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La oposición cruzó al Gobierno por postular a los jueces Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema

El Ejecutivo comunicó que buscará cubrir los lugares de Elena Highton y Juan Carlos Maqueda en el máximo tribunal. La Coalición Cívica advirtió que lo impugnará.

20 Marzo de 2024 21.46

El Gobierno comunicó este miércoles la decisión del Presidente Javier Milei de postular a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para completar los lugares vacantes dentro de la Corte Suprema de Justicia. El primero ocuparía el puesto que dejó en 2021 Elena Highton y todavía no fue cubierto, mientras que Mansilla reemplazaría a Juan Carlos Maqueda, que dejará su cargo en diciembre al cumplir los 75 años de edad.

Estas propuestas generaron fuertes repercusiones en la oposición, en especial el caso de Lijo, que fue muy cuestionado. “El más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial es la propuesta del juez federal Lijo como candidato para integrar la Corte Suprema”, señalaron en la Mesa Ejecutiva y desde el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC).

En la misma línea, en la CC advirtieron que presentarán una impugnación al pliego de Lijo como candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y él dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones”, agregaron.

“A lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF”, recordaron los dirigentes de la CC.

“Esta designación demuestra un pacto de impunidad del Poder Ejecutivo con el kirchnerismo, que amparó a Lijo en el Consejo de la Magistratura durante todos estos años. Su estrecha relación con Ricardo Lorenzetti y el manejo de la oficina de escuchas, revela que no es este el camino del cambio para una sociedad ávida de justicia”, aseguraron en un comunicado.

Pero esto no es todo. En el peronismo también se expresaron al respecto. “Milei anunció que modificará el Decreto 222/03 para poder completar la Corte Suprema más conservadora de la que se tenga memoria, excluyendo la participación de mujeres en el máximo tribunal del país”, aseguró el exministro de Justicia y actual diputado nacional, Martín Soria. Y concluyó: “Esta decisión es un paso más para que la Justicia argentina siga degradándose”.

“Hoy es un día muy triste para quienes luchamos contra la corrupción y la casta de verdad. La nominación del juez federal Ariel Lijo es la consagración del poder eterno que tiene en nuestro país la corrupción”, aseveró la abogada penalista y exvicepresidente de la UIF, María Eugenia Talerico.

A su turno, la diputada nacional y presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, remarcó desde su cuenta de X: “El Presidente eligió retroceder en materia de género e igualdad, en un país con grandes juezas y académicas que pueden aportar una mirada enriquecedora a la Corte Suprema de Justicia. Debe rever su decisión y garantizar la representación”. Y sentenció: “Sin mujeres en la Corte no hay Justicia”.

Por su parte, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial manifestó su “más enérgico repudio” por la propuesta del Gobierno para que se integren a la Corte Suprema el juez Ariel Lijo y el jurista Manuel García Mansilla, “por su condición de varones y la ausencia de mujeres en el máximo tribunal”. Y añadió: “Se están vulnerando principios básicos como la paridad de género que como Estado, se debe asegurar al haber asumido compromisos internacionales”.

“En 200 años de democracia, solo tres mujeres han ocupado el cargo de ministras de la Corte Suprema, lo que claramente implica la falta de representación de más de la mitad de la población de nuestro país”, sostuvo la organización. Y finalizaron: “Exhortamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a ejecutar acciones positivas concretas tendientes a respetar la paridad y equidad de género”.