La Justicia resolvió que la causa por la compra de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, donde fueron encontrados 54 vehículos de alta gama, regrese a Campana y sea investigada por el juez federal Adrián González Charvay. El inmueble quedó vinculado a una investigación sobre un presunto esquema de lavado de activos alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La definición de la Cámara Federal de Casación Penal modifica el escenario en el que venía tramitándose el expediente. Hasta ahora, la investigación permanecía en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, después de atravesar distintos tribunales y de quedar en el centro de una disputa de competencia.

El conflicto judicial tuvo como eje determinar qué juzgado debía continuar con la investigación. El expediente había pasado por el juzgado federal de Daniel Rafecas, luego había generado una contienda con la Justicia de Campana y, finalmente, había quedado radicado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires, tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.

Ahora, la resolución establece que sea González Charvay quien continúe con la investigación.

Un juez conocido por la AFA

La decisión adquiere particular relevancia porque González Charvay ya había intervenido en otros expedientes vinculados con la AFA. Además, anteriormente había planteado conflictos de competencia con juzgados porteños con el objetivo de concentrar bajo su órbita investigaciones relacionadas con la entidad.

La disputa por la mansión de Pilar se había profundizado durante los últimos días a partir del reclamo presentado por la defensa de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de Real Central SRL, sociedad que figura como propietaria del inmueble.

La defensa había solicitado que el expediente fuera trasladado a Campana. Entre sus principales argumentos, había planteado que la competencia territorial debía quedar determinada por el lugar donde está ubicada la propiedad y había cuestionado que la investigación permaneciera en la Ciudad de Buenos Aires.

La fiscalía, sin embargo, había rechazado ese planteo.

La postura de la fiscalía

El fiscal Mario Villar había solicitado a la Cámara que no hiciera lugar al recurso de casación presentado por la defensa y que confirmara la permanencia del expediente en el fuero Penal Económico porteño.

Villar había sostenido que la investigación no se limitaba exclusivamente a la compra del inmueble de Pilar. Según su planteo, desde el comienzo el expediente apuntaba a una presunta maniobra de lavado de activos de mayor escala. En ese marco, había señalado que Real Central SRL tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que su antecesora, Central Park Drinks SRL. También había indicado que la escritura de compraventa de la propiedad había sido firmada en un domicilio porteño.

El fiscal había mencionado, además, distintos puntos de la Ciudad que estarían vinculados, según la hipótesis investigada, con el circuito de fondos bajo análisis. Entre ellos se encontraban:

• Financieras de la avenida Corrientes.
• Un estudio jurídico de la calle Lavalle vinculado a Juan Pablo Beacon.
• La facturación de Recomi SA.
• Un domicilio de Montevideo y Quintana señalado como el lugar donde se habría entregado efectivo.

Estos elementos habían sido utilizados por Villar para sostener que la investigación excedía la ubicación física del inmueble de Pilar y que existían actuaciones y presuntas operaciones relacionadas con la Ciudad de Buenos Aires.

El planteo por "forum shopping"

Otro de los puntos de discusión dentro del conflicto de competencia estuvo relacionado con el concepto de "forum shopping".

La defensa había cuestionado que los denunciantes —Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe— hubieran elegido deliberadamente un fuero que consideraban favorable. De esa manera, buscaba poner en discusión la decisión de mantener el expediente en el ámbito porteño.

Villar había rechazado ese argumento y había considerado que el concepto de "forum shopping" no resultaba aplicable al proceso penal argentino.

La discusión terminó formando parte de una disputa más amplia acerca de cuál debía ser el ámbito judicial encargado de investigar una causa que, además de la compra del inmueble, tiene entre sus elementos centrales una hipótesis relacionada con movimientos financieros y presunto lavado de activos.

El entorno de la AFA

El expediente se inscribe dentro de una investigación más amplia que tiene entre sus protagonistas al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino. En otros expedientes se investigan presuntas irregularidades vinculadas con la entidad. Entre ellas aparecen una posible defraudación y movimientos financieros que fueron relacionados con una hipótesis de lavado de activos.

En ese contexto, la resolución de la Cámara de Casación sobre la mansión de Pilar define no solamente el tribunal que tendrá a su cargo este expediente, sino también el ámbito desde el cual continuará desarrollándose una investigación que se encuentra conectada con otras actuaciones relacionadas con la AFA.

La decisión judicial establece, finalmente, que el expediente vuelva a Campana y quede bajo la responsabilidad de González Charvay, luego de la disputa que atravesó distintos tribunales y que había llevado la causa al fuero Penal Económico porteño.

El antecedente entre González Charvay y Amarante

La discusión por la competencia territorial no es nueva en las investigaciones relacionadas con la AFA. También había enfrentado al juez Adrián González Charvay con el juez nacional en lo Penal Económico Diego Amarante.

En una resolución anterior, Amarante había rechazado el pedido del magistrado de Campana para remitirle otra causa vinculada con la AFA. En aquel pronunciamiento, había sostenido que el cambio del domicilio social de la asociación desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar no era suficiente para determinar la competencia territorial.

Amarante había afirmado que los actos investigados en ese expediente habrían ocurrido en la Ciudad y había cuestionado que el domicilio formal de la AFA pudiera imponerse sobre el lugar donde, según su interpretación, se habrían desarrollado las conductas bajo análisis.

En ese sentido, había sostenido: "Pretender fundar la competencia en la provincia de Buenos Aires, basándose en un domicilio social en el Partido de Pilar, importa priorizar una mera formalidad y ficción jurídica por sobre el lugar real de comisión de las conductas".

La definición conocida ahora vuelve a colocar a González Charvay al frente de una investigación vinculada con la AFA y resuelve, en este expediente específico, la disputa sobre el tribunal que deberá continuar con las actuaciones.

El caso de la mansión de Pilar queda así nuevamente bajo la órbita de la Justicia Federal de Campana, con González Charvay como juez a cargo, mientras la investigación mantiene como eje la compra del inmueble, los 54 vehículos de alta gama encontrados en el predio y la presunta maniobra de lavado de activos que, de acuerdo con la hipótesis investigada, se extiende más allá de la propiedad y alcanza al entorno de la AFA.