En el final de una semana activa para la dupla de concejales de La Libertad Avanza en la Capital, Diego Figueroa y Eleonora Sopaga, ahora propusieron un proyecto que busca modificar de raíz el sistema actual de regularización laboral en el municipio. La iniciativa propone derogar la ordenanza que fijó requisitos para el pase a planta permanente, entre ellos la exigencia de 10 años de antigüedad y la disponibilidad presupuestaria, para sustituirla por un nuevo instrumento denominado "Programa Integral de Regularización Laboral".
El eje central del proyecto establece que el Departamento Ejecutivo municipal deberá incorporar anualmente a planta permanente un porcentaje no inferior al 20% del personal precarizado, fijando así una meta progresiva y obligatoria para reducir la informalidad dentro de la administración comunal.
La propuesta marca una diferencia sustancial con el régimen actual, al pasar de un esquema condicionado por requisitos específicos a un programa con metas anuales concretas y un horizonte temporal definido.
La crítica al sistema actual
En los fundamentos del proyecto, los ediles libertarios sostienen que en la actualidad coexisten dentro del municipio trabajadores que cumplen idénticas funciones, con la misma carga horaria y responsabilidad, pero bajo condiciones laborales profundamente distintas.
Según expresaron, junto al personal de planta permanente hay agentes que continúan vinculados a través de figuras precarias, entre ellas:
- Becas
- Contratos informales
- Locaciones de servicio
- Esquemas análogos
La iniciativa pone el foco en esa convivencia de modalidades laborales y la define como una situación que requiere una respuesta estructural e inmediata. En ese sentido, Figueroa y Sopaga remarcan que se trata de "una iniciativa que no solo busca reparar una injusticia histórica, sino también fortalecer el Estado municipal", al entender que la estabilidad del recurso humano impacta directamente en la calidad institucional y en el funcionamiento administrativo.
La mirada crítica también alcanza a la ordenanza 8020, norma que estableció el sistema vigente de pase a planta. Sobre ese punto, los concejales deslizan una definición política contundente al señalar que dicha herramienta "no solucionó la precarización: la administró".
Meta de regularización total en cinco años
Uno de los aspectos más relevantes del articulado es que el proyecto no se limita a fijar un piso anual de incorporaciones, sino que además establece un plazo máximo de cinco años para completar la regularización total del personal precarizado. De este modo, el municipio quedaría obligado a desarrollar un proceso escalonado pero integral, con un objetivo temporal preciso: terminar con todas las formas de contratación precaria dentro del ámbito comunal en un lustro.
Para ordenar ese proceso, la propuesta incorpora criterios objetivos de selección mediante un sistema de puntaje, orientado a definir prioridades en cada etapa anual de incorporación.
Cómo se definirá quién pasa a planta
El sistema de puntaje previsto por la iniciativa contempla la valoración de distintos factores vinculados a la situación laboral y social de cada trabajador. Entre los parámetros establecidos se destacan:
- La naturaleza de las funciones que desempeña
- La antigüedad
- La vulnerabilidad social
- El desempeño
Este esquema busca dar al proceso una base técnica y transparente, permitiendo que la regularización avance bajo pautas previamente definidas y no exclusivamente por criterios discrecionales.
Fin a nuevas contrataciones precarias
Otro punto clave del proyecto presentado por La Libertad Avanza es que prohíbe la contratación de nuevo personal bajo modalidades precarias, una cláusula que apunta a evitar que el problema vuelva a reproducirse mientras se ejecuta el programa de regularización.
La única excepción contemplada son casos taxativos vinculados a tareas temporarias, que deberán ajustarse a plazos estrictos. Este detalle aparece como uno de los pilares de la propuesta, ya que complementa el proceso de pase a planta con una barrera normativa para impedir la continuidad de esquemas informales o inestables en el futuro.
En conjunto, la iniciativa presentada por Figueroa y Sopaga plantea una reconfiguración integral de la política laboral del municipio capitalino, con metas anuales, un cronograma cerrado de cinco años, criterios de puntaje y restricciones para nuevas vinculaciones precarias. El proyecto abre así un nuevo debate sobre la situación del empleo municipal, la estabilidad laboral y el alcance de la reforma administrativa en la Capital.
