La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, sumó un nuevo capítulo con un fuerte reclamo institucional de su familia. Los padres del menor resolvieron enviar una carta al presidente Javier Milei para solicitar su intervención con el fin de destrabar la realización del juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del niño.
La iniciativa no se limitó al Poder Ejecutivo. Según se informó, fueron redactadas cuatro misivas dirigidas a distintos estamentos clave del sistema institucional y judicial:
- Presidente Javier Milei
- Corte Suprema de Justicia
- Ministerio de Justicia
- Cámara Federal de Casación Penal
La presentación fue confirmada por María Belén López Cornara, integrante de la querella, explicó el alcance del pedido formulado por la familia.
El reclamo por el inicio urgente del debate oral
De acuerdo con lo señalado por la letrada, los particulares damnificados exigen que el presidente intervenga política e institucionalmente para acelerar el inicio del debate oral y público. El planteo se produce luego de la audiencia preliminar del viernes 27 de febrero, instancia en la que los jueces habían fijado como fecha de inicio del juicio el 7 de octubre. Sin embargo, esa definición no conformó a las partes, que manifestaron su desacuerdo, tras lo cual los integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes aceptaron rever la agenda.
Ese punto se convirtió en el eje central del reclamo familiar: evitar nuevas demoras en una causa de altísima sensibilidad, con un niño desaparecido desde hace meses y un proceso que aún no logró ingresar en la etapa de debate.
Pedidos a la Corte, al Ministerio y a Casación
En paralelo al pedido dirigido a Milei, María Noguera y José Peña, padres del niño, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que disponga la integración del tribunal y garantice que el proceso avance sin dilaciones.
A su vez, elevaron un planteo al Ministerio de Justicia, cartera encabezada por el ministro Juan Bautista Mahiques, con el objetivo de que se suministren los recursos y el apoyo necesario para el juicio. El cuarto reclamo fue remitido a la Cámara Federal de Casación Penal, donde los querellantes pidieron que el cuerpo "actúe con prioridad" y prevenga cualquier demora en su eventual intervención.
La postura de la fiscalía
El reclamo por celeridad también fue respaldado por los fiscales generales de la Unidad Fiscal Corrientes, Carlos Schaefer y Tamara Ahimara Pourcel, quienes solicitaron al TOF "una fecha de debate urgente". Los funcionarios sostuvieron que existe una "imperiosa necesidad de continuar con el trámite del expediente", con un doble objetivo:
- Evitar que se continúe vulnerando el derecho de acceso a la justicia de la familia damnificada
- Resolver la situación procesal de los imputados
La definición de la fiscalía refuerza la centralidad que adquirió la discusión sobre los tiempos judiciales, en una causa donde la familia insiste en obtener respuestas concretas.
Los imputados que serán juzgados
En el juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan, serán juzgados:
- María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal
- Carlos Pérez, ex capitán de la Armada
- Laudelina Peña, tía de la víctima
- Antonio Bernardino Benítez, esposo de Laudelina
- Mónica del Carmen Millapi
- Daniel "Fierrito" Ramírez
- Walter Maciel, ex comisario
La pesquisa paralela y los otros acusados
En la pesquisa paralela, vinculada a los delitos de:
- Privación ilegítima de la libertad
- Defraudación a la administración pública
- Encubrimiento
- Falso testimonio
- Violación de secreto profesional
- Suministro de estupefacientes a título gratuito
- Resistencia a la autoridad
- Usurpación de insignias
- Usurpación de títulos profesionales
se encuentran imputados:
- Federico Rossi Colombo
- Nicolás Soria
- Elizabeth Cutaia
- Alan Cañete
- Delfina Taborda
- Pablo Noguera
- Pablo Núñez
- Valeria López
- Verónica Machuca Yuni
- Leonardo Rubio
Con este nuevo movimiento institucional, la familia de Loan profundiza su estrategia para evitar nuevas postergaciones y lograr que el juicio avance con la urgencia que, según sostienen, exige la desaparición del niño.
