Seis concejales y dos funcionarios municipales de Jujuy fueron imputados este viernes por la Justicia Federal luego de que se comprobara que el año pasado cobraron de manera irregular el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El fiscal federal de Jujuy, Federico Zurueta, del área de casos complejos, los acusó por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido al cobro ilegal de la ayuda económica que el gobierno nacional decretó para los trabajadores afectados por la pandemia.
De las ocho imputaciones, una fue por un hecho concretado y los otro siete en grado de tentativa. A uno de los acusados se le comprobó que percibió el beneficio en dos ocasiones, y se le impuso un embargo de 50 mil pesos. El caso con las pruebas fue presentado por la Fiscalía ante el Juzgado de Garantías 1, a cargo de Esteban Eduardo Hansen.
“La ejecución del fraude se inició con la solicitud del beneficio en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a quien le hicieron incurrir en error para obtener un tratamiento que no les correspondía”, advirtió el fiscal.
La investigación se inició de oficio el 25 de julio pasado, como consecuencia de la información difundida en varios medios periodísticos locales sobre la posible defraudación al Estado.
En este sentido, Zurueta remarcó: “Está debidamente acreditado que todos los imputados al momento de los hechos atribuidos revestían la calidad de funcionarios públicos y se encontraban prestando tales funciones”.
El principal imputado
Uno de los casos es el del concejal Diego Agustín Mayaregua, actual presidente del Concejo Deliberante de la localidad de Caimancito, ubicada a tan solo ocho kilómetros de la capital provincial. Según las averiguaciones judiciales este edil solicitó el beneficio el 27 de marzo de 2020, y seleccionó como medio de pago el de la transferencia bancaria.
De acuerdo a las pruebas recolectadas por el equipo de investigadores, Mayaregua percibió el beneficio en dos oportunidades, ya que el informe de la entidad bancaria elegida reportó dos operaciones de Anses (solicitando el IFE) por un valor de 10 mil pesos cada una, en julio y agosto de 2020.
“No entiendo cómo están mis datos en Anses”, había declarado Mayaregua cuando estalló el escándalo, a mediados del año pasado luego de que su caso fuera revelado en denuncias periodísticas. “No toqué ese dinero”, aseguró el concejal a pesar de todas las pruebas que había en su contra. Algo por lo cual terminó imputado por la Justicia.
