En el marco de la segunda sesión extraordinaria tomó estado parlamentario un proyecto de resolución impulsado por el Bloque de Diputados de la UCR mediante el cual se solicita al Ejecutivo Provincial, que declare la nulidad absoluta de los nuevos valores asignados a los inmuebles (valuación fiscal) por la Dirección General de Catastro, dependiente de ARCA.

Desde el Bloque se apunta a "vicios de forma, que la torna irregular, de índole confiscatoria, contraria a nuestro sistema normativo vigente y, por ende, ilegal".  

De acuerdo con el articulado, se exhorta al ARCA a abstenerse de exigir a los contribuyentes el pago del impuesto inmobiliario "en virtud de los valores indebidamente fijados para el ejercicio fiscal 2024, dejar sin efecto la Disposición DGC. Nº 145/2023 y limitar el aumento al tope establecido en la Ley Impositiva 5830, para el ejercicio del año 2024".

La iniciativa rechaza cualquier aumento del impuesto inmobiliario "por fuera de lo dispuesto por la ley impositiva, que afecta injustamente a los propietarios de bienes raíces sin una justificación y procedimiento adecuado", considerando asimismo que dicho aumento "se materializó mediante la revaluación desmedida e improcedente de la propiedad inmobiliaria".

Si bien entre los fundamentos se pone de manifiesto que el impuesto inmobiliario es una herramienta fundamental para la recaudación de fondos por parte del Estado, destinado a financiar servicios públicos y proyectos de infraestructura,  "cualquier aumento en este impuesto debe cumplir con los principios, requisitos legales y constitucionales, que garantizan la equidad, la proporcionalidad, la razonabilidad y el respeto a los derechos de los contribuyentes".

Para el Bloque opositor, el aumento de la valuación fiscal publicada en el Boletín Oficial del 12 de enero del corriente año, "deviene ilegal" en virtud de diversas razones, entre ellas que, la Legislatura Provincial sancionó la ley impositiva para actual año en ejercicio, estableciendo un tope al incremento del impuesto inmobiliario del 150%, mientras que la medida del Ejecutivo estableció un aumento por el doble de lo permitido, es decir un aumento de un 300%, "extralimitándose en sus facultades y contrariándose una vez a lo establecido por la Constitución Provincial".

Entre los aspectos negativos mencionan así también una Carga Excesiva para los Propietarios; Impacto en la Economía Local; Desproporción con los Servicios Públicos y Necesidad de Transparencia y Justificación.