El Gobierno nacional analiza incorporar la explotación pesquera al nuevo régimen de sanciones por Malvinas que enviará al Congreso la próxima semana. La Casa Rosada trabaja sobre la posibilidad de extender a esa actividad parte del esquema que prepara para endurecer las sanciones contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con operaciones realizadas sin autorización argentina en las islas.

Ante la consulta sobre la posibilidad de incluir específicamente a la pesca, en Nación aseguran: "Estamos trabajando en eso". Las definiciones llegarían la próxima semana, cuando está previsto que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional ingrese por la Cámara de Diputados.

La discusión está centrada ahora en determinar cuál será el alcance concreto del nuevo régimen y, particularmente, qué actores vinculados con la explotación pesquera podrían quedar alcanzados.

El Ejecutivo analiza especialmente la situación de empresas relacionadas de manera directa o indirecta con quienes operan bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas.

Una legislación que ya contempla sanciones

La incorporación de la pesca al nuevo régimen no partiría de cero. Argentina cuenta desde 2008 con herramientas legales destinadas a sancionar determinados vínculos con actividades pesqueras desarrolladas sin autorización argentina en Malvinas.

El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca establece que quienes reciben cuotas o autorizaciones de captura en el país deben declarar que no mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas argentinas sin autorización nacional.

La normativa también contempla los vínculos indirectos mediante sociedades vinculadas o controladas. En caso de comprobarse una violación, pueden caducar los permisos, las cuotas y las autorizaciones de captura correspondientes a la empresa alcanzada. El Ejecutivo estudia ahora qué modificaciones incorporará al paquete que enviará al Congreso para ampliar el alcance de las sanciones relacionadas con las actividades desarrolladas en Malvinas.

Entre las herramientas que ya contempla la legislación vigente se encuentran:

• Declaración sobre la inexistencia de relaciones jurídicas, económicas o de beneficio.
• Alcance sobre vínculos directos e indirectos.
• Consideración de sociedades vinculadas o controladas.
• Posibilidad de caducidad de permisos.
• Caducidad de cuotas y autorizaciones de captura ante una violación comprobada.

El anuncio de Javier Milei

La posibilidad de ampliar el esquema de sanciones a otras actividades ya había sido anticipada por Javier Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre. En esa oportunidad, el Presidente anunció que modificaría la Ley 26.659, normativa que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.

Además, Milei señaló que el nuevo esquema de sanciones se extendería a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.

Ese planteo abrió la posibilidad de que el régimen no quedara limitado exclusivamente a la actividad petrolera y que pudiera alcanzar otras áreas vinculadas con la explotación de recursos naturales. En ese marco se encuentra ahora el análisis sobre la incorporación de la pesca al proyecto que será enviado al Congreso.

Más allá de las empresas operadoras

El modelo que utiliza el Gobierno para elaborar el nuevo régimen tiene un alcance que excede a las compañías que desarrollan directamente una actividad sin autorización argentina.

La estrategia contempla avanzar también sobre accionistas, directores, proveedores y compañías que participen económicamente de esos proyectos. A esto se suma la posibilidad de impedir que quienes infrinjan el régimen puedan contratar en la Argentina.

La lógica que analiza la Casa Rosada busca, de esta manera, ampliar el universo de actores alcanzados por las sanciones y no limitar la responsabilidad exclusivamente a quien realiza de manera directa la actividad cuestionada. Ese criterio ya comenzó a aplicarse sobre el sector de los hidrocarburos. Después de la cadena nacional, la Cancillería abrió procedimientos contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades petroleras.

Posteriormente, se incorporaron otros 15 actores, entre accionistas y proveedores relacionados con los proyectos que avanzan en las islas.

Sea Lion, el principal objetivo inmediato

El foco inmediato del Gobierno está puesto en Sea Lion, el proyecto petrolero operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El Ejecutivo sostiene que el avance de ese proyecto obliga a acelerar las herramientas destinadas a impedir que compañías que participan en actividades que considera ilegales puedan mantener simultáneamente negocios en la Argentina.

La estrategia que comenzó a desplegarse sobre los hidrocarburos es, precisamente, la referencia para analizar ahora una eventual extensión hacia la actividad pesquera.

En ese esquema, la discusión no se limita a determinar qué empresa realiza una actividad en las islas, sino también qué vínculos societarios, económicos o comerciales existen alrededor de esos proyectos.

La pesca, un escenario de mayor alcance

La eventual aplicación del nuevo régimen a la pesca presenta un desafío diferente al de los hidrocarburos. La actividad pesquera constituye una de las principales fuentes de ingresos de las islas. El sistema de licencias otorgadas por la administración británica funciona desde hace décadas y permite operar a decenas de embarcaciones durante las distintas temporadas pesqueras del Atlántico Sur.

Por esa dimensión, una aplicación amplia del régimen podría generar consecuencias más extensas que las previstas para las sanciones petroleras. La legislación vigente, además, no se limita al propietario de un buque. También contempla vínculos societarios, jurídicos, económicos o de beneficio. Esto obliga al Estado a determinar el alcance de cada relación antes de aplicar una eventual sanción.

El desafío para el Ejecutivo será, entonces, definir hasta dónde llega la responsabilidad de cada actor relacionado con la explotación pesquera y qué tipo de vínculo resulta suficiente para quedar alcanzado por el nuevo régimen.

El refuerzo del control sobre la pesca

La discusión sobre Malvinas se desarrolla, además, mientras el Gobierno viene mostrando una política más activa frente a la pesca ilegal en aguas bajo jurisdicción argentina. Durante 2026, cinco buques extranjeros fueron sancionados por operaciones dentro de la Zona Económica Exclusiva sin autorización.

Esos procedimientos no corresponden específicamente al régimen de Malvinas. Sin embargo, forman parte del refuerzo del control marítimo que impulsa Nación y constituyen otro elemento dentro del escenario en el que se analiza una eventual ampliación del régimen de sanciones.

La diferencia es relevante: mientras esas sanciones estuvieron relacionadas con operaciones realizadas dentro de la jurisdicción argentina sin autorización, el nuevo proyecto busca establecer herramientas específicas frente a actividades vinculadas con Malvinas que el Gobierno considera desarrolladas sin autorización argentina.