La Corte Suprema de Justicia de la Nación se prepara para definir el destino de los bienes decomisados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados en el juicio por la Causa Vialidad. Tras la orden del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), los inmuebles pasaron formalmente a la órbita del máximo tribunal, que ahora deberá establecer si serán utilizados para funciones judiciales o si se procederá a su subasta.
El expediente quedó en manos del cuerpo integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, aunque será la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte la encargada de realizar el análisis técnico y las recomendaciones correspondientes. Ese organismo evaluará la condición de los bienes, su ubicación y potencial utilidad para el Poder Judicial antes de elevar un informe para la decisión final.
Entre las alternativas que se barajan figura la posibilidad de que algunas propiedades sean destinadas a dependencias judiciales en el sur del país, a depósitos administrativos o incluso como sedes para la realización de juicios. En caso de que no resulten funcionales para esos fines, los bienes serán enviados a subasta pública, proceso que también quedará bajo supervisión judicial.
Un decomiso histórico
Los bienes incautados forman parte de la sentencia que en diciembre de 2022 condenó a la exmandataria a seis años de prisión —cumplidos bajo el régimen de detención domiciliaria— y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo, dictado por el TOF 2, también incluyó condenas al empresario Lázaro Báez y a otros involucrados en la administración irregular de fondos destinados a la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El decomiso alcanzó un total de 122 inmuebles cuya identificación fue realizada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Se trata de propiedades consideradas instrumentos o productos del delito, o bien activos incorporados durante el período en que —según la sentencia— se desarrolló la maniobra fraudulenta. El valor original fijado fue de $84.835 millones, luego actualizado por peritos contadores a $684.990 millones de acuerdo con criterios técnicos avalados por la Corte Suprema.
El fallo que ordenó el decomiso sostuvo que, en los casos en que los condenados resultaron beneficiarios del producto o provecho del delito, la medida se inscribe en la tradición del sistema penal argentino. Su objetivo, explicó la resolución, es evitar que el delito genere beneficios económicos y neutralizar los efectos patrimoniales de una conducta ilícita comprobada.
Asimismo, la resolución remarcó la función reparadora del decomiso, destacando su importancia en el marco de la política pública de recuperación de activos provenientes de la corrupción. En ese sentido, mencionó que la Argentina tiene obligaciones internacionales en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros compromisos asumidos.
Qué pasa con terceros no condenados
El tribunal también aclaró que los bienes en poder de personas no condenadas solo pueden ser alcanzados por el decomiso en casos muy específicos: cuando se trate de personas jurídicas que hayan resultado beneficiadas por el producto del delito o terceros que hayan recibido bienes a título gratuito. Fuera de esas excepciones, la sentencia no habilita la afectación de propiedades pertenecientes a quienes no fueron parte del proceso penal.
La ejecución del decomiso fue ordenada luego de que los condenados no cumplieran con el pago fijado. A partir de ese incumplimiento, el TOF 2 ordenó avanzar con las medidas correspondientes, lo que derivó en la transferencia de la administración de los bienes a la Corte Suprema.
En los próximos días, la Dirección de Gestión Interna comenzará el análisis detallado que permitirá determinar si parte de los inmuebles puede ser utilizada para mejorar la infraestructura judicial, especialmente en regiones donde el Poder Judicial enfrenta carencias edilicias. La decisión final, sin embargo, quedará en manos de los ministros de la Corte, que deberán resolver si los bienes serán aprovechados institucionalmente o si se dispondrá su venta en remates públicos.