La Corte de Apelaciones de Nueva York respalda la defensa de YPF y frena a los fondos litigantes
El Segundo Circuito rechazó el pedido de revisión de sentencia de Burford Capital, consolidando un fallo favorable al Estado argentino en el histórico juicio por la estatización de YPF. La medida es celebrada como un triunfo jurídico y político.

En un "hito en la defensa soberana", según la Procuración del Tesoro, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este martes el pedido de revisión de sentencia (rehearing in banc) presentado por los demandantes en el histórico juicio por la estatización de YPF.

El Gobierno argentino considera la decisión como un revés judicial clave para los fondos de inversión que litigan contra el país. La medida frena el intento del bufete Burford Capital, representante de los fondos Petersen y Eton Park, de revertir el escenario actual.

El presidente Javier Milei destacó la resolución en sus redes sociales con un mensaje breve pero contundente: "Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF". La publicación subraya la relevancia política y simbólica del fallo en la agenda gubernamental, consolidando la narrativa de defensa de los intereses nacionales.

La comunicación oficial y su alcance

Las novedades en el terreno jurídico fueron informadas por el cuerpo de abogados que trabajan para el Estado argentino a través de un comunicado oficial. En el texto se establece que:

  • El tribunal estadounidense negó la solicitud para que el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones volviera a examinar el fallo.
  • Desde la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, destacaron que la decisión "constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación".
  • Además, subrayaron que la resolución "reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país", consolidando la postura argentina frente a los reclamos internacionales.

Este comunicado refleja no solo el contenido técnico del fallo, sino también la estrategia de comunicación del Estado: enfatizar la solidez jurídica y la defensa de los intereses soberanos en escenarios judiciales complejos y de alta exposición internacional.

Contexto del litigio

El juicio por la estatización de YPF se desarrolla en los tribunales de Manhattan desde hace más de una década. El conflicto gira en torno a los perjuicios reclamados por los fondos Petersen y Eton Park tras la expropiación de acciones de la petrolera en 2012.

Para los analistas internacionales, el rechazo a este recurso de insistencia reduce drásticamente los márgenes de maniobra de los demandantes en esta instancia de apelación. En otras palabras, la Corte de Apelaciones mantiene firme el fallo que favorece al Estado argentino y limita la posibilidad de un cambio judicial en favor de los fondos de inversión.

La Procuración enfatizó: "Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público". La declaración subraya la combinación de estrategia legal, disciplina técnica y coordinación institucional que ha marcado la actuación del Estado argentino en este litigio de alto perfil.

Implicancias y lectura estratégica

Más allá de la dimensión legal, la resolución tiene una importancia política y económica. La reafirmación del fallo favorable consolida la narrativa del Gobierno sobre la protección de los activos estratégicos del Estado, reforzando la credibilidad de sus equipos jurídicos en escenarios internacionales.

Asimismo, el rechazo del rehearing in banc por la Corte de Nueva York envía un mensaje claro a otros posibles litigantes: los tribunales estadounidenses mantienen la solidez del fallo original, reduciendo la viabilidad de maniobras similares en futuros procesos.

En síntesis, la decisión marca un avance concreto en la defensa de la soberanía económica y refuerza la estrategia jurídica del Estado argentino en tribunales internacionales, estableciendo un precedente en el manejo de litigios complejos vinculados a la expropiación de empresas estratégicas.