La Cámara de Diputados de la Nación se encamina a vivir una de las semanas más conflictivas en materia de legislación ambiental. Este miércoles 25 y jueves 26 de marzo se llevarán a cabo las Audiencias Públicas sobre la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, en un marco de fuertes restricciones operativas. La Libertad Avanza (LLA) ha decidido limitar la exposición oral a solo 400 oradores, una cifra que representa apenas el 0,4% frente a los 100 mil expositores anotados para participar del debate.
Este trámite parlamentario, que busca modificar una de las normativas de protección de recursos naturales más emblemáticas del país, ha despertado el rechazo unánime de las organizaciones ambientalistas y de sectores de la oposición, quienes denuncian un intento de silenciar la discusión democrática sobre el futuro de las reservas estratégicas de agua. El esquema propuesto por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, establece una jornada presencial y otra virtual, restringiendo la asistencia física a los 66 diputados integrantes y un máximo de dos asesores por despacho.
El esquema de las audiencias y la exclusión federal
La resolución oficial determina que solo podrán exponer de manera oral los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones del país, bajo el argumento de asegurar una adecuada participación federal. De esta manera, las exposiciones presenciales del miércoles se limitarán a casi dos centenares de personas, mientras que otras 200 lo harán vía Zoom durante la segunda jornada. Los restantes 99.600 inscriptos deberán conformarse con enviar su postura por escrito o a través de un vídeo que no podrá superar los cinco minutos de duración, material que será incorporado al expediente legislativo únicamente como antecedente.
Esta metodología de selección ha profundizado la brecha con los sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas, quienes exigen ampliar la cantidad de días para las reuniones públicas. La rigidez del oficialismo en mantener solo dos jornadas de debate ha transformado el recinto en un escenario de tensión política, donde la representatividad de las provincias queda reducida a los primeros nombres de una lista digital, ignorando la magnitud del interés social que despertó la convocatoria.
Judicialización y el reclamo de Greenpeace
La restricción de la palabra ha llevado el conflicto a los tribunales. La organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar que recayó en el juzgado de Enrique V. Lavié Pico, solicitando que el Congreso garantice la participación oral, ya sea presencial o virtual, de la totalidad de los inscriptos. La organización argumenta que sustituir la oralidad por formatos audiovisuales pregrabados resulta incompatible con los estándares elementales de participación pública y democrática.
Desde el punto de vista logístico, la pretensión de Greenpeace plantea un escenario inédito en la historia parlamentaria. Si el juez Lavié Pico ordenara garantizar la palabra de los 100 mil anotados, y considerando una exposición promedio de 200 personas por día, las audiencias tendrían que extenderse por aproximadamente 500 días, lo que postergaría indefinidamente el tratamiento del proyecto. Esta encrucijada judicial mantiene en vilo tanto a los legisladores como a las organizaciones civiles a pocas horas del inicio de las jornadas.
Los ejes de la reforma y el impacto económico
El proyecto de reforma a la Ley 26.639 busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en áreas periglaciares que actualmente están blindadas. La iniciativa es impulsada por un grupo de gobernadores aliados con el fin de captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos, eliminando la prohibición automática de actividades extractivas siempre que cuenten con una evaluación de impacto ambiental aprobada.
Asimismo, la reforma propone transferir facultades a las provincias para que sean estas quienes decidan qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo drásticamente la injerencia de la administración central. Para las organizaciones ambientalistas, este cambio dejaría sin efecto la condición natural de reservas estratégicas que hoy ostentan los glaciares argentinos, abriendo la puerta a actividades industriales en ecosistemas sumamente frágiles. Mientras el Congreso aguarda la resolución judicial, el debate por la ley de Glaciares se perfila como una de las batallas legislativas más determinantes de 2026.