Natalia D'Alessandro, coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, fue la encargada del organismo estatal en admitir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado tuvo responsabilidad por violaciones al “derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación” de las vícitimas del atentado a la AMIA.

Argentina deberá pagar indemnizaciones que rozan los US$700.000.

“Quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno”, explicó D'Alessandro ante la Corte Interamericana.

En ese sentido, agregó que el Estado ha cometido “la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, en el momento que se decidió pagar 400 mil dólares al desarmador de automóviles Carlos Telleldín con el fin de acusar fraudulentamente a un grupo de policías por el atentado en 1994.

El vicepresidente de la Corte Interamericana, Humberto Sierra Porto, mencionó que tuvo “sentimientos complejos porque el reconocimiento del Estado es más duro que la misma alegación de las víctimas, es un asunto que tiene una dimensión fuera de lo común”.

La querella, a cargo de la letrada Paula Litvachky, también participó de la asamblea y resaltó que el Estado por sí mismo “no fue capaz de averiguar la verdad” y sumó que “tanto con acciones como con desidias, privó a todos de la verdad histórica”.

Por último, el juez Porto remarcó que Argentina tiene que buscar en su historia las razones de tal inmoralidad: “Solo los argentinos pueden llegar a acuerdos en una materia tan sensible como la organización judicial”.

El trágico atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el lunes 18 de julio de 1994, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).