaria, la normativa de 1980 es obsoleta frente a organizaciones criminales que han mutado y que hoy reclutan menores aprovechando la brecha legal vigente.
Monteoliva subrayó que Argentina se encuentra en una posición de rezago respecto a las tendencias internacionales y celebró que el Congreso finalmente aborde esta reforma. Bajo su visión, establecer un límite etario más bajo es una pieza "clave" para desarticular las nuevas estructuras delictivas, marcando un interés directo del Ejecutivo por acelerar los tiempos parlamentarios y lograr una reducción efectiva en la edad de responsabilidad penal.
En sintonía con este planteo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, reforzó la postura oficial al sostener que "el joven de 1980 no es el joven de 2026". El ministro fue tajante al señalar que el sistema actual es injusto para las víctimas y genera impunidad al permitir que los menores que cometen delitos graves regresen a la calle sin consecuencias reales. Según su análisis, el impacto de la droga y la violencia ha transformado la criminalidad juvenil en un problema que el Estado ya no puede tolerar con leyes de hace cuatro décadas.
El titular de Justicia fundamentó la necesidad de la baja etaria citando hechos recientes protagonizados por adolescentes de entre 12 y 15 años. Cúneo Libarona aseguró que en estos actos existe dolo, voluntad y conciencia, y que los menores comprenden perfectamente la gravedad de sus acciones. El proyecto, consensuado con jueces y fiscales, busca instaurar una máxima clara: "comete delitos de mayores, penas de menores", con el fin de restaurar la justicia y terminar con un ciclo de impunidad que, según el Gobierno, define al régimen actual.
Hacia un nuevo escenario legislativo
Con la incorporación del proyecto al temario de extraordinarias, el Ejecutivo busca instalar un debate firme y sin matices. La propuesta de bajar la imputabilidad a los 12 años no solo busca actualizar la ley, sino también responder a un escenario de "mucha criminalidad y mucha impunidad" descrito por los funcionarios. Con estas definiciones, la administración central deja clara su intención de confrontar las resistencias políticas y sociales para implementar lo que consideran un cambio indispensable en la seguridad y el sistema penal argentino.
