La Cámara de Diputados fue escenario de una nueva disputa política entre el oficialismo y la oposición luego de que La Libertad Avanza lograra frustrar la sesión especial en la que distintos bloques buscaban avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La convocatoria finalmente no prosperó debido a que la oposición no consiguió reunir el quórum de 129 legisladores necesario para habilitar el inicio del debate.
La caída de la sesión fue el resultado de una estrategia articulada por el Gobierno nacional junto a bloques aliados, entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical y legisladores provinciales, quienes acordaron no bajar al recinto. La maniobra terminó por impedir que la oposición alcanzara el número requerido para poner en marcha la discusión parlamentaria.
La estrategia oficial para evitar el debate
Antes de la sesión, el Gobierno había mantenido conversaciones con fuerzas aliadas para garantizar la ausencia de diputados clave en el recinto. Paralelamente, promovió una convocatoria para la próxima semana de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja con el objetivo de postergar el tratamiento de una eventual interpelación al funcionario.
La operación política fue diseñada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y tuvo como resultado la desactivación de la sesión impulsada por los bloques opositores.
El movimiento oficialista se apoyó en una doble estrategia: por un lado, impedir el quórum necesario para iniciar el debate y, por otro, encauzar cualquier intento de tratamiento hacia el ámbito de comisión, donde los tiempos parlamentarios pueden extenderse considerablemente.
Quiénes impulsaban la convocatoria
La sesión especial había sido solicitada por un amplio abanico de legisladores de distintos espacios políticos. Entre los firmantes figuraban:
- Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.
- Nicolás del Caño.
- Myriam Bregman.
- Romina del Plá.
- Néstor Pitrola.
- Esteban Paulón, del Partido Socialista.
- Marcela Pagano, de Coherencia.
- Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
La convocatoria buscaba tratar una serie de proyectos de resolución vinculados a la situación del jefe de Gabinete y a diversas denuncias que actualmente son objeto de investigación.
Los proyectos incluidos en el temario
El orden del día contemplaba seis proyectos de resolución orientados a requerir explicaciones por parte de Manuel Adorni. Las iniciativas solicitaban que el funcionario brindara información relacionada con presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos. Asimismo, se pretendía obtener precisiones respecto de diversas cuestiones vinculadas con su situación patrimonial declarada.
Los proyectos estaban relacionados con las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucran al jefe de Gabinete.
Además de los pedidos de informes, tres de las iniciativas avanzaban un paso más allá al promover una moción de censura contra el funcionario. El objetivo de esa herramienta parlamentaria era impulsar su desplazamiento y promover su reemplazo al frente de la Jefatura de Gabinete mientras se desarrolla la investigación judicial.
La investigación judicial en curso
La situación política de Manuel Adorni se encuentra atravesada por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal federal Gerardo Pollicita, quienes intervienen en el expediente mencionado por los proyectos presentados en la Cámara de Diputados.
Precisamente, los legisladores impulsores de la sesión sostenían la necesidad de que el funcionario brindara explicaciones públicas en el Congreso acerca de distintos aspectos vinculados con las denuncias y con su patrimonio declarado.
Un nuevo intento frustrado de la oposición
La sesión caída representó el segundo intento reciente de la oposición para avanzar con una interpelación a Manuel Adorni. La semana anterior también se había solicitado una sesión especial para abordar el tema. Sin embargo, desde el comienzo los propios impulsores reconocían las dificultades para reunir los apoyos necesarios.
El principal obstáculo se encuentra en la interpretación reglamentaria que rodea este tipo de iniciativas. Para aprobar el tratamiento sobre tablas se requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos, una cifra que actualmente la oposición se encuentra lejos de alcanzar.
Desde la Casa Rosada sostienen que una interpelación sin dictamen previo de comisión debe necesariamente contar con ese respaldo agravado para ser aprobada por la Cámara.
La disputa reglamentaria
La estrategia oficial no se limita únicamente a impedir el quórum o reunir apoyos parlamentarios. También se apoya en una discusión sobre la interpretación de las normas internas del Congreso. En ese marco, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Congreso, impulsa una interpretación reglamentaria que elevaría las exigencias para habilitar el tratamiento de una eventual interpelación.
Según esa postura, si no se alcanzan los dos tercios requeridos, el expediente debería ser remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales. De concretarse ese mecanismo, el debate quedaría postergado sin una fecha definida para su tratamiento en el recinto.
De esta manera, el oficialismo consiguió nuevamente bloquear el avance de la oposición sobre la situación del jefe de Gabinete y trasladó la discusión a una instancia parlamentaria que podría dilatar cualquier definición futura sobre los pedidos de interpelación y las mociones de censura presentadas en la Cámara de Diputados.