El Gobierno nacional logró un alivio parcial en el juicio por la expropiación de YPF, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendiera dos procesos clave: el avance de embargos para ejecutar la sentencia y un trámite que buscaba sancionar a la Argentina por presunto desacato.

Sin embargo, el país todavía debe atravesar etapas decisivas para intentar revertir la condena dictada en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska, que fijó una indemnización superior a los US$16.000 millones.

Antes de esta suspensión, el proceso acumulaba cinco apelaciones ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York. Una de ellas —relacionada con la entrega de dispositivos móviles en el marco del discovery— quedó en pausa tras la decisión reciente del tribunal.

En paralelo, continúan en curso tres apelaciones consideradas secundarias:

• La impugnación de la orden de Preska para que Argentina entregue acciones de YPF como parte de pago.
• El reclamo de la propia YPF para intervenir en el juicio bajo la figura de "alter ego", luego de haber sido excluida por la magistrada.
• La presentación de la ONG Republican Action for Argentina, que solicitó anular la sentencia, pedido rechazado en primera instancia.

Para estos tres planteos, la Corte de Apelaciones fijó una audiencia de argumentos orales para el 16 de abril, donde las partes expondrán ante los jueces. No se esperan definiciones antes de que el tribunal avance sobre la cuestión de fondo.

Ese punto central es la apelación contra la sentencia de Preska, que constituye el eje del litigio. La defensa argentina busca revertir la condena o, al menos, lograr una reducción significativa del monto.

La causa ya tuvo una audiencia clave en octubre, donde los representantes de ambas partes respondieron preguntas de los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, quienes ahora analizan el caso desde cero.

Según explicó el analista Sebastián Maril, el fallo no será una resolución simple, sino un dictamen complejo en el que el tribunal evaluará la correcta aplicación de la ley sin depender del criterio de la jueza de primera instancia.

En ese escenario, se abren distintos caminos posibles: que se confirme la sentencia, que se rechace la apelación argentina, que se revierta el fallo y se devuelva el expediente a Preska para un nuevo pronunciamiento, o incluso que se anule la decisión.

La resolución podría conocerse en cualquier momento y será determinante para el impacto económico del caso, que también tiene implicancias en provincias como Catamarca, donde la actividad energética y minera forma parte de la estructura productiva.