En un fallo de fuerte impacto institucional, la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió rechazar la apelación del Gobierno nacional y ratificó la medida cautelar dictada en primera instancia, que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La decisión judicial reafirma la obligación de la administración pública de cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, puntos centrales de la norma que abarcan la actualización salarial de docentes y no docentes de las universidades públicas correspondiente al período comprendido entre el 1/12/2023 y la sanción de la ley en septiembre de 2025.

La resolución también incluye la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles, consolidando así el núcleo presupuestario que había quedado suspendido por decisión del Ejecutivo.

Los fundamentos del fallo

En los fundamentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán fueron especialmente críticos con la postura del Estado. Según surge de sus argumentos, calificaron como "poco serios" los agravios presentados por el Poder Ejecutivo, particularmente en lo relativo a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, remarcaron que la ejecución de la cautelar presenta un impacto fiscal bajo, por lo que no se afecta sustancialmente el interés público. Por el contrario, la Cámara subrayó que lo que está en juego es un derecho central consagrado por la Constitución: la educación superior pública.

Ese razonamiento fortaleció la decisión de mantener vigente la orden judicial y profundizó el revés para la estrategia oficial de frenar la aplicación de la ley por la vía recursiva.

El antecedente

La cautelar ratificada ahora por la Cámara había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario.

La presentación judicial contó con el respaldo de más de 40 universidades públicas, lo que dimensionó el alcance del reclamo dentro del sistema educativo.

En aquel fallo, el magistrado había considerado que el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y condicionó su aplicación a la definición de recursos específicos, presentaba rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".

También sostuvo que existía una "inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico", en referencia a la demora oficial y a su impacto directo en el funcionamiento universitario.

La postura del Gobierno y el eje presupuestario

Desde la Nación, la decisión judicial había sido cuestionada como "arbitraria". El argumento oficial sostiene que la ley requiere, antes de su ejecución, la definición de fuentes de financiamiento y la incorporación de partidas específicas en el Presupuesto.

Según esa postura, la cuestión presupuestaria corresponde al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. Además, el Gobierno advirtió sobre eventuales consecuencias sobre el equilibrio fiscal, una objeción que fue desacreditada por la Cámara al remarcar el bajo impacto de la medida.

El conflicto universitario

La disputa por el financiamiento universitario escaló con fuerza entre 2024 y 2025, con masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales en las principales ciudades del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.

Las movilizaciones tuvieron como eje el rechazo a la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, pese a que la norma ya contaba con aprobación parlamentaria.

A mediados del año pasado, la oposición consiguió sancionar la ley en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei, aunque posteriormente el Ejecutivo avanzó con un decreto para evitar su ejecución.

En paralelo al frente judicial, la estrategia oficial busca elaborar una nueva ley que modifique el esquema financiero actual sin derogarlo, con la intención de alcanzar el consenso político necesario en el Congreso. Desde la Secretaría de Educación se sostiene el compromiso de avanzar hacia una solución que garantice recursos y seguridad jurídica para las universidades.