La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick amplió los fundamentos de una resolución anterior y volvió a intimar al Estado nacional a cumplir con la medida cautelar vinculada con la actualización salarial de docentes y no docentes y con las becas estudiantiles, tal como establece la Ley de Financiamiento Universitario.

La nueva resolución establece otros cinco días de plazo para que el Gobierno cumpla con lo ordenado. Al igual que en su decisión anterior, el magistrado volvió a advertir que, si el Estado nacional no acata la cautelar, podrá aplicar multas diarias, conocidas en el lenguaje judicial como astreintes.

La decisión fue firmada esta mañana como respuesta a un pedido de revocatoria presentado por el Gobierno contra la intimación que Cormick había dispuesto el 22 de septiembre. De este modo, el planteo oficial no modificó la posición adoptada previamente por el magistrado, quien ratificó la obligación de avanzar con el cumplimiento de la medida.

Una cautelar que quedó firme tras el fallo de la Corte

En los fundamentos de su nueva resolución, Cormick recordó que la medida cautelar que él mismo había dictado en diciembre pasado se encuentra firme. La situación quedó definida después del fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, cuando el máximo tribunal rechazó el último recurso presentado por el Gobierno.

Ese antecedente resulta central para el nuevo pronunciamiento judicial. Con la cautelar firme, el magistrado volvió a analizar los argumentos expuestos por los representantes del Estado y los contrastó con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

Uno de los puntos destacados por Cormick fue la evolución de los precios durante el período considerado. En ese sentido, dejó asentado que la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y junio de 2026, mes en el que quedó firme la cautelar, alcanzó el 312,19%.

El porcentaje fue incorporado por el juez como una de las variables que deben ser ponderadas para determinar el alcance de las actualizaciones previstas por la norma.

El juez consideró que hubo un "cumplimiento parcial"

El Gobierno sostuvo que estaba cumpliendo con la medida cautelar y presentó como argumento el acta paritaria de junio pasado, mediante la cual se estableció un 21,3% de aumento, más un 3% previsto para octubre.

Sin embargo, para Cormick esa explicación no alcanza para acreditar el cumplimiento integral de lo ordenado. El magistrado calificó la situación como un "cumplimiento parcial" y cuestionó específicamente la forma en que, según el planteo oficial, se habrían calculado los incrementos y las actualizaciones salariales.

En su resolución señaló que no surge respaldado que el cálculo correspondiente a los aumentos alcanzados y a las actualizaciones de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas haya sido efectuado conforme al mecanismo establecido por la norma, teniendo en cuenta las variables de ajuste.

En ese punto, la referencia a la inflación acumulada del 312,19% vuelve a ocupar un lugar central dentro del razonamiento judicial. Además, Cormick sostuvo que los abogados del Gobierno fundamentaron su presentación en circunstancias que ya habían sido analizadas dentro del expediente. Según dejó asentado el magistrado, sus argumentos vuelven sobre planteos que ya habían sido rechazados por el Tribunal.

Una resolución "contundente"

La nueva decisión fue recibida por el sector universitario como un respaldo a la posición que viene sosteniendo en el conflicto judicial. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, calificó la resolución como "contundente y fundamentada" en declaraciones a Clarín.

El CIN fue la institución que promovió el año pasado la demanda judicial contra el Estado nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida cautelar dictada por Cormick en diciembre, posteriormente ratificada por la Cámara de Apelaciones en marzo y establecida como de aplicación "inmediata" por involucrar conceptos de carácter alimentario, como salarios y becas, atraviesa ahora un extenso recorrido judicial sin que, según el planteo universitario, haya sido aplicada en su totalidad.

El proceso también tuvo un momento controvertido cuando el fuero Contencioso Administrativo decidió suspender la ejecución de la cautelar argumentando que el Gobierno había llevado el recurso ante la Corte Suprema y que correspondía esperar la definición del máximo tribunal.

Una cadena de plazos que todavía no termina

Desde el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que dejó firme la cautelar al rechazar el recurso del Gobierno, el expediente acumuló distintas instancias de requerimiento al Estado nacional.

La secuencia incluyó:

• Una audiencia convocada por el juez Cormick.
• Un plazo adicional de tres días para que el Gobierno explicara su posición.
• Una posterior intimación de cinco días para avanzar con el pago.
• La nueva resolución que vuelve a otorgar otros cinco días para cumplir con la cautelar.
• La advertencia de posibles multas diarias o astreintes ante un eventual incumplimiento.

Para la comunidad universitaria, el conflicto salarial mantiene una dimensión económica concreta. Según la estimación del sector, ya supera el 33% el aumento salarial que debería depositarse para cumplir con la ley, tomando como referencia la inflación del 312,19% señalada por el juez para el período correspondiente.