En la mañana de este miércoles, diputados de GENERAR presentaron una denuncia penal vinculada con la obra del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca, una infraestructura que tenía como objetivo conectar el Este provincial con el Valle Central y mejorar el suministro de gas natural.

Tras la presentación judicial, los legisladores opositores dialogaron con la prensa y expusieron una serie de interrogantes que, según plantearon, deberían ser esclarecidos. Entre los principales puntos señalados aparecen el destino de la infraestructura residual de una obra que finalmente quedó inconclusa, la cantidad de cañerías adquiridas y efectivamente utilizadas, los pagos realizados a la empresa contratista y las razones que llevaron al Gobierno provincial a alcanzar un acuerdo conciliatorio con MEGA SRL.

El planteo de los legisladores busca que estas cuestiones sean despejadas en el ámbito de la Justicia y apunta a reconstruir qué ocurrió con los recursos y los elementos adquiridos para una obra que había sido proyectada como estratégica para el desarrollo de la infraestructura gasífera provincial.

Un proyecto de 125 kilómetros y más de $6.300 millones

El objetivo original del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca era establecer una conexión de aproximadamente 125 kilómetros desde el Este provincial hacia el Valle Central.

La obra estaba concebida como una infraestructura destinada a mejorar el suministro de gas natural y permitir que llegara más gas al Valle Central. En ese sentido, los legisladores de GENERAR remarcaron que se trataba de una obra que debía significar desarrollo, infraestructura y una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

El presupuesto total estimado para el proyecto superaba los $6.300 millones, monto que se encontraba dividido entre la adquisición de las cañerías y la ejecución de la construcción.

Los principales componentes contemplados eran:

• Compra de cañerías: a cargo de SIAT-Tenaris SA.
• Construcción de la obra: a cargo de MEGA SRL.
• Extensión proyectada: aproximadamente 125 kilómetros.
• Presupuesto total estimado: más de $6.300 millones.

Sin embargo, luego de conflictos legales y administrativos iniciados a fines de 2023, el Gobierno provincial y la empresa contratista firmaron un acuerdo conciliatorio para la rescisión del contrato de obra. Es precisamente el recorrido previo a esa rescisión y las condiciones posteriores las que ahora forman parte de los cuestionamientos planteados por los diputados denunciantes.

¿Dónde están los 116 kilómetros de caños?

Uno de los principales interrogantes expuestos por el diputado Tiago Puente está relacionado con las cañerías adquiridas por la Provincia.

Según explicó, se compraron aproximadamente 116 kilómetros de caños por más de $1.800 millones. A partir de ese dato, los legisladores reclaman conocer qué ocurrió con ese material, cuánto fue efectivamente utilizado durante la ejecución de la obra y qué cantidad permaneció almacenada. Puente planteó que se debe determinar dónde están guardados los caños y en qué situación se encuentran, al considerar que se trata de bienes adquiridos por la Provincia con recursos públicos.

El planteo fue formulado como uno de los puntos centrales de la denuncia: establecer el destino concreto de una infraestructura que fue comprada para una obra que finalmente no se terminó.

La reconstrucción que pretenden realizar los legisladores incluye, por lo tanto, no solamente el estado de la obra ejecutada, sino también el destino de los materiales adquiridos para llevar adelante el proyecto.

El salto entre el presupuesto oficial y la adjudicación

Otro de los cuestionamientos formulados por GENERAR está relacionado con el valor de adjudicación de la construcción. De acuerdo con lo expresado por Puente, el presupuesto inicial oficial de la obra era de aproximadamente $3.030 millones, mientras que finalmente fue adjudicada a MEGA SRL por alrededor de $4.560 millones.

La diferencia señalada por el legislador alcanza más de $1.500 millones por encima del presupuesto oficial.

A partir de allí, los diputados plantean una serie de preguntas sobre el proceso de contratación y ejecución. Entre ellas, buscan determinar cómo se llegó al monto finalmente adjudicado, cuánto dinero fue efectivamente pagado a la empresa y qué parte de la obra llegó realmente a construirse. En ese análisis también aparecen los anticipos financieros y las certificaciones y pagos realizados durante el desarrollo del proyecto.

El interrogante central planteado por GENERAR es cómo se relacionan esos desembolsos con el nivel efectivo de ejecución alcanzado por una obra que finalmente quedó inconclusa.

La multa y el acuerdo

El punto que los legisladores consideran especialmente difícil de explicar aparece en la etapa posterior a los incumplimientos señalados por el propio Gobierno provincial. Según el planteo realizado por Puente, la Provincia había considerado que MEGA SRL había incumplido y le aplicó una multa de $1.963.000 millones, cifra que el diputado describió como cercana a los $2.000 millones.

Puente sostuvo además que esa multa había contado con la anuencia de toda la Corte de Justicia, al señalar que existía una sentencia firme.

Posteriormente se produjo la rescisión del contrato, dispuesta por el propio Gobierno provincial. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por el legislador, después de esa decisión la Provincia celebró un acuerdo conciliatorio con MEGA SRL por solamente $300 millones.

La diferencia entre ambas cifras constituye uno de los ejes centrales de la denuncia presentada por GENERAR. El diputado planteó la necesidad de que se explique cómo se pasó de una multa que ubicó en torno a los $2.000 millones a un acuerdo posterior por $300 millones. El contraste entre ambos montos es presentado por los denunciantes como uno de los puntos que requiere explicaciones y que, según su postura, debe ser analizado en el ámbito judicial.

Quiénes fueron denunciados

La denuncia penal presentada por los diputados de GENERAR alcanza al exministro Alberto Kozicki, al exsecretario de Energía Máximo Ramírez y a los responsables de MEGA SRL.

También fue mencionado Carlos Berrueso, quien se desempeñaba como presidente de la empresa en ese momento. De esta manera, la presentación judicial busca poner bajo análisis tanto las decisiones vinculadas con la gestión provincial de la obra como las responsabilidades relacionadas con la empresa contratista.