El próximo lunes, el Gobierno hará una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien liberó a las pocas horas a 114 manifestantes detenidos durante la marcha de los jubilados frente al Congreso el miércoles pasado. Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad.
A través de Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, la cartera que conduce Patricia Bullrich la acusará por sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato, un delito que se comete cuando un juez, funcionario o abogado dicta resoluciones contrarias a la ley.
Por lo tanto el Gobierno cree que la magistrada a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no actuó como debía, por lo que Andrade se manejó en base a sus opiniones y no siguiendo la ley.
El ministerio de Seguridad había anticipado la movida el viernes, cuando presentó una denuncia contra supuestos barrabravas por "sedición" y acusó a dos intendentes del conurbano, Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), de haber contribuido en la organización.
Andrade habló en las últimas horas en diversos medios y explicó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional.