El apoderado legal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Iván Sarquís, reclamó esta mañana la baja capacidad adquisitiva que tendrían los trabajadores estatales del interior de la provincia en comparación con los de Capital.

Sarquís dijo que la modificación del salario mínimo, vital y móvil anunciada el día de ayer podría generar cierta presión en las patronales y definir dentro de la planta de trabajadores quiénes están por debajo de la pobreza y quiénes no.

Citó el caso de Icaño, donde el ministerio de Salud, a través del Ejecutivo, brinda infraestructura sanitaria a los municipios, pero son estos los que tienen que dotar de personal, de modo que quienes trabajan para el municipio se encontrarían en estado de precarización.

Además, aseguró que desde ATE pidieron un sustento normativo que se realice de manera automática y legal, porque “no hay un marco legal que exija al Gobernador asistir a los municipios”, pero consideró que no sería “saludable, en función de la autonomía de cada municipio”. 

En cuanto a la gran cantidad de trabajadores estatales con que cuenta la provincia, Sarquís señaló que “son muchos los escalafones y hay una dispersión salarial tremenda, lo que genera una serie de conflictos en los acuerdos salariales generales”.

Por otro parte, se refirió a los empleados de la Brigada de incendios forestales y dijo que “son el monumento a la precarización”, ya que se trataría de trabajadores administrativos a quienes “se mandó este último año a apagar más de 60 incendios forestales, con un régimen jubilatorio de 60 y de 65 años, como el resto de empleados administrativos”.

Por último, llamó a generar una mesa de discusión que convoque a los distintos gremios y “emprolijar” el Estado.