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Sigue la judicialización de las leyes aprobadas cuando los opositores “pegaron el faltazo”

La oposición recurrió a la Corte por la derogación del Consejo de la Magistratura

Ayer, legisladores opositores presentaron ante el Máximo Tribunal una acción de inconstitucionalidad de la Ley 5.651 y el decreto que creó la Comisión Consultiva, que ahora tiene a cargo el proceso de selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Siguen los cuestionamientos al oficialismo por derogar al Consejo.
Siguen los cuestionamientos al oficialismo por derogar al Consejo.

14 Agosto de 2020 01.17

La oposición continúa rechazando las leyes sancionadas, cuando el interbloque de diputados, que conforman la UCR, el PRO y Neo, no asistieron a sesión y el oficialismo avanzó con la modificación del régimen de minorías en los Concejos Deliberantes de los municipios sin Carta Orgánica, la ampliación de la Corte de Justicia y la derogación del Consejo de la Magistratura. 
Ayer, los legisladores opositores hicieron una nueva presentación en la Corte de Justicia, en busca de invalidar lo sancionado por la Cámara baja y el Senado, en tratamiento exprés. En este caso, la oposición presentó ante la Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad ante la Ley 5651 que derogó la Ley 5012 de creación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Además, también cuestionaron el posterior Decreto 1306 del Ejecutivo, que creó la Comisión Consultiva que tiene a cargo el proceso de selección de magistrados y eleva la terna de postulantes para que el gobernador defina qué candidato es el adecuado para ingresar como magistrado o funcionario del Poder Judicial. 
La acción de inconstitucionalidad, que fue presentada por la mañana por el abogado y dirigente radical, Luis Fadel, en representación de la UCR, PRO, Coalición Cívica y NEO, cuestiona que la Ley 5651 “es una medida regresiva y contraria al principio de razonabilidad que carece de toda justificación” que además, “suprime una institución establecida en pos de materializar una de las garantías procesales, como es la independencia de la judicatura”.