Luego de conocerse la compra del departamento ubicado debajo del domicilio de Cristina Kirchner, realizada por la sindicalista y militante de La Cámpora, María Soledad Calle, la Justicia dispuso una serie de medidas para profundizar la investigación sobre su patrimonio.

El juez Julián Ercolini ordenó el levantamiento del secreto fiscal y solicitó una amplia batería de medidas de prueba. Entre ellas, figuran pedidos de información a la Unidad de Información Financiera (UIF), la ARCA, la Anses, la Dirección Nacional de Migraciones y la Prefectura Naval Argentina.

La causa tiene como objeto una presunta administración fraudulenta vinculada con el contrato firmado en 2023 entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la empresa USEM, encargada de administrar los aportes de los afiliados al gremio. Según la denuncia, la ganancia de la firma equivalía al 0,5% del total de los fondos administrados, en un negocio estimado en $100 millones mensuales.

La investigación judicial busca determinar las circunstancias de ese vínculo y, en particular, indaga si Calle estuvo, según la expresión utilizada por una fuente con acceso al expediente, "de los dos lados del mostrador".

El vínculo con la UOM y la creación de USEM

De acuerdo con el contenido que la propia Calle compartió en sus redes sociales, la sindicalista se vinculó a actividades de la UOM durante la gestión de Abel Furlán.

Al mismo tiempo, según documentos aportados a la investigación judicial, Calle formó parte de la creación de USEM algunos meses antes de que la empresa firmara el contrato con la UOM en 2023. La batería de medidas solicitadas por el juez Ercolini alcanza a:

• María Soledad Calle.
• Abel Furlán.
• La UOM.
• USEM.
• Otros integrantes de la firma.

El objetivo de las medidas es reconstruir las relaciones laborales, los movimientos de dinero que puedan resultar sospechosos, las salidas del país y el patrimonio de las personas y entidades investigadas.

En relación con la sospecha sobre el supuesto doble rol de Calle, Ercolini solicitó a la ARCA que determine si la militante de La Cámpora "registra o registró relación laboral en carácter de dependiente de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA)".

En caso de que esa relación laboral haya existido, el organismo deberá precisar las fechas correspondientes.

El levantamiento del secreto fiscal

Tras disponer el levantamiento del secreto fiscal, el juez solicitó las declaraciones juradas de Calle y Furlán correspondientes a los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales de los períodos fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025.

Esos años coinciden con el período que se extiende desde la creación de USEM y forman parte del lapso que la Justicia busca reconstruir mediante los distintos informes solicitados. Las medidas apuntan a conocer el nivel de ingresos registrados por los investigados y avanzar en la reconstrucción de su situación patrimonial desde el año de creación de la empresa.

La investigación también busca establecer vínculos laborales y financieros, además de analizar los distintos bienes registrados a nombre de las personas involucradas.

El departamento de San José 1111

La búsqueda judicial abarca también la adquisición de inmuebles. Al Registro de la Propiedad Inmueble porteño, Ercolini le solicitó todo el historial del departamento ubicado en San José 1111, que María Soledad Calle compró en agosto de 2025 por US$189.000, según el informe de dominio revelado por LA NACION.

La compra del inmueble fue uno de los hechos que precedieron a la decisión judicial de profundizar las medidas de prueba sobre el patrimonio de la sindicalista.

No obstante, el juez Ercolini no ordenó el allanamiento solicitado por la querella en el marco de esta causa. Además del departamento de San José 1111, documentos oficiales obtenidos por LA NACION señalan que Calle es propietaria de otros inmuebles.

Entre ellos figura un dúplex de unos 170 metros cuadrados en el barrio privado La Reserva de Cardales y una casa de tres plantas en el centro de la ciudad de Campana, ubicada justo al lado de un edificio de la UOM que se encuentra en construcción. Según inmobiliarias de la zona y fuentes oficiales consultadas por ese medio, solo esas dos propiedades suman al menos US$450.000.

La lupa sobre los vehículos

Los investigadores también pusieron el foco en los automóviles. Según información revelada por LA NACION, el 8 de agosto del año pasado, dos semanas antes de adquirir el departamento de San José 1111, Calle compró el 50% de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en US$70.000.

La sindicalista decidió registrar el vehículo en la Ciudad de Buenos Aires, aunque continúa teniendo domicilio en Campana.

Calle ya poseía además el 100% de un Peugeot 3008, modelo 2023. Ercolini solicitó información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios sobre vehículos presuntamente vinculados con María Soledad Calle.

La medida también incluyó información sobre distintos automotores adquiridos durante 2025 por la UOMRA. En el requerimiento se enumeraron:

• Una Jeep Compass.
• Un Peugeot 2008.
• Dos Renault Kangoo.
• Un Toyota Corolla Cross.
• Un Fiat Fastback.
• Una Ford Territory.
• Un Volkswagen Taos Highline.

Asimismo, el magistrado ordenó que se informe sobre cualquier vehículo que haya sido adquirido después de 2022.

La investigación sobre embarcaciones

Las medidas judiciales también alcanzaron la posible existencia de embarcaciones. El texto judicial solicita a la Prefectura Naval Argentina que informe si Abel Furlán, María Soledad Calle, Adalberto R. Braconi y Osvaldo Lobato registran o registraron, desde el año 2022 hasta la actualidad, embarcaciones en carácter de titulares o cotitulares.

En caso afirmativo, deberán ser individualizadas. Braconi es señalado como el "asocio" de Calle en USEM. Su nombre aparece firmando el acuerdo celebrado con la UOM en 2023 y también figura en los resúmenes bancarios.

Antes había sido empleado de la Municipalidad de Zárate y también trabajó para Nucleoeléctrica SA. En Campana lo vinculan con Furlán.

El rastro financiero y otras empresas

Por fuera de la investigación estrictamente patrimonial, la Justicia solicitó otros informes para seguir el rastro financiero de Calle, Furlán, USEM y Grupo Vértice, una segunda empresa creada por la sindicalista. La Unidad de Información Financiera deberá remitir todos los reportes de operaciones sospechosas que hubiera recibido sobre los involucrados, en caso de que existan.

También se requirió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) información sobre posibles cuentas comitentes de los investigados.

A la Anses, en tanto, se le solicitó que remita la totalidad de la información laboral registrada desde 2022 hasta la actualidad. Ese requerimiento incluye:

• Identificación de empleadores.
• Fechas de alta y baja.
• Remuneraciones registradas.
• Otros antecedentes laborales obrantes en sus bases.

Estas medidas buscan determinar los ingresos registrados por los sospechosos desde el período en el que fue creada USEM.

La semana pasada, cuando se conoció la compra del departamento de San José 1111, Calle sostuvo que no tuvo el rol que se le asigna.

Los movimientos migratorios bajo análisis

La investigación también incorporó un pedido de información a la Dirección Nacional de Migraciones, con el objetivo de conocer los movimientos migratorios registrados respecto de Abel Furlán, María Soledad Calle y otros involucrados.

De acuerdo con registros a los que tuvo acceso el medio, durante 2023 Calle realizó once vuelos al exterior. Los destinos consignados fueron:

• Uruguay, en tres oportunidades.
• México.
• Francia, en dos oportunidades.
• Brasil, en tres oportunidades.
• Holanda, aunque en realidad el viaje fue a Sudáfrica.
• Italia.

En 2024, realizó 12 viajes al exterior, y también registró viajes durante 2025. A fines de 2022, Calle fue nombrada presidenta de una federación sindical internacional, IndustriALL. Según el contenido publicado en sus redes sociales, gran parte de ese periplo estuvo relacionado con dicha actividad.