Con la Ley Ómnibus ya aprobada en general, el oficialismo encara otra tensa semana de negociaciones de cara al debate artículo por artículo en la cámara de Diputados. Mientras el Gobierno busca acelerar la aprobación del proyecto con reuniones secretas con los bloques “dialoguistas”, los gobernadores presionan para destrabar el conflicto por el impuesto PAIS.
Por un lado, está el durante el fin de semana, los mandatarios de Córdoba -Martín Llaryora- y Santa Fe -Maximiliano Pullaro- terminaron de idear una propuesta que, de ser aceptada, zanjaría sus diferencias con la administración de Javier Milei: la solucide Miguel Pichetto- que se muestran a favor de la ley, pero marcan algunas diferencias pre y cuando reciban una garantía de la ANSES para recibir financiamiento para sus cajas previsionales.
El trasfondo de los reclamos de los gobernadores se explica, en primer lugar, por la necesidad de encontrar vías que mejoren sus ingresos en un contexto en el que la Nación insiste con alcanzar el objetivo del equilibrio fiscal y asegura que las cuentas provinciales encabezan la lista de gastos a recortar.
Justamente, el ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió que Milei podría vetar una eventual coparticipación del impuesto PAIS, al asegurar que “la facultad de veto es presidencial” y que Milei “fue claro” en que no coparticiparía ese tributo, contra el reclamo de los jefes provinciales en compensación por la baja en el Impuesto a las Ganancias.
Pero el impuesto PAIS está lejos de ser el único obstáculo para el oficialismo. De hecho, este lunes Francos iría al Congreso con el objetivo intentar limar asperezas con los sectores dialoguistas -diputados del PRO, del radicalismo y del bloque Hacemos de Miguel Pichetto- que se muestran a favor de la ley pero marcan algunas diferencias en particular.
La información indica por estas horas que los artículos más conflictivos se aprobarían con cambios, a menos de que la Casa Rosada adopte una actitud completamente intransigente. Ahora bien, ¿cuáles son las cuestiones que están en jaque?.
Por un lado está el impuesto PAIS, que tiene a los gobernadores en alerta. Por otro, las facultades delegadas, que se aprobarán, pero las atribuciones para la Presidencia serán menos. Las privatizaciones también obtendrían el OK de la Cámara, pero reduciendo la cantidad de empresas a privatizar y estableciendo un compromiso para obtener una autorización previa del Congreso en cada caso particular. Y también está por verse el tema de la deuda: todavía existe la llamada “Ley Guzmán”, que requiere que el Congreso apruebe cualquier nuevo endeudamiento.
En este contexto, la orden de Milei es que no haya más concesiones, por lo que todo tipo de negociación está en el aire. Se esperan al menos tres nuevas sesiones hasta el jueves, con tensión y operativos en las afueras del Congreso. El protocolo antipiquetes, implementado en forma estricta, pronostica nuevos choques con los manifestantes.
