El Gobierno prepara la delegación argentina que participará de las audiencias del 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). El objetivo será solicitar medidas provisionales para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes en las Islas Malvinas.

La Cancillería y los equipos jurídicos que participaron de la presentación trabajan en la definición de quiénes viajarán para exponer el reclamo argentino.

Quiénes representarían a la Argentina

El país ya formalizó la designación de dos representantes ante el tribunal. El embajador Mario Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de Cancillería, fue nombrado agente del Estado, mientras que la embajadora Betina Pasquali de Fonseca fue designada coagente.

Ambos figuran en el escrito presentado el 13 de octubre. Sin embargo, sus designaciones procesales no implican que esté confirmada su presencia física durante las audiencias.

En el Ejecutivo consideran probable que Oyarzábal participe de las exposiciones por su intervención en la estrategia jurídica internacional. La composición definitiva de la delegación, no obstante, todavía no fue comunicada oficialmente.

También se analiza la eventual participación de la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzábal, y de la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio. Ambos organismos colaboraron en la preparación de la presentación argentina.

La Procuración aún no resolvió si enviará representantes a Alemania. En el Gobierno sostienen que la presencia de las máximas autoridades no es indispensable y que la decisión dependerá de las agendas y de las necesidades del procedimiento.

Según fuentes oficiales, la Argentina no contrató estudios jurídicos alemanes ni firmas internacionales para intervenir en el litigio. La defensa se apoyará en los agentes diplomáticos y los profesionales del Estado.

Las audiencias y el calendario político

El cronograma establecido por el tribunal prevé que el martes 10 de noviembre la Argentina exponga entre las 10 y las 13, hora de Hamburgo, mientras que el Reino Unido responderá entre las 15 y las 18.

El miércoles 11 habrá una segunda intervención argentina, entre las 10.30 y las 12, y una última presentación británica entre las 17.30 y las 19.

Las audiencias serán públicas y podrán seguirse a través del sitio oficial del organismo.

La organización de la delegación coincide con la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. El presidente Javier Milei tendrá actividades institucionales durante la estadía del pontífice, incluido un encuentro en la Casa Rosada, mientras integrantes del Gabinete participarán de la agenda oficial.

Qué medidas pidió la Argentina

El reclamo se inició el 28 de septiembre, cuando el Gobierno puso en marcha un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Después de que Londres rechazara las medidas solicitadas, la Argentina recurrió el 13 de octubre al Tribunal del Mar para pedir una intervención urgente antes de que avance el desarrollo hidrocarburífero.

La presentación contiene cuatro pedidos principales:

• Impedir que el Reino Unido permita el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion.
• Restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos.
• Proteger el medio marino.
• Evitar nuevas decisiones que agraven la controversia, como el otorgamiento de licencias.

El tribunal deberá analizar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para adoptar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que examinará el litigio principal. La convocatoria a las audiencias no implica que la Argentina haya obtenido una resolución favorable.

El avance del proyecto Sea Lion

Sea Lion es impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Las compañías prevén iniciar las perforaciones de desarrollo durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028.

La Argentina busca obtener una decisión antes de que esas actividades avancen. Su presentación sostiene que la extracción de recursos y las alteraciones del lecho marino podrían provocar consecuencias irreversibles.

Uno de los principales aspectos jurídicos será la competencia del tribunal. La Convención sobre el Derecho del Mar permite resolver disputas vinculadas con la interpretación de sus disposiciones, pero no le otorga una competencia general para decidir controversias sobre soberanía territorial.

Por ese motivo, la estrategia argentina apunta a preservar los derechos que reclama sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales, sin solicitar un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas.

El Gobierno considera que las audiencias serán una instancia central de su estrategia jurídica por Malvinas. La decisión sobre las medidas provisionales quedará en manos de los jueces, mientras continúa el arbitraje contra el Reino Unido.