La Cámara de Diputados de la provincia, en la duodécima segunda y última sesión ordinaria del año parlamentario, otorgó media sanción al Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2026. La "ley de leyes" fue sancionada junto a la ley impositiva, los presupuestos de la Legislatura y la Defensoría del Pueblo, y una reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial.
El proyecto de gastos y recursos del sector público provincial asciende a un total de $2,66 billones, contemplando además una autorización clave para el Poder Ejecutivo para tomar deuda por hasta $89 mil millones.
Eje del debate: ajuste nacional y prioridades provinciales
El debate se centró en el significado político y social de administrar los recursos provinciales en un contexto de retracción económica, donde la Nación ha reducido significativamente las transferencias. Esta situación, según se expuso, ha obligado a las provincias a "rediseñar prioridades, ajustar partidas y reforzar áreas críticas" como Salud, Educación, Infraestructura y Asistencia Social.
La miembro informante, la diputada Mónica Zalazar (Frente de Todos), defendió la iniciativa, destacando que la propuesta mantiene y refuerza el plan de obra pública, que se ejecutará con "el esfuerzo conjunto del Ministerio de Infraestructura, Vialidad Provincial y el sector privado". Además, subrayó la profundización de iniciativas orientadas a sostener la economía local, como el fortalecimiento de pymes, el incentivo a inversiones y el desarrollo de sectores estratégicos, nombrando al turismo y la minería como "motores clave".
Zalazar detalló la asignación de partidas:
Hacienda y Obras Públicas: 36,5%
Educación: 19%
Salud: 17,5%
Cruces políticos por la deuda y el gasto
La votación no estuvo exenta de fuertes posicionamientos políticos. La diputada María Argerich (FT) defendió el proyecto como un "escudo protector ante la fragilidad económica general, el ajuste de Nación y la falta de previsibilidad" por la ausencia de un presupuesto nacional. Por su parte, el diputado Gustavo Aguirre (FT) diferenció a la oposición, cuestionando que "quienes critican la posibilidad de que la provincia tome deuda representan y defienden un gobierno nacional que hizo del endeudamiento la esencia de su gestión".
Desde la oposición, el bloque Generación del Cambio anticipó su voto negativo. Tiago Puente (G. del Cambio) rechazó la propuesta, mientras que su par Mamerto Acuña solicitó una mayor intervención legislativa en los fondos provenientes de fideicomisos mineros: "Debemos decidir en qué se invierten esos recursos", reclamó.
A pesar de las diferencias, hubo apoyo transversal. Alfredo Marchioli (UCR) anticipó su respaldo, rescatando el bajo nivel de endeudamiento de la provincia (menos del 0,5%) y considerándolo un momento oportuno para tomar deuda, siempre y cuando sea para "mejorar la competitividad". También acompañó la propuesta Enrique Cesarini (PRO) al señalar la necesidad de que "la provincia cuente con un presupuesto".
En un tono más confrontativo, Federico Lencina (LLA) alineó su crítica con la gestión libertaria nacional y cuestionó la administración fiscal local, anticipando su voto negativo con el argumento de que "Catamarca recibe más, gasta más y los resultados no son muy buenos".
Finalmente, tras una votación nominal, el Presupuesto 2026 obtuvo media sanción por amplia mayoría, contando con el respaldo de 30 legisladores, 7 votos en contra y 2 ausencias.
Ley Impositiva
El proyecto de Ley Impositiva 2026 llegó al recinto con dos dictámenes para su debate. El despacho de mayoría, presentado por el Frente de Todos y aprobado con media sanción, fue explicado por María Argerich. La legisladora remarcó que el proyecto "respeta los consensos fiscales suscriptos entre la provincia y la Nación, y adecúa el valor de la unidad tributaria y valores fijos en general en un 29,6% según la inflación informada por el Ministerio de Economía".
Sobre ingresos brutos, señaló que "se respetan los topes de las alícuotas previstas para cada rubro o actividad según el consenso fiscal" y destacó incentivos productivos: "Se ratifica la política estatal de otorgar beneficios fiscales para impulsar la actividad y promover inversiones en materia industrial, agropecuaria, turística, de energía renovable y de la economía del conocimiento". Argerich también resaltó que "tendrán grandes beneficios quienes saquen créditos hipotecarios; se les exime del impuesto a los ingresos brutos y de los sellos cuando el destino sea vivienda única en la provincia".
