La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) analizó el proyecto de ley denominado "Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario", conocido como de "inocencia fiscal", y manifestó su preocupación por algunos de los cambios que contempla la iniciativa enviada al Congreso por el presidente Javier Milei el pasado 9 de diciembre.

La entidad, presidida por Natalio Mario Grinman, valoró positivamente los objetivos de reducción de impuestos y simplificación del sistema tributario que plantea el proyecto. Sin embargo, advirtió que el esquema de multas propuesto resulta excesivo y podría generar un impacto negativo significativo sobre el sector empresario, especialmente en pequeñas y medianas empresas del interior del país, incluidas las radicadas en provincias como Catamarca.

En un comunicado oficial, la CAC reconoció la necesidad de actualizar los montos de las sanciones previstas en la legislación vigente, pero sostuvo que los valores propuestos para la Ley N° 11.683 "resultan excesivos y pueden llevar a numerosas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a sufrir importantes quebrantos".

Ante este escenario, la cámara empresaria propuso avanzar hacia un sistema de multas escalonado que contemple las diferencias entre los contribuyentes. Según explicó, se trata de un esquema que sea "suficientemente punitivo y disuasivo" para cada tipo de infracción, pero que no provoque "daños desmedidos" en la estructura económica y financiera de las empresas.

"Se propone modificar el sistema de multas planteado por uno escalar, en particular para las infracciones formales, que permita que el monto de las sanciones se adecue al tipo de contribuyente considerando su capacidad económica presunta", señaló la CAC. Desde la entidad remarcaron que esta mirada resulta clave para preservar la actividad de las pymes y el empleo, especialmente en economías regionales con menor espalda financiera.

Reforma del Régimen Penal Tributario: qué plantea el proyecto

El proyecto de ley de "inocencia fiscal" apunta a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes, con el objetivo de simplificar los procesos impositivos, reducir la conflictividad judicial y promover la regularización voluntaria de quienes mantienen deudas fiscales o fondos fuera del sistema financiero.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es facilitar el reingreso de dólares no declarados al circuito formal, sin la aplicación de multas ni sanciones penales, en un intento por ampliar la base tributaria y fortalecer la recaudación.

La propuesta introduce cambios en tres aspectos principales: el procedimiento tributario, el régimen penal tributario y las declaraciones impositivas. En cuanto al régimen penal, el proyecto actualiza los montos que determinan la existencia de delitos fiscales, que actualmente se consideran desfasados por la inflación.

En ese sentido, el piso para la evasión simple se elevaría de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que el umbral para la evasión agravada pasaría de 15 millones a 1.000 millones de pesos.

Además, se incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda y los intereses antes de que se formule la denuncia. Si el proceso judicial ya se inició, podrá cerrarse mediante el pago total más un adicional del 50% dentro de los 30 días. Esta opción, según el proyecto, solo podrá utilizarse una vez por persona o empresa.