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La defensa de Martín Insaurralde busca frenar la indagatoria en la causa Yategate

La presentación realizada ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora cuestiona el análisis de la fiscalía y sostiene que toda la evolución patrimonial del exfuncionario cuenta con respaldo documental. La definición sobre una eventual citación a indagatoria quedó supeditada a la decisión judicial, que podría recaer en el nuevo titular del juzgado.

19 Julio de 2026 00.58

La defensa de Martín Insaurralde presentó un escrito ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora con el objetivo de intentar desactivar el pedido de indagatoria en el marco de la causa Yategate, expediente en el que el exintendente está acusado de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El planteo fue presentado después de que el juez Luis Armella recibiera el peritaje contable elaborado por expertos de la Corte Suprema y de la Procuración General. De acuerdo con ese informe, se habrían detectado inconsistencias vinculadas con bienes, gastos y movimientos financieros del exfuncionario, elementos que forman parte de la investigación judicial y que constituyen uno de los ejes centrales del expediente.

Frente a ese escenario, la defensa procuró responder punto por punto a las observaciones incorporadas al proceso, sosteniendo que la documentación reunida demuestra el origen y la disponibilidad de los fondos cuestionados.

La estrategia de la defensa y las críticas al análisis fiscal

Los abogados Fernando Pinto y Nicolás Maciel afirmaron en su presentación que Martín Insaurralde "justificó cada uno de los puntos objetados" y que aportó documentación respaldatoria suficiente para acreditar cada uno de los aspectos analizados.

En el escrito también cuestionaron el trabajo presentado por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, al sostener que el análisis fiscal resulta "fragmentario y metodológicamente sesgado". Según la defensa, esa reconstrucción patrimonial omitió considerar ingresos que calificó como lícitos correspondientes a quien entonces era esposa de Insaurralde, Jésica Cirio.

De acuerdo con el planteo presentado ante el juzgado, la reconstrucción integral de ingresos y egresos permite arribar a una conclusión distinta de la sostenida por la acusación. En ese sentido, los abogados manifestaron que "no hubo incrementos patrimoniales injustificados", al entender que todos los movimientos económicos cuentan con explicación y respaldo documental.

La transferencia de Jésica Cirio y el análisis de los gastos

Uno de los puntos destacados por la defensa se refiere a una operación registrada en el peritaje judicial. Según el escrito, la pericia confirmó una transferencia realizada por Jésica Cirio en enero de 2023, consistente en USD 250.000 y $2 millones.

Para los abogados, esa operación constituye un elemento relevante porque explicaría parte de los gastos que habían sido objeto de cuestionamientos dentro de la investigación, incluyendo desembolsos vinculados con viajes al exterior.

El informe contable incorporado al expediente también consignó datos sobre el nivel de gastos registrado por el exintendente durante distintos períodos.

Entre los principales elementos mencionados figuran:

  • En 2021, Martín Insaurralde destinó cerca del 80% de su salario a viajes.
  • En 2022, registró gastos superiores a $16 millones.
  • En ese mismo año declaró ingresos por $4,7 millones.

A pesar de esos registros, la defensa sostuvo que los propios peritos concluyeron que el exintendente "contaba con los fondos necesarios" para afrontar esos gastos, interpretación que considera determinante para descartar la existencia de un incremento patrimonial injustificado.

La respuesta a la acusación por lavado de activos

Otro de los capítulos desarrollados en el escrito presentado por la defensa aborda la acusación por lavado de activos.

En relación con ese aspecto de la investigación, los abogados afirmaron que la compra del inmueble ubicado en San Martín 1440 fue realizada con recursos provenientes de la venta de otra propiedad situada en la misma zona.

Según la presentación, esa operación se encuentra debidamente documentada y registrada ante el fisco, por lo que consideran que existe trazabilidad suficiente respecto del origen de los fondos utilizados para concretar la adquisición del inmueble.

El escrito también rechazó las sospechas formuladas sobre la empresa Sasaxa Líbero S.A., integrada por familiares de Martín Insaurralde.

En ese punto, la defensa aseguró que la firma desarrolló actividad comercial real, vinculada a:

  • Gastronomía.
  • Servicios de barras móviles.

Con ese argumento buscó refutar cualquier interpretación que vincule a la empresa con maniobras de lavado de activos.

El viaje a Marbella y el origen de los fondos

La defensa también dedicó un apartado específico al episodio que dio origen público a la causa Yategate.

Los abogados afirmaron que "no existió aplicación de recursos de origen desconocido" y sostuvieron que la disponibilidad del dinero utilizado para el viaje a Marbella provino de fuentes lícitas y registradas.

Ese viaje adquirió relevancia luego de la difusión de imágenes de Martín Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici, hecho que impulsó el inicio de la investigación y que continúa siendo uno de los antecedentes centrales del expediente judicial.

Desde la perspectiva de la defensa, toda la documentación incorporada permite reconstruir el origen de los recursos utilizados y demostrar que los fondos empleados contaban con respaldo suficiente.

La decisión judicial pendiente

Con el peritaje contable ya concluido, el juez Luis Armella quedó en condiciones de resolver si corresponde citar a Martín Insaurralde a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa Yategate.

Sin embargo, la resolución podría no ser adoptada por el actual magistrado. La definición también podría quedar en manos del nuevo titular del juzgado, Juan Tomás Rodríguez Ponte, cuya designación ya fue aprobada por el Senado y permanece a la espera de su publicación en el Boletín Oficial.

De este modo, el expediente atraviesa una instancia decisiva. Mientras la defensa sostiene que el peritaje y la documentación presentada acreditan la licitud de los ingresos, el respaldo patrimonial de los gastos y el origen de los fondos cuestionados, el proceso queda ahora sujeto a la decisión que adopte la autoridad judicial respecto del pedido de indagatoria y a quién corresponda finalmente conducir esa definición.