El Gobierno del Reino Unido confirmó que las futuras licencias para explorar y explotar petróleo y gas en las Islas Malvinas deberán contar con la autorización del secretario de Estado de Asuntos Exteriores. La decisión quedó formalizada en una respuesta parlamentaria del 1 de octubre y establece que Londres tendrá la última instancia de aprobación sobre los nuevos permisos.

La aclaración fue realizada por Stewart Wood, subsecretario parlamentario de Estado, en respuesta a una consulta del conservador Colin Moynihan ante la Cámara de los Lores, la Cámara Alta del Parlamento británico.

El funcionario explicó que la administración de las islas mantiene sus competencias en materia regulatoria y ambiental sobre los proyectos hidrocarburíferos. Sin embargo, precisó que las nuevas licencias también requieren el consentimiento del secretario de Estado británico.

Una posición similar había sido comunicada semanas antes ante la Cámara de los Comunes. Según la respuesta oficial, el funcionario deberá evaluar cada autorización de acuerdo con la legislación vigente en el archipiélago.

Al mismo tiempo, Londres aclaró que el régimen de concesiones de petróleo y gas que se aplica en el Reino Unido no tiene vigencia directa en las Malvinas.

La intervención del Gobierno británico se produce en medio de la disputa de soberanía con la Argentina y de las diferencias sobre la explotación de los recursos naturales del archipiélago. Actualmente, el cargo de secretario de Estado de Asuntos Exteriores está ocupado por Ed Miliband, quien asumió en julio de 2026.

En su respuesta parlamentaria, Wood también ratificó la posición histórica británica sobre los recursos naturales de las islas. Londres sostiene que los habitantes del archipiélago tienen derecho a desarrollar esos recursos en virtud del principio de autodeterminación, un argumento que la Argentina rechaza en el marco de su reclamo de soberanía.

La comunicación oficial no hizo referencia a permisos particulares ni precisó si el secretario de Estado intervino en las autorizaciones ya otorgadas al proyecto Sea Lion.

Además, señaló que la administración de las islas siguió sus procedimientos internos, incluido el correspondiente análisis de impacto ambiental.

La respuesta argentina contra el proyecto Sea Lion

La confirmación británica se conoció mientras el Gobierno argentino profundiza las medidas contra las empresas involucradas en el desarrollo petrolero en las aguas próximas a las Islas Malvinas.

El 3 de septiembre, el Ejecutivo anunció nuevas acciones frente al avance del proyecto Sea Lion. Posteriormente, informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.

En paralelo, el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, dictó una medida cautelar para que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar determinadas actividades relacionadas con el emprendimiento.

La medida se enmarca en una acción preventiva por un eventual daño ambiental y a la soberanía argentina, mientras se tramita la causa judicial.

Además, el Ejecutivo reglamentó el régimen de sanciones establecido por la Ley 26.659, que contempla medidas contra las empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en áreas que el país considera parte de su plataforma continental.

Sea Lion proyecta iniciar la producción en 2028

El proyecto Sea Lion es uno de los principales emprendimientos petroleros en desarrollo en las proximidades de las Malvinas. Está controlado en un 65% por Navitas Petroleum, que también se desempeña como operadora, mientras que Rockhopper Exploration posee el 35% restante.

Las compañías ya adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo y proyectan obtener el primer petróleo en marzo de 2028.

El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago y opera bajo licencias otorgadas con anterioridad.

Esta condición marca una diferencia respecto de las futuras autorizaciones mencionadas en la respuesta del Gobierno británico. La nueva definición establece un requisito adicional para las próximas licencias, pero no permite determinar qué intervención tuvo el secretario de Estado de Asuntos Exteriores en los permisos que ya fueron concedidos para Sea Lion.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.