La Cámara de Diputados de la Nación inició este miércoles un debate de alto impacto institucional y ambiental referido a la reforma de la Ley de Glaciares. En un clima de extrema tensión, marcado por una movilización creciente en las puertas del Congreso y una inscripción inédita de más de 102.000 personas interesadas en exponer, las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales abrieron el juego a las audiencias públicas. El plenario, liderado por los diputados libertarios José Peluc e Nicolás Mayoraz, se vio atravesado desde el comienzo por impugnaciones, reclamos por el cupo de oradores y denuncias penales que marcaron el pulso de la jornada.
La actividad comenzó con una aclaración técnica de Mayoraz, quien explicó que, pese a las presentaciones judiciales que intentaron frenar el debate, todas las medidas cautelares fueron rechazadas por la justicia. No obstante, el clima en el anexo C se caldeó rápidamente cuando la diputada massista Sabrina Selva se acercó al estrado para entregar en mano una impugnación administrativa que aún sigue su curso. Este gesto fue el preludio de una serie de cruces directos entre el oficialismo y las legisladoras de Unión por la Patria, como Paula Penacca, Lucía Cámpora y Gabriela Estévez, quienes denunciaron que se estaba impidiendo el ingreso de ciudadanos al recinto mientras Peluc intentaba mantener el orden de la sala.
El conflicto por el cupo y la representación federal
Ante la masividad de la convocatoria, el oficialismo implementó un esquema de participación mixto que generó fuertes críticas de organizaciones socioambientales. De los más de 100.000 inscriptos, solo 360 personas podrán tomar la palabra de forma directa, dividiéndose en 180 expositores presenciales durante la jornada del miércoles y otros 180 oradores remotos programados para el jueves. El resto de los interesados fue derivado a canales alternativos, con la posibilidad de enviar videos de hasta cinco minutos a la plataforma YouTube o documentos escritos para ser incorporados formalmente al expediente legislativo.
Este criterio de selección, que prioriza a los primeros anotados de cada provincia, fue defendido por Peluc y Mayoraz como una forma de garantizar la representación federal en un debate nacional. Sin embargo, la oposición y diversas agrupaciones sostienen que esta metodología contradice los estándares de participación pública vigentes, dado que menos del 0,3% de los anotados tendrá voz en tiempo real. Cabe destacar que el juez federal Enrique Alonso Regueira desestimó una medida cautelar que buscaba dar lugar a la totalidad de los inscriptos, avalando así el procedimiento adoptado por las comisiones.
Denuncias de incompatibilidad y el rol minero
El contenido de las exposiciones sumó gravedad institucional al encuentro. El abogado ambientalista Enrique Viale anunció durante su intervención que presentará una denuncia penal contra la senadora Flavia Royon. Viale acusa una presunta incompatibilidad en la función pública, señalando que la legisladora votó a favor de la reforma mientras posee una consultora que asesora a empresas mineras de envergadura, como la firma inglesa Río Tinto. Por su parte, desde el sector productivo, Gastón Borsini, de la Confederación General de la Producción, solicitó formalmente que se realice una encuesta transparente y estratificada antes de que el proyecto llegue al recinto para su votación final en abril.
En el plano técnico, la reforma que ya cuenta con media sanción del Senado propone cambios estructurales en la protección de las zonas periglaciares. El proyecto busca acotar la tutela legal únicamente a aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobable y otorgar un mayor protagonismo a las provincias en la actualización del inventario de glaciares. Esta tarea, que hoy centraliza un organismo científico nacional, pasaría a tener una fuerte impronta local según el nuevo articulado propuesto por el oficialismo.
Movilización y operativo de seguridad
Mientras el debate técnico transcurre en el segundo piso del Anexo C, la tensión social se desplazó a la vía pública. Distintas agrupaciones ambientalistas, movimientos sociales y sectores de la oposición convocaron a una marcha bajo la consigna "Hacer fila hasta que nos dejen hablar". La protesta contó con el respaldo de sectores del PJ, la izquierda, la Coalición Cívica y parte del radicalismo, además de representantes de pueblos originarios. Ante la previsión de incidentes y la magnitud de la convocatoria, el Gobierno desplegó un intenso operativo de seguridad en las inmediaciones del Palacio Legislativo para controlar el flujo en la zona.
Seguí la transmisión en vivo: https://www.youtube.com/live/h3syxZNY8vQ?si=cHMYyEGnCb4Ke4zJ