La Confederación General del Trabajo (CGT) profundizó el conflicto en torno a la reforma laboral al presentar la recusación contra los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que, la semana pasada, dejaron sin efecto la medida que suspendía la aplicación de la norma. La central obrera solicitó además la nulidad del fallo, al considerar que la resolución "carece de todo fundamento".
La presentación, realizada por el abogado Pablo Topet, apunta directamente contra los camaristas Víctor Pesino y María Dora González, a quienes acusa de haber prejuzgado al momento de dictar la resolución. La decisión judicial había reactivado la vigencia de cerca de 80 artículos de la reforma laboral, que previamente se encontraban suspendidos por una medida cautelar.
Cuestionamientos
Uno de los ejes centrales del planteo de la CGT radica en la supuesta falta de imparcialidad de los magistrados. En particular, la central obrera sostuvo que Víctor Pesino habría recibido "un beneficio de importancia por parte del Estado Nacional", lo que, a su entender, configura una causal objetiva de apartamiento.
El cuestionamiento se vincula con un hecho ocurrido inmediatamente después del fallo: el Gobierno envió al Senado un pedido de extensión de cinco años para que el juez continúe en su cargo, pese a que próximamente cumplirá 75 años, la edad máxima establecida por la Constitución Nacional.
En ese sentido, la CGT fue categórica al señalar que la intervención del magistrado en un expediente en el que podía favorecer la posición de la parte demandada, en simultáneo con un beneficio de tal magnitud, constituye una conducta "contraria a la ética" y motivo suficiente para su recusación.
Críticas al Gobierno y al proceso judicial
El planteo no se limitó a los jueces. La central obrera también dirigió críticas al Estado Nacional, al considerar "no menos descalificable" su accionar en este contexto. Recordó que el Gobierno había aprobado en el Congreso la transferencia del fuero laboral, estableciendo que no se enviarían nuevos nombramientos de jueces para ese ámbito, lo que, según la CGT, entra en contradicción con el pedido elevado al Senado.
En relación con el contenido del fallo, la entidad cuestionó la falta de fundamentación adecuada. Según el escrito, los jueces omitieron explicar de manera razonable qué artículos debían aplicarse y cuáles debían permanecer suspendidos, lo que calificaron como una combinación de omisión y prejuzgamiento.
Además, se señaló que los magistrados resolvieron sin permitir que la CGT pudiera expresar su posición en el proceso, lo que refuerza, según la entidad, la invalidez de la sentencia.
El impacto sobre los derechos laborales
La controversia gira en torno a artículos clave de la reforma laboral que afectan aspectos sensibles del régimen de trabajo. Entre los puntos cuestionados por la CGT se encuentran:
- Regulaciones sobre la Ley de Contrato de Trabajo
- Modificaciones en la libertad sindical
- Reducción de montos indemnizatorios
- Posibilidad de pago en cuotas de indemnizaciones
- Restricciones en el derecho a huelga
Estos artículos habían sido suspendidos inicialmente mediante una medida cautelar, tras la presentación de un amparo por parte de la central obrera. La decisión de la Cámara del Trabajo de restituir su vigencia se produjo mientras aún se encuentra pendiente una resolución de fondo sobre su inconstitucionalidad.
En ese marco, la CGT sostuvo que los derechos laborales tienen una "naturaleza alimentaria", lo que implica una especial protección jurídica, y cuestionó que los jueces no hayan aplicado la excepción prevista en la ley de medidas cautelares contra el Estado.
Asimismo, el escrito expresó preocupación por el criterio de los magistrados al considerar que los trabajadores en relación de dependencia no son socialmente vulnerables, una interpretación que, según la central, implica un desconocimiento de la legislación vigente.
Próximos pasos
En el tramo final de su presentación, la CGT reiteró el planteo del caso federal, lo que habilita la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Paralelamente, advirtió que llevará el conflicto a instancias internacionales, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otro de los cuestionamientos formulados se refiere a la competencia del tribunal. La central obrera sostuvo que el caso no debía ser tratado por la Sala VIII, integrada por Pesino y González, sino por la Sala I, lo que añade un nuevo elemento de controversia sobre la validez del fallo.
De este modo, el conflicto en torno a la reforma laboral no solo se mantiene abierto, sino que suma nuevos capítulos en el plano judicial e institucional, en un escenario marcado por fuertes tensiones entre el movimiento sindical, el Poder Judicial y el Gobierno nacional.